María Amarilla tenía once años cuando debió enfrentar abusos sexuales de un integrante de su familia. «Me callé por muchos años justamente porque no sabía que eso estaba mal o a quién acudir», dijo a openDemocracy.

El abuso «se prolongó por un tiempo, y en un retiro espiritual que organizó mi colegio traté de hablar con alguien, pero lo que escuchaba era que todo lo que hacíamos las chicas era pecado, cómo nos vestíamos, cómo hablábamos. Así que me callé».

Amarilla –que ahora es la portavoz de la Unión Nacional de Estudiantes de Paraguay– denunció el abuso a los 15 años, «pero los daños psicológicos y los traumas seguían ahí. No recibís apoyo de las instituciones ni de nadie».

El perpetrador fue encarcelado, pero luego liberado por razones de salud. Amarilla dice que trata de no pensar que está libre y viviendo no lejos de su casa.

Paraguay, un país sin salida al mar y eclipsado por vecinos gigantes como el Brasil de Jair Bolsonaro, puede parecer un campo de batalla insólito en la guerra mundial contra la igualdad de género que libran poderosos activistas de EEUU con conexiones políticas.

Pero este país tiene la mayor tasa de embarazo adolescente del Cono Sur sudamericano, y la violencia sexual, violaciones incluidas, es generalizada. Casi cada día, dos niñas de entre diez y catorce años dan a luz, según cifras oficiales. En 2019, se registraron más de siete denuncias diarias de abuso sexual contra niñas y niños.

Pese a la necesidad urgente de educación sexual, esta no se imparte en las escuelas, reclaman defensores de derechos humanos. Y en 2017, Paraguay se convirtió en el primer país del mundo en prohibir los temas de género en educación primaria y secundaria. Para activistas de derechos sexuales y reproductivos, es un ejemplo extremo de cómo los sectores ultraconservadores con poder están cada vez más activos y conectados a través de las fronteras.

Los conservadores paraguayos que hicieron campaña por esta prohibición contaron con ayuda de un «ejército legal» de la derecha cristiana estadounidense llamado Alliance Defending Freedom, que les proporcionó argumentos legales para apoyar su reclamo de prohibir el «género» en los salones de clase. Con sede en Arizona, este grupo gasta millones de dólares en todo el mundo y se especializa en combatir los derechos sexuales y reproductivos en los tribunales.

La abogada feminista Elba Núñez, del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), dijo a openDemocracy que, desde 2017, «todo lo que tiene que ver con género está prohibido y satanizado».

A Núñez le tocó argumentar en contra de la prohibición en una audiencia en el Congreso de Paraguay, en medio de gritos y abucheos de activistas religiosos. Debido a esta censura, dijo, «tenemos que maquillar los contenidos de capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva, renombrar la expresión «género», porque de lo contrario te prohíben la formación en el sistema educativo».

Además, Núñez describió «una caza de brujas, incluso a los mecanismos institucionales que llevaban la palabra género en su nombre, como la Secretaría de Género de la Suprema Corte de Justicia, la Comisión de Equidad de Género del Congreso, el propio Ministerio de la Mujer».

Algunos activistas religiosos «nos persiguieron a nosotras y a nuestras familias», relató. «Actúan como terroristas; rayan tu auto, te sacan fotos, buscan amedrentarte».

Apenas en un puñado de otros países se han visto campañas y medidas similares. En 2018, Hungría prohibió las maestrías en estudios de género y les retiró la acreditación y el financiamiento.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, prometió «prohibir la propagación de la ideología LGBT en instituciones públicas» en su campaña para la reelección en 2020, y su gobierno asegura que eliminará los estudios LGBT de las clasificaciones oficiales de publicaciones académicas.

En Rumania, se aprobó en 2020 un proyecto para prohibir la mención de la «identidad de género» en las escuelas, pero la corte constitucional lo derribó.

También en Brasil se ha intentado introducir prohibiciones similares, pero la corte suprema determinó su inconstitucionalidad.

«Un laboratorio de ideas antiderechos»

Defensoras paraguayas de derechos humanos no se sorprenden por el liderazgo de su país en la agenda ultraconservadora. «Paraguay es un laboratorio de ideas antiderechos», dijo una de estas activistas que estudia a estos grupos y pidió anonimato.

«Fue el primer país en ejecutar un “golpe de Estado parlamentario» en 2012, contra el entonces presidente Fernando Lugo”, indicó, así como «en prohibir la educación en género y en adoptar el registro de los no nacidos».

La resolución ministerial emitida en octubre de 2017 dispuso «prohibir la difusión o utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias». El ministro que firmó el decreto, Enrique Riera, prometió, en la turbulenta audiencia parlamentaria en la que habló Núñez, que «quemaría los libros en la plaza pública si contuvieran ideología de género».

La prohibición se materializó luego de campañas contra guías y materiales de entrenamiento para docentes sobre educación sexual basada en derechos, como la equidad de género y la no discriminación. Esos materiales habían sido desarrollados por grupos de la sociedad civil con apoyo de la Unión Europea y agencias de la ONU.

Por entonces, Paraguay debía responder a un comité de la ONU por qué no había adoptado políticas contra la discriminación y la violencia de género, tal como le impone la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El comité cuestionó la «completa ausencia del término “género”» en la ley de 2016 para prevenir la violencia contra la mujer. También preguntó por qué el «género» se prohibió en las escuelas y por qué no se había implementado la educación sexual integral, pese a las altas tasas de violencia sexual y embarazo infantil.

El comité de la ONU concluyó que Paraguay estaba «enfrentando un ataque a los derechos de las mujeres en la legislación y en la vida política y cotidiana».

La entonces ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, admitió ante ese comité su «preocupación sobre el impacto potencial» del decreto de género. Pero dijo que el ministro de Educación Riera la había tranquilizado, asegurando que se trataba solo de una «medida temporal» hasta que todos los materiales educativos fueran revisados por un grupo con diferentes actores.

Ese grupo no se instaló, la revisión nunca tuvo lugar y la prohibición del género en las escuelas sigue en pie, pese a que un nuevo gobierno asumió en 2019. El actual ministro de Educación, Eduardo Petta, no respondió varios pedidos de entrevista de openDemocracy.

La prohibición de 2017 congeló en los hechos cualquier intento de adoptar la educación sexual integral, según activistas. En 2019, las autoridades prohibieron unas guías para docentes sobre educación sexual, elaboradas por el respetado grupo de derechos humanos Serpaj, alegando que los contenidos eran «libertinos».

Un plan gubernamental lanzado en noviembre de 2020 para enfrentar violaciones a derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes (desde malnutrición hasta violencia sexual) fue rechazado tras otra exitosa campaña de los mismos grupos que promovieron la prohibición del género en la educación, alegando que estaba excesivamente basado en la «ideología de género».

Ayuda desde EEUU

La prohibición de 2017 marcó el clímax de una campaña contra la «ideología de género» en los materiales educativos encabezada por la Iglesia Católica y la coalición paraguaya «Somos Muchos Muchos Más», coordinada por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, que es también miembro del grupo estadounidense cristiano conservador Capitol Ministries.

Después de que organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional se pronunciaron contra la prohibición, intervino un grupo de abogados cristianos de EEUU, Alliance Defending Freedom (ADF), enviando a los conservadores paraguayos un memo, al que openDemocracy tuvo acceso, en el que aportaba argumentos legales para defender las medidas antigénero.

El memo (que parece haber sido escrito apresuradamente en español, pues tiene varios errores gramaticales y de puntuación) asegura que la CEDAW y otros tratados similares «no son vinculantes para ningún país» y que Paraguay puede incumplirlos.

Firmado por la abogada de ADF para América Latina, Neydy Casillas, el memo indica que fue escrito en respuesta a pedidos de apoyo de los activistas paraguayos.

ADF es una de las 20 organizaciones de la derecha cristiana estadounidense que gastaron al menos 44 millones de dólares en América Latina en el período 2007-2018, más otros 20 millones en México y Canadá, según reveló en octubre una investigación de openDemocracy.

No es una de las grandes financiadoras en América Latina –solo declaró gastos por un millón de dólares en la región– pero es uno de los grupos más visibles en los debates políticos y legales, incluso contra el sistema interamericano de derechos humanos.

Su memo de 2017 a sus aliados paraguayos afirma que la convención CEDAW «nunca hace mención de género», que es una «errada visión de la persona que ha sido tomada por instituciones internacionales… [que] niegan la naturaleza biológica de las personas».

También alega que ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU ni el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo de 2013 obligan a los gobiernos a «imponer» esta «visión concreta en las currículas educativas». Paraguay, asegura, no tiene «ninguna obligación jurídica» de enseñar «igualdad de género» a los estudiantes.

Leyes «copiadas y pegadas»

El memo firmado en 2017 por Casillas, la abogada de ADF, no fue su primera interacción con los conservadores paraguayos. Ella visitó el país varias veces antes y después de escribir ese memo.

En septiembre de 2016, participó en un ciclo de conferencias sobre la «persona por nacer» en la Suprema Corte de Justicia de Paraguay y se reunió con la entonces legisladora Olga Ferreira días antes de que esta presentara en el Congreso un proyecto de ley para crear un registro civil de «niños no nacidos».

Tales registros se han convertido en piedra de toque para los grupos ultraconservadores que se oponen al aborto en cualquier circunstancia. Paraguay fue el segundo país del mundo, después de Austria, y el primero de América Latina en adoptar un registro civil como este.

Luego, en 2019 Chile aprobó una ley similar y proyectos parecidos fueron presentados en Panamá y en varias provincias de Argentina.

Estas iniciativas de «copiar y pegar» llegaron a ser vergonzosas cuando una legisladora provincial argentina se olvidó de retirar del texto de su propio proyecto las referencias a nombres y números de leyes paraguayas.

Casillas volvió a Paraguay en 2018 y habló en el Congreso sobre «la familia en peligro» y la «protección de la soberanía paraguaya», pese a trabajar para un grupo estadounidense que lucha para limitar los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo.

Ni ADF ni el pastor Ortigoza, de Somos Muchos Muchos Más, contestaron los pedidos de comentarios de openDemocracy.

¿Dónde está bajo ataque la educación sexual? 

África

StopCSE.org (Alto a la educación sexual integral, ESI), es proyecto del grupo conservador estadounidense Family Watch International que interpuso peticiones en trece países, asociado con organizaciones locales como Family Policy Institute de Sudáfrica, que previamente había combatido el matrimonio homosexual.

Sus cartas enviadas a los gobiernos alegan que la ESI es incompatible con las «normas sexuales y de género» y que «promueve la dañina ideología de género» – y exhortan a las autoridades a rechazar la educación sobre consentimiento, orientación sexual y teorías de género «anticientíficas».

Estas peticiones se presentaron en EEUU y México y en once países africanos: Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Namibia, Nigeria, Ruanda, Tanzania, Sudáfrica, Uganda y Zambia.

Esto se suma a ofensivas de organizaciones locales como la National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values de Ghana, que califica la ESI como «intento satánico de propagar la conformidad LGBTIQ en África».

Brasil

El movimiento Escola sem Partidos ha dado como resultado 150 proyectos contra la inclusión de la «ideología de género» y la «orientación sexual» en la currícula escolar. Seis proyectos de ley presentados al Congreso desde 2015 penalizan la presunta «propagación» de la «ideología de género» en la educación.

También hay reclamos de que se corten los fondos a disciplinas «izquierdistas», como los estudios de género. Bolsonaro presentó recientemente un proyecto para revisar la currícula educativa nacional, con modificaciones que prohibirían la educación sexual y harían optativas las clases de ciencias sociales.

Canadá

En 2018, el jefe de gobierno del estado de Ontario, Doug Ford, canceló un programa de ESI que abarcaba sexualidad, identidad de género y consentimiento y que despertó rechazos de grupos conservadores, como la Campaign for Life Coalition, alegando que podía causar una «grave confusión sexual en las mentes infantiles».

México

El año pasado, legisladores de cinco estados mexicanos presentaron proyectos para permitir que los padres retiren a sus hijos de clases en las que se hable de identidad de género, sexo y anticoncepción. Un total de 13 estados mexicanos están discutiendo reformas similares, conocidas como «PIN parental».

Eslovaquia

En 2013, la Conferencia Eslovaca de Obispos envió una carta a cada iglesia del país denunciando la propagación de la «ideología sodomista» en la currícula escolar. Al año siguiente, una petición respaldada con 400.000 firmas reclamó un referéndum sobre asuntos como la educación sexual obligatoria.

España

El partido de extrema derecha Vox implementó su política de «PIN parental» en la región de Murcia, e intenta aplicarla en otras regiones. La reforma autoriza a los padres a sacar a sus hijos de clases que no coincidan con sus «principios religiosos y morales», como educación sobre orientación sexual e identidad de género. El gobierno federal sostuvo que se trata de una medida inconstitucional y pidió su suspensión al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Uruguay

El año pasado, el diputado Rodrigo Goñi desarchivó un proyecto de 2019 que exigiría consentimiento paterno para las clases de educación sexual y permitiría a los padres negociar el contenido curricular de tales clases.