Los invasores VIP del Paraguay

3.336 familias cercanas a la dictadura estronista se apropiaron de casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Ahora podés conocer quiénes son con el Buscador de Invasores VIP.

La galería de invasores VIP

Políticos, militares, empresarios, abogados y hasta instituciones religiosas fueron algunos de los beneficiados de la repartija ilegal de tierras en dictadura y democracia

Por qué hablamos de tierras malhabidas

Con información buscamos contribuir a la construcción de memoria para que quienes robaron no queden impunes

Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 Fondo 4 Fondo 5 Fondo 6 Fondo 7
Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 Fondo 4 Fondo 5 Fondo 6 Fondo 7

A cambio de un avión de 3 millones de guaraníes, la dictadura de Alfredo Stroessner cedió tierras de la reforma agraria a la empresa Perfecta Automotores S.A. de los Bendlin en 1971. Los hoy parientes políticos del ex presidente Horacio Cartes no eran –ni son– campesinos sin tierra. Las 4.499 hectáreas que obtuvieron de forma ilegal en Alto Paraná son parte de las tierras malhabidas que la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) denunció en su informe publicado en 2008.

Tierras malhabidas es el nombre que se usa para hablar de las tierras destinadas a la reforma agraria que el Indert –anteriormente IBR– otorgó de forma ilegal a amigos de la dictadura estronista y gobiernos posteriores. Los sujetos de la reforma agraria son, en esencia, las familias campesinas, verdaderas destinatarias de estas tierras. La expresión «tierras malhabidas» designa también los espacios públicos usurpados por estos beneficiarios ilegales en la ciudad.

La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) documentó la adjudicación fraudulenta de casi 8 millones de hectáreas desde 1954 hasta 2003, la mayor parte durante la dictadura estronista. El robo que registraron equivale a una quinta parte de la superficie del país. Un poco más que el tamaño de Panamá.

La CVJ fue creada por ley en octubre de 2003 para investigar las violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes estatales o paraestatales desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) hasta la promulgación de la ley. Fue resultado de una larga lucha de asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

El reparto ilegal de tierras rurales a amigos del poder privó a miles de familias campesinas del derecho a la tierra, y en consecuencia, de los derechos a la alimentación y vivienda.

La concentración actual del 90% de las tierras en poder del 5% de propietarios ubica a Paraguay como el país con mayor desigualdad de tierras en el mundo.

Una estructura favorable al modelo económico agroexportador, vinculado a la sobreexplotación de los recursos naturales que amenaza, por ejemplo, con terminar los bosques del Chaco en apenas 24 años. Un modelo insostenible para el país más vulnerable a la crisis climática en la región.

La comisión concluyó que las irregularidades detectadas tornan nulas estas adjudicaciones de tierras. En 2008 elevó su informe a los poderes del Estado para que, a través del Ministerio Público y la Procuraduría General, se inicie una investigación. Y que de confirmarse las irregularidades denunciadas, el Estado paraguayo recupere esas tierras.

A noviembre de 2021 no hay avances en la investigación ni en la recuperación de las tierras malhabidas.

Desde El Surtidor partimos del trabajo que empezó la Comisión de Verdad y Justicia para verificar, identificar y dar a conocer quiénes fueron beneficiados con el despojo de tierras destinadas a la reforma agraria.

En esta base de datos se encuentran 4.241 adjudicaciones ilegales –a 3.336 personas, empresas y hasta instituciones religiosas– que reportó la CVJ en el tomo IV de su Informe con los nombres de los beneficiarios, el tamaño de tierras malhabidas que recibieron, dónde y cuándo.

El conflicto por la tierra

Reportajes para entender el mayor problema social, económico y político del Paraguay

Demandas judiciales y expropiaciones son los mecanismos disponibles para recuperar las tierras malhabidas. Pero para familias campesinas, la vía institucional nunca dio resultado: ocupar la tierra ha sido el único recurso cuando el Estado ignora.

¿Tenés información sobre tierras malhabidas?

Glosario

Conceptos y términos para entender mejor sobre las tierras malhabidas.

Son tierras rurales entregadas de forma ilegal por organismos del Estado a individuos no sujetos de la reforma agraria, que en esencia estaban destinadas a familias campesinas. La expresión también se usa para designar a espacios públicos usurpados en la ciudad.

La CVJ fue creada por ley 2225/03 con el fin investigar las violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes estatales o paraestatales durante la dictadura stronista y parte de la transición a la democracia (1954 a 2003). Su otra función era recomendar al Estado la adopción de medidas para evitar que esos hechos se repitan, expresada en su lema Anive haguã oiko, Para que no vuelva a suceder. Creada durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, la comisión entregó su informe final de ocho tomos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en 2008, en período de gobierno de Fernando Lugo.

Descargar el Informe Final de la CVJ

El tomo IV sobre tierras malhabidas examina las adjudicaciones de tierras rurales y los títulos de propiedad respectivos otorgados por los organismos responsables de la reforma agraria, desde 1954 a 2003. La investigación concluyó que 7.851.295 hectáreas fueron adjudicadas con graves irregularidades a la legislación agraria e identificó a los 3.336 adjudicatarios ilegales de esas tierras.

La reforma agraria es un proceso de modificación de la estructura agraria, que implica cambiar el régimen de propiedad de la tierra y su explotación. Durante la dictadura, la política agraria favoreció la mayor concentración de la tierra antes que la redistribución con la repartija ilegal a amigos del poder. En democracia, la Constitución de 1992  establece que la reforma agraria es un factor para «lograr el bienestar rural», que consiste en incorporar a la población campesina al desarrollo económico y social, para lo cual «se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra», entre otros. Pero este marco legal tampoco introdujo cambios sustanciales en la estructura de propiedad de la tierra. Por ello, organizaciones campesinas siguen reclamando una reforma agraria.

La Comisión de Verdad y Justicia investigó las adjudicaciones de tierras rurales de 1954 a 2003. Durante este periodo, el instrumento jurídico que rigió esas adjudicaciones fue el Estatuto Agrario.

De 1954 a 1963: Estatuto Agrario de 1940, dictado por decreto durante el gobierno del Mariscal José Félix Estigarribia. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) era el organismo de aplicación.

De 1963 a 2002: Estatuto Agrario de 1963, establecido por la ley 854 durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El Instituto de Bienestar Rural (IBR) reemplazó al IRA como organismo de aplicación.

De 2002 a 2003: Estatuto Agrario de 2002, establecido por la ley 1.863 vigente hasta hoy. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sustituyó al IBR como organismo de aplicación.

La CVJ clasificó en seis categorías las adjudicaciones ilegales en el periodo 1954-2003 que fueron realizadas en violación a disposiciones de los Estatutos Agrarios de 1940, 1963 y 2002. Ellas son:

Adjudicación a personas no beneficiarias de la reforma agraria

Ley transgredida: Estatuto Agrario de 1963 y 2002 (Leyes 854/63 y 1.863/02)
Cantidad de adjudicatarios: 1.080
Hectáreas adjudicadas: 4.978.198
Promedio de hectárea por adjudicatario: 4.609

Las personas adjudicadas con estas tierras rurales no se dedicaban de forma habitual ni directa a la agricultura y ganadería. Tampoco consta que hayan manifestado su propósito de dedicarse a esas actividades ni que lo hayan hecho posteriormente en esas tierras. Los militares estaban impedidos de ser beneficiarios de la reforma agraria.

Adjudicación de más de un lote geográficamente disperso a un mismo beneficiario

Ley transgredida: Estatuto Agrario de 1963 y 2002 (Leyes 854/63 y 1.863/02)
Cantidad de adjudicatarios: 257
Hectáreas adjudicadas: 682.034
Promedio de hectáreas por adjudicatario: 2.653

Un mismo beneficiario estaba impedido de recibir más de un lote en colonias ganaderas y quintas. Tampoco podía ser adjudicado con lotes agrícolas o ganaderos dispersos geográficamente para completar la superficie máxima autorizada.


Adjudicaciones mayores a lo establecido para tierra agrícola-granjera en la región Oriental

Ley transgredida: Estatuto Agrario de 1963 y 2002 (Leyes 854/63 y 1.863/02)
Cantidad de adjudicatarios: 1.730
Hectáreas adjudicadas: 782.145
Promedio de hectáreas por adjudicatario: 452 hectáreas

La superficie máxima legal autorizada era de 100 hectáreas para colonias agrícolas granjeras y agrícolas forestales en la región Oriental. Ningún beneficiario podía adquirir por sí, ni a través de un tercero, una superficie mayor a la autorizada por ley.

Adjudicación mayor a lo establecido para lote ganadero en la región Oriental

Ley transgredida: Estatuto Agrario de 1963 (Ley 854/63)
Cantidad de adjudicatarios: 83
Hectáreas adjudicadas: 299.242
Promedio de hectáreas por cada adjudicatario: 3.605

La superficie máxima para lotes de colonias ganaderas en la región Oriental era de 1.500 hectáreas. Ningún beneficiario por sí, ni a través de un tercero, podía adquirir una superficie mayor a esa. Si una persona no beneficiaria de la ley agraria quería comprar del IBR más de 1.500 ha, el Ejecutivo debía autorizar vía decreto esa venta.

Adjudicación mayor a lo establecido para lote ganadero en la región Occidental (Chaco)

Ley transgredida: Estatuto Agrario de 1963 (Ley 854/63)
Cantidad de adjudicatarios: 87
Hectáreas adjudicadas: 992.209
Promedio de hectáreas por adjudicatario: 11.404

La superficie máxima para lotes de colonias ganaderas en la región Occidental, Chaco, era de 8.000 hectáreas. Un beneficiario no podía adquirir más que eso, ni a través de un tercero. Si el IBR pretendía vender una superficie mayor a estos lotes ganaderos a no beneficiarios de la ley agraria, el Ejecutivo debía autorizar la venta a través de un decreto.


Adjudicación mayor a lo establecido para lote agrícola en la región Oriental

Ley transgredida: Estatuto Agrario de 1940
Cantidad de adjudicatarios: 99
Hectáreas adjudicadas: 109.566
Promedio de hectáreas por adjudicatario: 1.106 hectáreas

El Estatuto Agrario vigente prohibía la adjudicación a una sola persona de fracciones de tierras en extensión superior a 200 hectáreas, el máximo legal autorizado. También disponía que las colonias ganaderas estén ubicadas en el Chaco y que los lotes sean cedidos en arrendamiento. De esta manera, el Estado conservaba su dominio sobre las tierras.

FAQ

Respondemos tus preguntas sobre este especial

«Los invasores VIP del Paraguay» es una base de datos con un buscador que permite identificar a los 3.336 beneficiarios ilegales de tierras destinadas a la reforma agraria entre 1954 y 2003. Dichas propiedades se conocen como «tierras malhabidas». Sus beneficiarios fueron identificados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) en el Tomo IV de su informe de 2008. La primera etapa de este proyecto de El Surtidor incluye perfiles de casos destacados por la CVJ y otros identificados por el medio.

Este proyecto surge en respuesta a la avanzada de élites reaccionarias contra las personas que sufren, protestan y resisten una de las principales razones de la desigualdad: la concentración de la propiedad de la tierra. El 90% del territorio está en poder del 5% de propietarios. Esto se debe, en gran medida, a la repartija ilegal que propició la dictadura stronista y que convirtió al país en el más desigual del mundo. A pesar de esta realidad, hoy buscan instalar una narrativa negacionista sobre la existencia de las tierras malhabidas y –en consecuencia– poner en duda el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia, que en su informe de 2008 identificó con nombres y apellidos a los invasores de tierras públicas.

Los propietarios ilegales de tierras públicas no corren el riesgo de que una comitiva fiscal-policial les imponga una orden de desalojo, queme sus casas, destruya sus cultivos y mate a sus animales. Mucho menos corren el riesgo de ir presos. Son invasores VIP: familias de las élites que se beneficiaron del mayor fraude con tierras para la reforma agraria que propició la dictadura de Stroessner y a quienes la ley no alcanza. No solo se apropiaron de tierras destinadas a campesinos, sujetos legítimos de la reforma. También ocasionaron un daño patrimonial al Estado paraguayo que hasta hoy no pudo ser cuantificado. 

Tienen el poder económico, que es también político, para asegurarse de que ni siquiera conozcamos el tamaño del perjuicio que causaron al erario público, mientras pontifican contra la corrupción desde sus bancas en el Congreso, medios de comunicación y gremios corporativos. Además, avanzan leyes que recrudecen la criminalización de familias campesinas e indígenas organizadas, que históricamente han recurrido a las ocupaciones para recuperar tierras mal habidas ante la inacción estatal. 

Los invasores VIP tienen el poder para asegurarse impunidad. Prueba de ello es que, a trece años de la denuncia de la CVJ, las instituciones del Estado no avanzaron en la recuperación de las tierras malhabidas. Pero esperar que algo cambie solo desde la frágil institucionalidad es inocente. Así como la creación de la Comisión de Verdad y Justicia fue resultado de una larga lucha de la sociedad civil organizada, el impulso por alcanzar algún grado de justicia solo puede venir desde ahí. Este proyecto busca contribuir con información certera para avanzar en esa recuperación.

En este especial tenés una base de datos de las tierras malhabidas documentadas por la Comisión de Verdad y Justicia. También un buscador y filtros para facilitar tus búsquedas. La base de datos contiene el registro de 4.241 lotes adjudicados de forma ilegal a 3.336 beneficiarios, incluyendo seccionales coloradas. Ojo, las seccionales que identificó la comisión están asentadas en tierras rurales, no son las que usurpan espacios públicos en Asunción y otras ciudades (este caso merece otra investigación).

Es posible que al hacer algunas búsquedas la base de datos te arroje resultados imperfectos, como nombres/apellidos escritos de diferentes formas, repetidos, campos incompletos, entre otros. Estas inconsistencias, que ahora podemos encontrar en un segundo gracias a un buscador, reflejan el desorden de la burocracia a la que se enfrentó la comisión hace casi veinte años en su investigación. Desorden que justamente favoreció la corrupción: en Paraguay hay más tierras en papeles que en superficie. 

En el especial también podés conocer en una galería a perfiles destacados de entre los beneficiarios ilegales, donde encontrarás a políticos, militares, empresarios, abogados, incluso instituciones religiosas. La galería está en construcción porque añadimos más casos a medida que vamos identificando quiénes son los 3.336 adjudicatarios mencionados en la base de datos de las tierras malhabidas.

Nuestra principal fuente de información es el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, específicamente el tomo IV sobre tierras malhabidas. Además, recurrimos a fuentes primarias como documentos oficiales del Indert, testimonios de personas que aparecen en el informe de la CVJ y fuentes secundarias como publicaciones en otros medios de comunicación para verificar y rastrear los antecedentes de los beneficiarios identificados. 

Fuente principal: 

Tomo IV Tierras Malhabidas del Informe Final de la CVJ – 2008

Tomo IV – Parte 1

Tomo IV – Parte 2

Tomo IV – Parte 3

Tomo IV – Parte 4

Otras fuentes:

Ley Nº 2225 de 2003 que crea la Comisión de Verdad y Justicia

Neoliberalismo Neosaqueo – Bahía Negra bajo ataque. Es un trabajo realizado por Heñoi e Iniciativa Amotocodie – 2018

Los invasores de tierras del Paraguay, El Surtidor – 2021

Títulos formulados y/o finiquitados de los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. Indert – 2018

Listado de títulos formulados y/o finiquitados – Distrito de Bahía Negra. Indert-2017

Listado de títulos formulados y/o finiquitados – Distrito de Fuerte Olimpo. Indert-2017

Informe Chokokue 1989 – 2013, Codehupy

Cronología del conflicto social. Paraguay 2008, Clacso

Informe especial: La Comunidad Primero de Marzo, BaseIs

Paraguay. Diagnóstico sistemático del país, Banco Mundial

Cambio Climático: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación en el Paraguay, PNUD

Sin dudas. Este proyecto, como todo el trabajo que producimos en El Surtidor, es de acceso y uso libre. Podés utilizar y remezclar la información para el propósito que quieras. También distribuir con fines comerciales, remixando y compartiendo trabajos derivados.

Equipo encargado del especial Invasores VIP

Reportera: Romina Cáceres • Ilustradoras: Lorena Barrios & Naoko Okamoto • Diseñador web: Robin Klaiss • Desarrollador web: Eduardo Ayala • Editora de producto: Sara Campos • Chequeo de datos: Sara Campos & Maximiliano Manzoni • Editora visual: Jazmín Troche • Editor adjunto: Juan Heilborn • Directora editorial: Jazmín Acuña • Director ejecutivo: Alejandro Valdez Sanabria

Este especial se basa en el Tomo IV del Informe Final de Tierras Malhabidas por la Comisión de la Comisión de Verdad y Justicia. Descargá el informe original aquí.