Mantener la sana distancia en penitenciarías con un 80% de sobrepoblación es impracticable. Igual que lavarse las manos con frecuencia cuando el acceso al agua se limita a 14 horas por día o no hay. Y tener un tapabocas se suma a la lista de «derechos» que solo se pueden comprar en el penal.

Todo lo que recomienda el Ministerio de Salud contra la covid-19 resulta un absurdo en prisión.

Ocho de cada diez personas estaba presa sin condena en 2018. Este abuso de prisión preventiva propició el hacinamiento y más tarde, una crisis penitenciaria con irrupción de grupos del crimen organizado. Esto derivó en 2019 en la derogación de la ley 4431/2011, que limitaba a los jueces otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva. Según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la medida tuvo un impacto positivo, aunque todavía insuficiente.

En pandemia, el Ministerio de Justicia informó que hubo un descenso en la población penitenciaria, en parte, por la salida de 1.083 personas de marzo a mayo. El 70% de las salidas se dio por arresto domiciliario, compurgamiento (cumplimiento) de pena y medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Otro factor que contribuyó fue la prohibición de nuevos ingresos en los penales.

A la sobrepoblación se suman la impunidad en casos de tortura por parte de guardias, falta de acceso a la Justicia y corrupción. Adentro, todo se soluciona con plata. Si querés un colchón para no dormir en el piso, tenés que pagar. Si querés ir a la sanidad, tenés que pagar. Si querés un celular, tenés que pagar. Si el guardia te saca el celular, le tenés que pagar. Si no querés ir al calabozo porque te pillaron con el celular, tenés que pagar. Si querés meter droga, tenés que pagar.

Un hombre que lleva más de una década en prisión dice ser consciente de que ahora sus vidas importan menos que nunca.

Por un lado está el miedo a contagiarse en prisión; por el otro, el miedo a que alguien de la familia enferme. Esto le pasa a Javier, a quien le cambiamos el nombre para compartir su testimonio.

Hasta el 15 de junio de 2020, el Ministerio de Justicia no reportó ningún caso de covid-19 en los centros penitenciarios. Una de las medidas que adoptó contra el virus fue la prohibición de visitas a mediados de marzo: si el virus entra, vendrá de afuera. Los internos de Tacumbú protestaron por la reapertura en varias ocasiones, hasta que el ministerio permitió las visitas sociales desde el 31 de mayo. Pero no todos quieren recibir a sus familiares.

La abogada Soledad Villagra, comisionada del Mecanismo de Prevención de la Tortura, explica que la inspección vaginal descrita por Nancy es un trato cruel, inhumano y degradante prohibido en la Constitución y la legislación internacional. También que es un tipo de violencia sexual que atenta contra la dignidad. Advierte que este trato humillante afecta el vínculo entre la persona privada de libertad y la familia porque disminuyen las visitas para evitar el maltrato. Y resulta inefectiva para reducir el ingreso de drogas, dando pie a la extorsión.

Lorenza Vázquez (65) salió en libertad en noviembre de 2019. Dice que en el Buen Pastor conoció «la realidad del país». Desde afuera, sigue en contacto con las compañeras que se quedaron y trata de ayudarlas como lo hacía cuando estaba en prisión. Para ellas no es fácil sobrellevar la pandemia junto a los problemas de siempre, como la dificultad para acceder a la Justicia.

El 45% de las mujeres privadas de libertad ingresa a las cárceles por tráfico de drogas, frente al 16% de hombres presos por el mismo hecho punible. Soledad Villagra dice que muchas veces las mujeres van a prisión por salvar a sus hijos involucrados en microtráfico o por drogodependencia, que es un problema de salud que la cárcel no soluciona.

«Nos hace pensar cómo es la política de persecución penal: siempre contra los más vulnerables»