El Brasiguayo

Una serie ilustrada sobre el cannabis prohibido que inunda Sudamérica

Cómo Brasil convirtió a Paraguay en el mayor productor de cannabis

20 mil paraguayos y paraguayas trabajan para proveer marihuana al país más grande de Sudamérica. ¿Por qué sus gobiernos se niegan a legalizarlo?

La sustancia ilegal más consumida del mundo es el cannabis. Y  la más incautada por los operativos policiales desde Tierra del Fuego hasta el norte del Amazonas es la marihuana paraguaya prensada. Le dicen el paraguasho o el paraguaio, dependiendo de en qué lado de la frontera caiga. Pero en realidad es el brasiguayoSolo el 4 por ciento se queda en Paraguay. No existiría si no fuera por Brasil, que necesita producción para abastecer toda la demanda de sus más de 210 millones de habitantes. 

Brasil consume el 80% de la marihuana ilegal que Paraguay produce. El resto va en su mayoría a Argentina, Uruguay y Chile. ¿Cómo se convirtió este país de poco más de siete millones de habitantes en el mayor productor de cannabis de América del Sur? 

La producción de cannabis en este país es solo comparable a países como México, India o Marruecos. Pero no es una planta nativa. La marihuana llegó desde Brasil y para Brasil a fines de los años 60. Los brasileños buscaron lugares remotos pero conectados a sus grandes ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro para las primeras zonas de cultivo. Las serranías del Amambay y los alrededores de la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero fueron el territorio elegido. 

Desde los 90, la extensión de los monocultivos de soja, la venta masiva de tierras a colonos brasileños y la concentración casi feudal de la posesión de la tierra provocaron el desplazamiento a las ciudades de, al menos, un millón de campesinos y campesinas. Quienes todavía resisten en el campo cultivando alimentos no pueden competir con los precios de aquellos que ingresan de contrabando de Argentina y Brasil. No hay caminos para la comercialización de sus productos. El apoyo agrícola a las familias es insuficiente. Cultivar maíz, mandioca, tomate o cualquier otra cosa no les alcanza ni para empatar.

En las décadas de crisis del modelo productivo campesino llegaron más contrabandistas brasileños a buscar marihuana. Con un poco de coima a la policía, las familias podían asegurar seguir cultivando marihuana y tener dinero para comprar carne. El negocio creció y se convirtió en una de las pocas salidas económicas para miles de personas ya no solo de Amambay, sino también de Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú.

Hoy, aunque no hay un monitoreo de cultivos como en otros países de la región, el Gobierno estima que en Paraguay hay unas 7.000 hectáreas de cultivos ilegales de marihuana. Otras fuentes calculan que podría haber hasta 20.000. En este territorio trabajan al menos 20 mil personas, pocas menos que las que emplea la Policía Nacional, con 26 mil funcionarios. A veces, familias enteras trabajan en cultivos que son propiedad de mafias «brasiguayas» (descendientes de brasileños) o de la mayor banda criminal de América del Sur, el Primer Comando da Capital (PCC).

Muchas de estas familias campesinas lo hacen como último recurso para no migrar. A menos de 100 kilómetros de la frontera con Brasil, Abel Bernal, un campesino paraguayo de 23 años, utiliza las tres hectáreas de su terreno familiar para plantar marihuana. Cada día se levanta al amanecer y trabaja unas ocho horas en su campo.

La fértil tierra colorada le ha dado en tres años cuatro cosechas de unos mil kilos. Y en cada ocasión vendió su producción por alrededor de 3.000 dólares a compradores brasileños. Ellos son los visitantes más habituales de su pueblo de unos 4.000 habitantes, popularizado en la prensa local por las masivas incautaciones de cannabis que la Policía realiza allí cada tanto. Figura en los mapas oficiales como San José del Norte, pero es más conocido como Kamba Rembe.

«Los grandes narcos no existen en Kamba Rembe, esos están en otro lado», explica Abel. Asegura que, en realidad, su comunidad quiere dejar de cultivar marihuana.

En 2015, después de uno de los cotidianos despliegues de la Secretaría Antidrogas y la Policía para quemar y cortar plantaciones, en Kamba Rembe se produjo una protesta insólita: un millar de habitantes, entre familias enteras, ancianos, niños y niñas, salieron a recorrer los caminos polvorientos con pancartas. No pedían la legalización del cannabis, al que llaman «yerba maldita»: pedían volver a cultivar mandioca o tomates en lugar de marihuana. Pero para eso necesitaban servicios públicos mínimos, inversiones del Estado en caminos, créditos agrícolas y el fin de la extorsión policial.

El gobierno de entonces apuró la construcción de 160 nuevas casas y ayudó a canalizar agua y a destroncar tierras. Entregó sistemas de riego y telas para dar sombra a las huertas. También introdujo la producción de gusanos de seda y entregaron más de 40.000 plantines de tomate, pero buena parte de la cosecha se pudrió porque los productores no pudieron transportarla hasta ningún mercado principal.

Hoy, los Poderes Ejecutivo y Legislativo alargan la discusión de una ley que regularice el cultivo del cannabis como ha hecho Uruguay. Una ley que debería ser urgente para el país de América del Sur que abastece a toda la región. Una ley que permita la liberación de miles de familias de las mafias traficantes. Un mercado que podría ingresar hasta 10.000 millones de dólares al año de forma legal. 

Las vidas y los millones que se pierden por prohibir una planta

En Paraguay, el tráfico ilegal de marihuana genera unos 700 millones de dólares por año. No paga impuestos y ha convertido la frontera con Brasil en una de las más letales del mundo.

En todos los países de América del Sur se produce cannabis, pero ninguno lo hace como Paraguay. Su producción supera a la de Colombia y Brasil, y llega a todos los países de la región. Solo en Uruguay, casi el 100 % del cannabis incautado en 2017 procedía de Paraguay y se había introducido por tierra de forma clandestina a través de Argentina y Brasil.

Cultivar, cosechar, acopiar, prensar, esconder y transportar entre 15 mil y 30 mil toneladas anuales lleva mucho trabajo. La cadena de producción involucra al menos a 20 mil cultivadores, además de acopiadores, transportistas voluntarios e involuntarios, hoteleros, casas de cambio, importadoras de vehículos y electrónica, y hasta restaurantes que funcionan para encubrir el transporte del cannabis y el lavado de todo el dinero que se obtiene de forma ilegal.

Según estimaciones a la baja del Gobierno, en el país se cultivan unas 7.000 hectáreas de cannabis cada año, aunque legisladores y especialistas calculan que puede haber el triple. Cada hectárea puede generar al menos unos 1.500 kilos por cosecha. El kilo de marihuana prensada se vende en la plantación a unos 6 dólares. Si solo hubiera 7.000 hectáreas plantadas, quienes acopian y venden al por mayor generan una renta de 63 millones de dólares en cada cosecha. 

Gran parte de ese dinero se queda en el engrasado que la maquinaria de la mafia necesita. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) estima que la corrupción policial e institucional se alza con 49 de esos 63 millones de renta. Gracias al clima subtropical, en Paraguay se pueden obtener hasta tres cosechas de cannabis al año. Así, autoridades corruptas captan  unos 150 millones de dólares anuales para sus bolsillos. Cientos de millones que podrían ser regulados por el Estado.

Por tierra, río y aire se transportan toneladas de marihuana prensada paraguaya.

El cannabis va en camiones de carga de granos, madera, carbón, materiales de construcción. Va en autos, camionetas 4×4, buses. También va en aviones y avionetas de todo tipo. Barcos y balsas pasan el porro brasiguayo por las permeables fronteras sudamericanas, alimentando la economía sumergida, la que no aparece en las estadísticas.

En todo el país brotan nuevos hoteles y barrios VIP de mansiones con vehículos de lujo y vidrios tintados de negro. Con réplicas de catedrales o animales salvajes encerrados en sus jardines. La ostentación es de quienes se benefician de este y de otros mercados ilegales.

Una vez que la placa de un kilo está lista para la “exportación”, cerca de la frontera con Brasil, su precio sube a  unos 43 dólares. Cuando pasa al otro lado, su precio supera los 300 dólares. El lugar donde se vende más caro en la región es Chile. El precio allí alcanza los 1.000 dólares el kilo.

Lo que más se ve de esta economía escondida es la violencia que engendra. Paraguay tiene una de las cinco tasas de homicidios más bajas de la región, pero en la frontera con Brasil tiene una de las más altas del mundo. Casi 70 asesinatos al año por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior. Al nivel de Honduras, el país con la mayor tasa de homicidios del planeta.

Las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho o la paraguaya Clan Rotela aprovechan el silencio y la impunidad para asaltar, atentar y chocar entre sí y con las autoridades. Así disputan el control por la producción de marihuana y sus rutas, que son las mismas que las de la cocaína que viene de Bolivia y Perú.

Todos los días la televisión dedica espacio a operativos policiales o de la Senad. Imágenes de detenciones de sicarios, pequeñas incautaciones o cortes y quemas de plantaciones de cannabis acaparan los horarios centrales de noticias. Con apoyo  de la Policía Federal Brasileña y de agentes del departamento antidroga estadounidense (DEA), 226 agentes especiales paraguayos entrenados para operaciones de élite y alta tensión salen en pantalla cortando con machete miles de plantas. En 2019, al presidente Mario Abdo se lo vio cortando marihuana junto a la ministra de Seguridad argentina de entonces, Patricia Bullrich.

A veces queman las plantaciones para hacerlo más rápido. El trabajo se paga con dinero del contribuyente, a pesar de no ser efectivo. Cada vez que la Senad o la Policía corta una plantación, en algún lugar boscoso de Paraguay surgen otras cuatro. El Gobierno reporta cada año una media de 1.400 hectáreas de cannabis destruidas de las 7.000 que dicen que existen.

La respuesta del Estado al cannabis ha sido la «lucha contra el narco», doctrina impuesta por Estados Unidos desde la década de 1970 y que se limita a la persecución de la producción y la criminalización del consumo de drogas. Mientras tanto, en países vecinos ya buscan otras respuestas, como la regulación en Chile, Argentina y  Uruguay.

La regulación del cannabis con fines recreativos en este último país le quitó al mercado ilegal ganancias por más de 22 millones de dólares. Más del doble del presupuesto anual de la Senad paraguaya.

A paso lento, Paraguay aprobó en diciembre de 2017 la ley 6007 que regula la producción y el consumo del cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos. Casi tres años después, el Gobierno aún no la ha puesto en marcha. La prioridad para el negocio hasta ahora la tienen las grandes farmacéuticas. 

Pero la producción no para. Más de 20 mil agricultores siguen arriesgándose a cultivar cannabis ilegalmente, familias se arriesgan a producir su propio aceite para dar a sus hijos enfermos y un empresario se autoinculpa ante la Fiscalía para producir su propia marihuana a gran escala. 

Jesús habría ido preso en Paraguay por usar cannabis

El uso del cannabis es milenario. Aparece como remedio hasta en la Biblia. Pero el mayor productor de Sudamérica lo mantiene en la ilegalidad.

El boxeador Mike Tyson cuenta que fuma marihuana todos los días y es dueño de una empresa que cultiva cannabis en California. Jennifer López usa una crema con cannabis para evitar las ojeras. Obama fumaba en la universidad para divertirse. Rihanna y Morgan Freeman militan por su legalización, al igual que la cantante Miss Bolivia, el filósofo Darío Sztajnszrajber, el músico Pablo Lescano y la actriz Malena Pichot en Argentina, Jorge Drexler en Uruguay o el exministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil. 

La recetan médicos en Canadá, Estados Unidos y Europa para tratar hasta decenas de enfermedades. En el pasado, la reina Carlota Joaquina, esposa del rey João VI de Portugal, pidió marihuana en su lecho de muerte para reducir los dolores. También la usaban Jesucristo y sus apóstoles. Mezclaban el cannabis en sus ungüentos para hacer «milagros». Pero hoy, en Paraguay, el país con los mayores cultivos de América del Sur, el mismo en el que muchas abuelas guardan un frasquito con alcohol y marihuana para el reuma, las personas que fuman la planta en público son consideradas «drogadictas». Incluso las que la necesitan para sobrevivir.

Es viernes por la noche y bajo los arcos blancos del acueducto de Lapa, en Río de Janeiro, cientos de personas de toda clase y color se mezclan entre caipiriñas y música funk brasileña. Alguien saca del bolsillo un pedacito cuadrado marrón-negruzco que está seco, tiene ramitas, semillas y alguna flor de cannabis.

«Huele a meo», dice uno. «No es pis, es el amoníaco», contesta Dani, paraguaya que vive en Río de Janeiro desde 2015.

Lo desmigaja, lo envuelve con papel y lo enciende antes de ofrecerlo a sus amigas. Es el brasiguayo, la marihuana prensada hecha para Brasil en Paraguay. En Río de Janeiro cuesta entre dos y cuatro dólares el gramo. La mitad en la favela, cuenta Dani. En la plantación cuesta seis dólares el kilo.

Hoy, solo el 4 por ciento de lo que se cultiva en Paraguay queda en Paraguay. La mayor parte va a ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires. Desde la Patagonia hasta la Amazonía, la criminalización obliga a consumidores de cannabis a comprar el prensado brasiguayo en vez de plantar en su casa, lo que sostiene un gigantesco negocio ilegal.

Dani detesta esa marihuana que inunda Brasil. La llama «marihuana con sangre» porque sabe que viene de plantaciones donde miles de agricultores y agricultoras trabajan por centavos obligados por la necesidad. La compra solo a veces y procura cultivar sus propias plantas en casa, aunque el autocultivo no está permitido en ese país. En Paraguay, se castiga con hasta 20 años de prisión a quien tiene más de diez gramos encima o una planta en su casa. 

En Brasil ya ha iniciado una regulación silenciosa. En diciembre de 2019, la Agencia de Vigilancia Sanitaria sacó a la marihuana de la lista de drogas y la categorizó como planta medicinal. También se han permitido 7.000 licencias de importación para uso medicinal. Pero su venta y autocultivo siguen prohibidos allí desde hace casi dos siglos. Aunque con penas mucho menores que en Paraguay, como servicios sociales o la obligación de acudir a charlas de rehabilitación.

El cannabis llegó a Brasil con los colonizadores portugueses. Con fines textiles o industriales, siempre ha sido parte de las velas y las sogas de las embarcaciones, de la ropa, de ungüentos y pomadas. Sus semillas fueron alimento para personas y para el ganado. Tienen casi tanta proteína como la soja.

Su uso ritual está registrado en el Antiguo Testamento. Se lo menciona varias veces en hebreo como Kne-Bosem, que se traduce como «cálamo aromático» o «caña perfumada», dependiendo de la edición. El médico paraguayo Hernán Codas Jaquet tomó de la Biblia la receta de la «santa unción» o «unción de Cristo».  Según él y otros etimólogos, lingüistas, antropólogos, botánicos e historiadores como el canadiense Chris Bennett, el cannabis aparecen en los libros sagrados del cristianismo junto al aceite de oliva, la mirra, la canela y otros ingredientes. 

«Muchos de los milagros de Jesús están atribuidos al cannabis», cuenta Codas Jacket, veterano cirujano y urólogo. Los supuestos milagros ocurrían en personas que no podían caminar por la artritis o el reuma, o personas psicóticas, epilépticas y autistas, que se creían poseídas por el demonio por sus convulsiones. «A toda esa gente, Jesucristo les daba cannabis», dice Codas sobre esta planta que asegura puede tratar más de 700 afecciones y enfermedades diferentes.

Sus beneficios médicos son tantos que se ha legalizado su uso medicinal en los últimos años en países como Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y ahora hasta la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas reconoció las propiedades medicinales del cannabis, incluyendo su resina y aceite.

En la historia moderna, la venta de marihuana fue prohibida por primera vez en Brasil, en 1830, por los esclavistas de Río de Janeiro. En el último país en abolir la esclavitud, hoy la mayoría de las personas encarceladas son negras (casi un 62%), en gran parte por delitos relacionados con las drogas. 

«No está prohibido el consumo, pero hay distintas interpretaciones del límite entre consumo y tráfico por lo que queda en la Policía decidir, y claro, si eres negro te detienen, si eres blanco y de clase media estás libre», cuenta Ivan Viana desde Manaos, capital del Estado brasileño de Amazonas, donde trabaja de profesor y encargado de la biblioteca en la escuela pública de su barrio. También es un conocido activista cannábico que promueve el autocultivo para frenar el tráfico. 

Manaos está a unos 3.400 kilómetros al norte de la frontera brasileña con Paraguay, pero hasta aquí también llega la marihuana prensada paraguaya con soltura. Es la más consumida allí, dice Ivan. Además, como puerto franco, es un lugar de redistribución internacional. «Quién sabe a qué otros lugares del mundo llegará por mar desde aquí», se pregunta.

Donde hay PCC, hay prensado brasiguayo

En casi todo Brasil se consume el porro brasiguayo que el Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal, distribuye desde las cordilleras de Amambay, los bosques de San Pedro y por sobre todo, desde las estancias de los agroganaderos brasileños asentados en Paraguay, donde la Secretaría Antidrogas ha detectado el 60% de las plantaciones. «Donde hay PCC, hay prensado de Paraguay, es una de sus fábricas», explica Ivan Viana. 

En Manaos, el precio del brasiguayo ronda entre los tres y cinco dólares. Ese producto que llega al usuario es un cúmulo de despropósitos, pues pese a la buena tierra, es cultivado casi sin conocimiento y por obligación por la mayoría de los agricultores en Paraguay. Viana resume cómo. Las plantas son picadas sin separar las flores de las ramas y las hojas. Son prensadas a mucha presión sin secarlas lo suficiente, para que pesen más. Y son embaladas en plástico en placas de un kilo para que no huelan tanto y facilite su transporte. 

Esa planta maltratada es enviada por tierra, ríos y aire, y acopiada hasta venderse, un proceso que puede durar meses. En ese tiempo, todavía húmeda y expuesta a altas temperaturas, se vuelve negruzca y comienza a generar gases tóxicos como el amoníaco, que le da el olor característico del brasiguayo, muy parecido a la orina.

El 20 por ciento de la producción ilegal de marihuana en Paraguay, la que no va a Brasil, es dirigida a Uruguay, Chile, Bolivia y Argentina. El lugar más lejano hacia el Sur donde se ha localizado es la provincia argentina de Santa Cruz, a 4.000 kilómetros del lugar de origen, en un pueblito pegado a la isla de Tierra del Fuego, donde llega solo por encargo en autos, a través de empresas de transporte privadas y a casi 30 dólares el gramo.  

Desobedecer para sobrevivir: las madres que cultivan cannabis para sanar a sus hijos

Mientras casi toda América avanza en la regulación de la planta, las autoridades de Paraguay, donde más se produce después de México, la mantienen prohibida y frenan también el acceso a las personas que la necesitan para vivir.

Una de ellas es Verónica, que a los seis meses comenzó a sufrir convulsiones que duraban horas. «Cualquier cosa le hacía convulsionar, el frío, una reunión de personas en casa. Era un stress constante. Algunas crisis eran en sueños. Teníamos que hacer guardias para dormir», cuenta su madre, Cynthia Farina. Tuvieron que internarla hasta 80 veces, dos de ellas en terapia intensiva. Una vez la indujeron a un coma con respiración artificial para salvarla.

Su epilepsia resistía a todos los fármacos que le recetaron y que además la dejaban ausente, sin habla y le provocaron anorexia. Apenas podía caminar o agarrar objetos sola. Cuando Verónica tenía cinco años pidieron ayuda a una amiga que estaba en una organización llamada Mamá Cultiva. Ella les enseñó a hacer su propia manteca de cannabis para dársela a su hija con un poco de pan una vez por día. «Fue increíble. Empezó a conectarse, a mirarnos, a sonreír y a tener apetito. Fue un cambio inmediato, de uno o dos días», relata Cynthia.

Tras esa experiencia se unieron a Mamá Cultiva, una organización sin fines de lucro que impulsa el uso del cannabis medicinal en Paraguay y en toda América Latina para personas con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías.

Desde entonces, Verónica toma 3 gotitas de aceite de cannabis a la mañana y 3 a la noche. Hoy tiene 9 años, habla y va a la escuela, sus convulsiones se han reducido a 4 o 5 segundos y solo ocurren cada 15 días y mientras duerme. «Ni se da cuenta», dice su madre. Llevan tres años sin necesidad de ir al hospital. Los fármacos y las hospitalizaciones les costaban al menos 4 millones de guaraníes al mes antes de probar con el cannabis medicinal.

Cynthia es hoy la presidenta de Mamá Cultiva en Paraguay y fue una de las impulsoras de la ley aprobada en 2017 que obliga al Gobierno a «garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta del cannabis» a las personas que cumplan los requisitos para formar parte del programa. Esta ley fue aprobada tras una movilización ciudadana, pero hasta ahora el Gobierno solo permite la importación a una empresa, lo que lleva a miles de personas a practicar la desobediencia civil constante para sobrevivir. Desobediencia que solo consiste en tener un yuyo más en casa. 

Legalícenla

Paraguay puede encontrar una manera saludable de relacionarse con el cannabis.

La marihuana se usa para tratar el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer y la epilepsia. Sus semillas están llenas de proteína y omegas. Sirve para hacer papel y biocombustible, sus fibras se usan para la construcción de casas y coches. También es una droga recreativa para 192 millones de personas y nunca se ha registrado una muerte por su consumo. ¿Qué pasaría si el mayor productor de América del Sur la legaliza?

Henry Ford usó marihuana y soja para la carrocería de un prototipo de automóvil sostenible en 1941, «the soybean car». Hoy, el cáñamo, como se llama a la planta de marihuana cuando se usa con fines industriales, está presente en modelos como el Alfa Romeo Giulia o el Peugeot 308 y en un auto deportivo «más fuerte que el acero».

Una sola hectárea de cáñamo produce la misma cantidad de pulpa que cuatro hectáreas de árboles, pero tarda solo unos meses en crecer. Produce tres veces más fibra que el algodón, con menos agua y sin usar pesticidas. Hay botellas hechas con base de aceite de cáñamo que son biodegradables en tan solo 280 días, frente a las PET que se degradan en 420 años. Las semillas de la planta contienen casi tanta proteína como las de soja y seis veces más omega 3 que el atún fresco.

Todo este potencial se encuentra en una  planta que en Paraguay está prohibido cultivar. Pero en otras partes del mundo la relación con el cannabis es diferente.

En casi cualquier lugar de la Unión Europea, se puede acceder a aceites, cremas, champús, geles y hasta comida para gatos con cannabis medicinal, aunque aún no está regulado el autocultivo y el uso recreativo.

Uruguay fue el primer país del mundo que lo reguló en 2013. Desde entonces, previo registro, sus habitantes pueden comprar marihuana, incluidas sus flores, en farmacias autorizadas; también pueden tener hasta seis plantas en casa o formar parte de un club con cultivo colectivo. Además, hay empresas autorizadas a producir con fines científicos y de uso medicinal.

Canadá fue el segundo en el mundo en legalizar la marihuana con fines recreativos. En la bolsa, su mercado está valorado en más de 1.000 millones de euros y proyectan alcanzar los 4.000 mil millones en 2024. En Estados Unidos –el país que inició la guerra contra las drogas en los años 70– la mayoría de los habitantes vive bajo leyes que regulan la marihuana. En 15 estados se ha despenalizado totalmente y en 35 está permitido su uso medicinal. La industria del cannabis de este país proyecta que registrará 19.000 millones de dólares en ventas en 2020. Y 45.000 millones para 2025. La recaudación en impuestos de esta industria superó los 1.040 millones de dólares en 2018.

Desde 2015, Jamaica permite el autocultivo, portar unos 50 gramos y su uso para los religiosos rastafaris. Chile despenalizó el autocultivo y su consumo privado en 2016. La Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil dejó de considerarla una droga en 2019, aunque se mantiene prohibida. En Argentina legalizaron el autocultivo en 2020 y ya existe una empresa estatal produciendo aceite de cannabis. También Perú, Ecuador y Colombia han regulado su uso medicinal. Pero en Paraguay sigue siendo delito cultivarla.

«Nosotras seguimos siendo criminalizadas», dice Cynthia Farina, presidenta de Mamá Cultiva, una organización de familias afectadas por enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis. Activaron para que la ley obligue al Estado paraguayo a proveer aceite medicinal de cannabis a quien lo necesite. Pero no logró el fin principal: el derecho a plantar en casa, como la menta, el cedrón, la ruda o la salvia.

La marihuana se usa en los sistemas de salud de Estados Unidos (1996), Canadá (1999), Israel (2001), los Países Bajos (2003), Suiza (2011), la República Checa (2013), Australia (2016) y Alemania (2017) y la mayoría de la UE para reducir las convulsiones de la epilepsia, para la fibromialgia, artritis, asma y glaucoma, para el acompañamiento de la quimioterapia, el autismo o la ansiedad. Combate otras enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple e inflamatorias crónicas como la enfermedad de Crohn. «También tiene propiedades antitumorales y antidepresivas demostradas por científicas de España, Israel y EEUU», destaca el médico paraguayo Arturo Vachetta.

«Nos obligan a las familias a comprar un producto importado y a un costo muy elevado», dice Farina, cuya hija de nueve años lleva cuatro tomando aceites que casi han eliminado las convulsiones que sufría. La ley «es letra muerta, no hay registro de usuarios, ni producción, ni distribución», denuncia.

Édgar Martínez Sacoman fue condenado a cinco años de prisión por producir aceite medicinal al mismo tiempo que el Gobierno concedía la primera autorización para importar aceite medicinal al laboratorio Lasca-Scavone. Este vendía cada frasco a 1,8 millones de Gs., unos 300 dólares. Luego comenzó a producir su propio aceite y ahora vende un frasco de 50 ml, que sirve para dos semanas, por 624.750 gs. Es casi un tercio del salario mínimo en un país donde 7 de cada 10 trabajadores gana en un mes ese sueldo o menos.

Además, sólo se importan aceites de cannabidiol (CBD), uno de los 113 cannabinoides que componen la planta, y por tanto sin tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo y primario, que sirve como analgésico y neuroprotector. «Juntos son mucho más efectivos. Por eso queremos hacerlo nosotras mismas, lo que garantiza que será barato, de buena calidad y 100% orgánico», dice Farina.

La redactora del primer proyecto de ley de autocultivo de Paraguay es la abogada Lisette Hazeldine. Ella puso las palabras al texto que presentó el senador Víctor Ríos y que se convirtió en la ley 6007, aunque en el proceso los demás legisladores cercenaron las posibilidades de autocultivo.

En 2020, un nuevo proyecto buscaba despenalizar la planta, pero fue vetado por el Ejecutivo y ahora debe volver a la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista. «No está simpática la cosa, están haciendo fuerte lobby para no darnos aprobación», opina Hazeldine, también cofundadora del Observatorio Paraguayo del Cannabis y docente e investigadora de la Universidad de Pilar. «Lo hacen con desinformación, como criminalizar el THC, para tratar de atajar, pero no tiene sustento ni jurídico ni científico», asegura.

«La barrera más grande que tenemos es la ignorancia. En un mundo ideal podríamos convertirnos en el mayor exportador de América de cannabis, tenemos la mejor tierra», sostiene la profesora.

«Es como si prohibieran los yuyos del tereré», opina José Cardona, integrante de la Cámara Paraguaya del Cannabis Industrial, constituida en 2019 por unas 80 empresas y algunas agrupaciones de agricultores. El cáñamo es marihuana, son la misma planta, solo que la industria llamó cáñamo a las especies elegidas o hibridadas por su bajo THC –que en su mayor parte está en las flores– para alejarse del estigma social.

Por iniciativa del Senado, un decreto presidencial de octubre de 2019 bautizó el cáñamo industrial como «cannabis no psicoactivo» y estableció las normas para su producción, entre ellas que el contenido de THC sea menor al 0,5 por ciento –la marihuana recreativa, en cambio, suele superar el 6%– y que el Ministerio de Agricultura lo gestione. En agosto de 2020, otro decreto lanzó un programa nacional para la investigación, producción y comercialización del «cáñamo industrial (cannabis no psicoactivo)», pero hasta hoy no pasa de los papeles.

«El cáñamo se sigue manejando de modo muy restrictivo, lo hacen con trabas fitosanitarias y trabas burocráticas», dice Cardona, ingeniero agrónomo que hace cinco años vio en el cáñamo una nueva oportunidad y quiere producir y exportar. «Es un contrasentido que en un país donde se dan las condiciones de clima y la planta está sumamente adaptada no se pueda revertir la ilegalidad», argumenta.

Cardona y la Cámara del Cannabis denuncian que el Gobierno «no hizo licitación pública, ni concurso, por lo que todo ha quedado en manos de 12 farmacéuticas, todo a dedo». El empresario destacó la paradoja de que la planta fuera estigmatizada siempre por las farmacéuticas y que ahora se apoderen del cannabis. «El discurso de las farmacéuticas es que sólo ellas pueden elaborar cannabis medicinal, cosa que no es cierta porque es sumamente sencillo producirlo», afirma.

El Gobierno anunció que el cáñamo industrial daría trabajo a 25.000 pequeños agricultores paraguayos, lo que fomentaría el desarrollo del campo. Sin embargo, todo quedó en manos de Healthy Granes, propiedad de Marcelo Demp, un empresario paraguayo que fue condenado en enero de 2020 junto a su hermano por falsificar a espaldas de sus socios los documentos de otra de sus empresas, Latin Farmes. La única compañía autorizada hasta ahora.

La firma Healthy Grains aseguró en septiembre de 2020 ser la primera empresa paraguaya y de Latinoamérica en exportar alimentos derivados del cáñamo industrial a Estados Unidos. Dice que enviaron 500 kilos de granos descortezados, 350 kilos de harina desgrasada y 150 litros de aceite de cáñamo. «El sol debería salir para todos en el negocio del cannabis y no solo para Healthy Granes», resume Cardona.

Ante esta situación, la desobediencia civil se ha extendido, ya no solo madres y padres desesperados por el dolor de sus hijos producen en secreto en sus casas, ahora también empresarios y asociaciones médicas decidieron incumplir las leyes a propósito y públicamente.

Otra experiencia de desobediencia civil es la del empresario Juan Carlos Cabezudo, pionero en la exportación de chía del país que hoy es el mayor exportador mundial. En 2016, quiso poner sus redes y capital en el cannabis, pero la Fiscalía le bloqueó durante tres años la primera importación de semillas de cáñamo al país. Se pudrieron en la aduana.

«No hicieron reuniones con pequeños productores, ni con empresarios, ni con la academia, la Universidad Nacional; no han hecho nada. No existe un laboratorio público. Es un camino sin salida», afirma Cabezudo.

Desde entonces ha promovido la regulación del cannabis de forma directa a pasos de la capital. En una propiedad alquilada creó la Granja Madre y produce miles de plantas de marihuana para luego regalarlas a las familias que la necesitan de Mamá Cultiva y en las plazas de Asunción. Para intentar cubrirse las espaldas se autodenunció ante la Fiscalía, que en tres años no le ha perseguido.

Ha organizado congresos sobre el cannabis con expertos internacionales y puede hablar 12 horas seguidas sobre el tema si es necesario. A finales de 2020 creó una marca llamada Kokuesero que regala el aceite de cannabis con todos los cannabinoides a las personas sin recursos y lo vende con factura legal a menos de la mitad de precio que la farmacia Scavone.

Al margen de la capital, San Pedro es uno de los departamentos más empobrecidos de Paraguay y donde más pequeños agricultores hay. Como en Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, también hay plantaciones ilegales de marihuana que muchas veces son el único sustento de miles de familias.

«Mientras, el terrorismo de Estado recae en el productor que no tiene ni la más mínima intención de dedicarse a ese rubro, pero lo hace porque no hay más alternativa», explica Fran Larrea, docente y concejal departamental de San Pedro. «Pero los narcos no van a la cárcel, quedan protegidos», dice.

«Necesitamos una respuesta agraria integral y el cannabis puede formar parte de ella si no se lo quedan los empresarios», argumenta Larrea. «Hay una fuerte sospecha de que con la legalización el precio caería, y ese es un fuerte temor que tiene la gente, porque la gente no planta por las bondades de la planta o por su uso recreativo, sino por el precio», añade.

«Los empresarios fijarán un precio irrisorio como con cualquier otro rubro abundante y el agricultor quedará solo», se lamenta. Por eso, junto a Cabezudo trabaja en la expansión de la marca Kokuesero a una cooperativa con pequeños productores de San Pedro llamada Copacan, pero augura que para que pueda prender la idea, los agricultores locales necesitan una profunda explicación: «no lo vamos a lograr con el silencio, necesitamos una cooperativa agrícola que se oriente a la educación y el conocimiento de todas las plantas».

Pacientes, madres y padres, empresarios, agricultoras y científicas trabajan para que Paraguay regule el cultivo y el uso de la llamada planta maldita. Pero los gobernantes dan pasos demasiado lentos en un camino que se muestra posible: ser el mayor productor legal de América del Sur, generar ingresos públicos, mejorar la salud y dar trabajo con una planta que aquí casi crece sola.