El plan del terror contra las mujeres que luchan por la tierra

Desde 1989, campesinas e indígenas han sido víctimas de un régimen de expulsión de sus tierras con métodos propios del terrorismo de Estado. Denuncian violencia estatal, impunidad judicial y desidia criminal. En este registro periodístico se encuentran treinta y tres casos documentados desde la caída de la dictadura.

Registro en colaboración con la comunidad de El Surti coordinado por Jazmín Acuña & Romina Cáceres • Publicado 03·02·20 • Actualizado 24·11·21

Policías desalojaron a 70 familias mbya guaraní de la comunidad Hugua Po’i de Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. Quemaron sus ranchos y cultivos, un perjuicio a las madres indígenas que además quedaron con los niños al costado de una ruta bajo la lluvia.
📅 Cuándo: 18 de noviembre de 2021
🌎 Dónde: Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú
🗂 Autoridades responsables: Ex intendente Eddy Neufeld Hildebrand, Juzgado de Caaguazú, Policía Nacional
🗂 Perpetradores: Sociedad Civil Tres Palmas
Más de 30 civiles armados desalojaron a familias mbya guaraní de la comunidad Loma Piro’y de Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. Quemaron sus viviendas, actuando con suma violencia contra mujeres, niñas y niños, que incluso sufrieron fracturas por los golpes.
📅 Cuándo: 17 de diciembre de 2020
🌎 Dónde: Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú
🗂 Autoridades responsables: Intendente Eddy Neufeld Hildebrand, Policía Nacional
🗂 Perpetradores: Civiles armados

Relatos del terror

Conocé las historias de violencia estatal contadas por las sobrevivientes.
Adelaida tenía tres años y Adela seis meses cuando fallecieron en 2014. El Estado dijo, tras una discutida autopsia, que fue por una enfermedad respiratoria. Su pueblo piensa diferente. Piensa en agroquímicos.

Glosario de términos

Preparamos esta guía con los conceptos que adoptamos para elaborar este registro periodístico. No están ceñidos a terminología estrictamente legal.

Amenaza con cualquier tipo de armas realizada por agentes estatales o no estatales.

Amenaza verbal o física de abuso sexual por parte de un agente del Estado o de un civil.

Asesinato perpetrado por personas contratadas para concretar el crimen en el marco de una disputa por tierras.

Expulsión de personas, familias y comunidades de sus viviendas y tierras, que ocupan de forma permanente o temporal, sin que las autoridades ofrezcan medidas de protección legal.

Los desalojos forzosos perpetrados por autoridades incluyen, por lo general, la destrucción de cultivos y el robo de animales de granja de las familias. Esto también ocurre cuando los perpetradores son agentes no estatales, como civiles armados. Este tipo de violencia afecta en particular a las mujeres, quienes a menudo son las encargadas de cuidar la alimentación de sus familias.

Los desalojos forzosos, por lo general, incluyen la destrucción de las viviendas de las familias ocupantes de un territorio en conflicto. En algunos casos, esto no se limita a echar por tierra un rancho, sino también la quema, que es aún más humillante para las familias. Esta forma de violencia es perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales.

Privación de libertad sin una justificación legal o porque la persona ejerce sus derechos.

Fumigaciones –ilegales o no– que afectan la salud de las personas expuestas sin protección y que generan conflictos que promueven más violencia hacia quienes oponen resistencia.

Mujeres que participan de protestas o son víctimas de desalojos forzosos son golpeadas, heridas o afectadas físicamente a raíz de la represión de las fuerzas públicas.

Apertura infundada o desmedida de un proceso judicial con el propósito de amedrentar.

Desidia de las autoridades por ineficiencia o complicidad que resulta en más violaciones a derechos humanos, a veces con consecuencias fatales.

Agresión contra la vida o la integridad física de mujeres por parte de agentes no estatales.

Atropello de domicilio de familias campesinas e indígenas por parte de autoridades o civiles armados.

Muerte ocurrida en el contexto de una protesta social castigada con violencia por las fuerzas públicas.

Muerte producida en contexto de fumigaciones a plantaciones del agronegocio, con o sin dictamen oficial sobre la causa del fallecimiento.

Interrupción forzosa del embarazo, provocada por agentes del Estado o a causa de su inacción, en el contexto de una represión o protesta.

Juicio viciado de razones para su nulidad, que no reúne garantías mínimas para la acusada o el acusado.

Toda acción de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas que causen intencionalmente dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental.

Penetración vaginal, anal u oral no consensuada en el cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo u otro objeto.

¿Fuiste víctima o conocés casos de violencia estatal hacia campesinas e indígenas desde 1989 y querés sumarlo al registro? Escribinos y conversamos contigo.

Preguntas frecuentes sobre esta cobertura

Si tenés más preguntas escribí a elsurti@memetic.media

Un registro periodístico en construcción de casos documentados de mujeres campesinas e indígenas que han denunciado alguna forma de violencia estatal en el marco de la lucha por la tierra en Paraguay. El registro abarca todo el periodo democrático desde 1989, año de la caída de la dictadura estronista. No es exhaustivo. A medida que identifiquemos más casos, serán añadidos.

Como antecedente a este trabajo valoramos el Informe Chokokue, un documento de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay que denuncia un plan sistemático de ejecuciones a campesinos del que ya han sido víctimas más de cien desde la caída de la dictadura. Adherimos a su denuncia y sumamos este registro que pone foco en la vivencia de mujeres campesinas e indígenas.

Cada caso del registro contiene los siguientes datos:

  • Los tipos de violencias registrados
  • Descripción de los hechos denunciados
  • Cuándo ocurrió
  • Dónde ocurrió
  • Mujeres víctimas que pudieron ser identificadas
  • Jueces, fiscales, policías u otras autoridades responsables

Decidimos desarrollar este registro enfocado en mujeres campesinas e indígenas porque se encuentran entre las principales víctimas de la violencia estatal en Paraguay. Prestar atención a cómo ellas viven el conflicto por la tierra revela aún más al plan de expulsión al campesinado y las comunidades indígenas de sus territorios para hacer lugar a la producción agro-ganadera.

Si bien no las matan como han asesinado a más de 120 campesinos desde 1989 –hombres que son sus maridos, hermanos, hijos–, el aparato represor del Estado, en complicidad con el agronegocio, despliega toda su crudeza sobre ellas infundiendo terror y despojándoles de lo poco que tienen para subsistir. Enferman a sus hijos e hijas con fumigaciones, queman sus viviendas, pisotean sus alimentos, les humillan, sus golpes interrumpen sus embarazos, violan sus cuerpos y las encierran sin una sola garantía de protección.

La sistematicidad con la que policías, avalados por fiscales, jueces y otras autoridades, realizan estas acciones en desalojos o conflictos de tierra derriba la teoría de que se puedan tratar de errores individuales en los procedimientos. Se requiere de planificación y organización entre distintos órganos del Estado y grupos de poder económico.

Organizar los casos documentados en este sitio es una manera de visualizar cómo se despliega dicho plan a lo largo de todo el país. También es una forma de dar más relevancia a las agresiones que han sufrido campesinas e indígenas a manos de quienes deberían protegerlas. Y por último, es hacer memoria para evitar que estos hechos nunca más se repitan.

Los casos que aparecen en el registro constituyen graves hechos de violencia estatal en un periodo que va desde 1989, año de la caída de la dictadura, hasta el presente en el marco del conflicto por la tierra en Paraguay. Son violaciones a derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad; el derecho a acceder a tribunales independientes e imparciales; el derecho a la libertad de expresión y asociación; el derecho a la alimentación y vivienda, entre otros.

Los tipos de violencia y violaciones a DDHH que se han documentado incluyen tortura, violación sexual, amenazas de violación y asesinatos por civiles armados; detenciones, imputaciones y procesamientos arbitrarios; desalojos forzosos, destrucción de viviendas, cultivos y animales de subsistencia; muertes de familiares vinculadas a agroquímicos y pérdidas de embarazo en contextos de represión, protesta o fumigaciones.

Añadimos como una forma de violencia la inacción estatal, porque ha dado lugar a que se cometan más violaciones a derechos humanos, a veces con consecuencias fatales. También especificamos cuando existe un conflicto por fumigación que en algunos casos se han realizado de forma ilegal, agravando la situación de las mujeres afectadas.

Usamos varias fuentes para sumar los casos al registro: investigaciones propias, testimonios de las víctimas, reportes de las organizaciones campesinas, denuncias oficiales, publicaciones de organizaciones de sociedad civil y medios masivos.

Algunas fuentes secundarias que usamos y recomendamos su lectura:

Sin dudas. Este registro, como todo el trabajo que producimos en El Surtidor, es de acceso y uso libre. Podés utilizar y remezclar la información para el propósito que quieras. También distribuir con fines comerciales, remixando y compartiendo trabajos derivados.

Registro coordinado por Jazmín Acuña & Romina Cáceres con la colaboración de: Carol Thiede, Quintín Riquelme, Fátima Rodríguez, Hugo Valiente, Mirta Moragas, Adriana Lugo, Beli García, Ilse Riveros, Fernanda Bergues, Mery Escauriza, Patricia Lima, Silvana Lezcano Bolla, Silvana Rial, Teresa Cazal • Edición: Juan Heilborn • Diseño: Alejandro Valdez, Juan Heilborn & Jazmín Troche • Ilustración: Lorena Barrios • Desarrollo web: Eduardo Ayala