Los impuestos son la principal fuente del financiamiento público en cualquier Estado. En Paraguay, el 77% de la recaudación proviene de lo que paga cada ciudadano a través de impuestos indirectos como el IVA y solo un 23% proviene de impuestos directos (renta), según datos del Ministerio de Hacienda a 2017. El Gobierno de Mario Abdo Benítez prepara un paquete de leyes para una nueva reforma tributaria, lo que no garantiza que se corregirá la inequidad impositiva. Algunas de las modificaciones discutidas alcanzan al impuesto a la renta personal (IRP), renta agropecuaria (Iragro), renta a actividades (Iracis) y el IVA. Los cambios son estudiados en una Comisión Técnica, creada por Hacienda e integrada por empresarios, que consensúa el proyecto final que el Ejecutivo presentará al Congreso en 2019.

A la espera de este proyecto, en noviembre de 2018 la Cámara de Senadores postergó el tratamiento de impuestos a la soja, al tabaco y bebidas con azúcar y alcohol. Si bien no es posible determinar cómo votarán las bancadas del Senado la futura propuesta de Hacienda -en Diputados los colorados tienen mayoría-, sus posturas sobre impuestos claves pueden esbozar una idea.

El impuesto a la soja, el sector económico más poderoso de Paraguay

Paraguay es el cuarto mayor exportador de soja del mundo y el quinto productor mundial. En 2017, las exportaciones del rubro alcanzaron 1.940 millones de dólares, un 29,5% del total de exportaciones del país, según el informe Con la Soja al Cuello. Pero esto no significa que aporte más: a setiembre de 2018, las agroexportadoras pagaron 14% menos en impuestos que el mismo periodo del año anterior, un 3,8% de la recaudación total. Desde 2014, el monto que les devolvió el Estado en IVA aumentó 9 veces.

El impuesto a la soja es un proyecto bandera del Frente Guasu, la concertación del expresidente Fernando Lugo. El último proyecto de ley que presentó plantea gravar con un impuesto del 10% la exportación de granos de soja en estado natural. Según el senador Carlos Filizzola, el total de impuestos que tributa el sector equivale apenas al 0,3% del producto interno bruto (PIB).

El tratamiento de este proyecto fue postergado el 15 de noviembre de 2018 cuando una mayoría decidió enviarlo de vuelta a la Comisión de Hacienda del Senado. Esto, atendiendo al pedido del Gobierno de posponer los aumentos tributarios hasta marzo de 2019 cuando Hacienda debería presentar una propuesta de reforma tributaria.

Los 29 senadores que votaron por la postergación fueron colorados oficialistas (Añetete) y cartistas (Honor Colorado), liberales llanistas, patriaqueridistas y miembros del Partido Hagamos. En el caso de los oficialistas, el mismo presidente Mario Abdo Benítez había expresado su rechazo al impuesto a la soja. De forma similar, el cartista Sergio Godoy dijo que la postura de la bancada de Honor Colorado era el rechazo absoluto del impuesto porque produciría “desigualdad en el sector”. La bancada de Patria Querida asumió la misma postura, argumentando que el impuesto beneficiará a las grandes industrias en detrimento de los pequeños productores. Los legisladores llanistas y de Hagamos, que por lo general adhieren a las decisiones que toma el cartismo, también sumaron su rechazo al impuesto a la soja.

En el bloque a favor de este impuesto están el Frente Guasu, la multibancada – compuesta por liberales efrainistas y PDP – y el senador Paraguayo Cubas de Cruzada Nacional. Los 14 votos que sumaron en aquella sesión no alcanzaron para destrabar el estudio del proyecto.

Sin embargo, este mismo proyecto había sido aprobado en general el 22 de junio de 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes, con 24 votos a favor frente a 17 en contra, una abstención y tres ausencias. En esa oportunidad, el Frente Guasu sumó votos de cartistas (entonces oficialismo), llanistas y oviedistas (hoy sin bancas). La misma alianza que meses antes había apoyado el proyecto de enmienda para la reelección presidencial. Pero hoy la coyuntura política es otra: el cartismo rechaza el impuesto a la soja y se sumaron nuevos actores como Patria Querida, que también es un partido de empresarios.

Hasta ahora se desconoce si en ese paquete de leyes que prepara Hacienda se prevé alguna modificación respecto a la soja. Sobre el punto, el senador del FG Hugo Richer no descartó volver a presentar el proyecto que grava la exportación de granos en estado natural. “Con este impuesto estimamos una recaudación de unos 400 millones de dólares que serán destinados a obras públicas, reforma agraria, salud y otras áreas”, dijo.

El impuesto al tabaco en Paraguay es el más bajo de la región: hasta 3 veces menos que el promedio de 10 países.

Los vaivenes del impuesto al tabaco

Paraguay aumentó 18% el impuesto selectivo al consumo (ISC) que tributa el tabaco y fijó un tope máximo de 22% en septiembre de 2018. Hacienda  anunció que el incremento se haría de forma gradual hasta alcanzar el límite. Pese a ello, la tasa sigue siendo la más baja de la región: hasta 3 veces menos que el promedio de 10 países.

Parte de lo recaudado va a salud pública. Desde este año, el 25 % del impuesto al tabaco que recibe el Ministerio de Salud se destina a la atención de personas con cáncer (Ley 6.266). Recursos todavía insuficientes, considerando que el ministerio destina unos 100 millones de dólares al año para tratar enfermedades relacionadas al tabaquismo. Y que en 2018, el cáncer de pulmón se convirtió en la primera causa de muerte entre los tipos de cáncer en Paraguay y el segundo más diagnosticado en hombres.

La tasa aprobada del 18% fue iniciativa de la Cámara de Diputados, que modificó un proyecto original de la Cámara Alta marcadamente más ambicioso. El 30 de noviembre de 2017, los senadores habían aprobado una propuesta del FG de aumentar el impuesto al tabaco (que era 16%) hasta un tope que iba del 30% al 40%. También una propuesta del PDP, Añetete y Avanza País de aplicar un arancel de 1.500 guaraníes por cada cajetilla de 20 unidades de cigarrillos. En la misma sesión, aprobaron el proyecto de ley de trazabilidad del tabaco, que permitiría conocer el origen y destino de este producto y sus derivados. Votaron a favor los senadores de Colorado Añetete, Frente Guasu, liberales llanistas y no, además del Partido Democrático Progresista (PDP) y Avanza País (hoy sin banca). Solo los cartistas se opusieron, considerando los negocios del entonces presidente Horacio Cartes, dueño de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), la mayor empresa de cigarrillos del país.

Tras el revés en Diputados, los senadores del FG y la multibancada presentaron un nuevo proyecto de ley para aumentar el impuesto al tabaco, reflotando la tasa original del 30% al 40%. Pero en la sesión del 15 de noviembre de 2018, la misma mayoría que pospuso el tratamiento del impuesto a la soja decidió postergar el estudio del tabaco hasta marzo. Ese mismo día, los senadores mandaron al archivo el proyecto de trazabilidad, liderados por el cartismo con apoyo llanista.

Los legisladores están a la espera del proyecto de Hacienda. Según la senadora Desirée Masi (PDP, multibancada), la propuesta contemplaría algunos de los impuestos planteados como el arancel fijo a las cajetillas de cigarrillos y a las bebidas azucaradas y con alcohol. “Lo que nosotros sabemos, no es oficial, que en principio se remitiría un aumento. No el propuesto por nosotros, pero por lo menos hay un avance de que se tienen que considerar esos impuestos”, dijo.

El impuesto a Coca Cola

Otro proyecto postergado es el que propone incrementar el impuesto selectivo al consumo (ISC) a las bebidas con azúcar y alcohol. La propuesta del PDP plantea aumentar la tasa para bebidas azucaradas del 5% al 10% y para las bebidas con alcohol un incremento del 13% al 26%, según el grado de alcohol.

Los proyectistas habían explicado que la recaudación se destinaría en parte al Ministerio de Salud, Programa Nacional de Control del Cáncer, Programa Nacional de Diabetes, Centro de Adicciones y Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

El consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo vinculado a enfermedades cardiovasculares: representan la primera causa de muerte en Paraguay.

Según datos de Salud, al menos el 10% de la población paraguaya tiene diabetes y 2 de cada 3 adultos presenta sobrepeso. El consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo, por lo que el aumento de la carga impositiva es un mecanismo adoptado en varios países para desalentar el consumo. Ocurre lo mismo con el alcohol, si consideramos que Paraguay está entre los 5 países con mayor consumo anual per cápita. El consumo nocivo está asociado a enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el país, cáncer y accidentes de tránsito.

Como en el caso de los impuestos a la soja y el tabaco, el proyecto debió tratarse en la sesión del 15 de noviembre pasado. Pero su estudio también fue postergado para marzo de 2019 a la espera del proyecto de reforma impositiva del Ejecutivo.