En 2011, César Javier Zavala Serrati, hermano del senador de Patria Querida Fidel Zavala Serrati, vendió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) 205 hectáreas en San Rafael del Paraná, Itapúa. El Indert pagó a Zavala más de dos mil millones de guaraníes por tierras de las fincas 54 y 2.321 de ese distrito. El objetivo era regularizar el asentamiento «Tembey Poty», con 32 familias arraigadas en el lugar desde 1996. Así consta en documentos oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Fue una compra directa vía excepción. La finca 54 figura en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia como tierra malhabida.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, el IBR –hoy Indert– adjudicó tierras  a personas que no eran sujeto de la reforma agraria, a las que se conoce hoy como tierras malhabidas. Una práctica que siguió en democracia. En esencia, «el sujeto de la reforma agraria» es la población campesina que no posee tierras o tiene tierras insuficientes. Pero el dictador promovió la repartición de casi 7 millones de hectáreas a parientes y amigos de su régimen, política a la que se atribuye la profundización de la desigualdad en el acceso a la tierra, que ubica a Paraguay entre los países con mayor desigualdad en el mundo. La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) registró varias de las tierras malhabidas. Entre los beneficiarios la Comisión señala a César Zavala, que en 1984 fue adjudicado con la finca 54, un inmueble de 885 hectáreas en San Rafael del Paraná. En el mismo distrito de Itapúa, el IBR le adjudicó otras 474 ha el mismo año. Zavala obtuvo en total unas 1.360 hectáreas.

Tierras que luego, ya en democracia, Zavala vendió al Estado a precio de mercado. De las 205 hectáreas que vendió en 2011 al Indert, 38 hectáreas correspondían a la finca 54 –la malhabida– y el resto a la finca 2.321. El ente agrario le pagó G. 10 millones por cada hectárea. El comité de evaluación del Indert, que recomendó adjudicar la oferta, aclaró en su informe del 22 de noviembre de ese año que en la tasación se estimó el valor «a precio de mercado». Esto –explica– considerando que el inmueble era «ofertado para la solución de problemas sociales de la zona» y que tenía infraestructura para el arraigo.

Resolución 3647 del 2 de diciembre de 2011 del presidente del Indert, Marciano Barreto, que autoriza la compra de las tierras de César Zavala en San Rafael del Paraná, Itapúa. 38 hectáreas de las tierras compradas figuran como tierras malhabidas en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia. 

Un año antes, el empresario estuvo involucrado en un conflicto de tierras con indígenas también en el distrito de San Rafael del Paraná. Los mbya guaraní de la comunidad Makutinga denunciaron aquella vez que policías y civiles al servicio de Zavala atropellaron la comunidad para ingresar maquinarias por la fuerza. Zavala reclamaba parte de las tierras de los mbya, que tenían título del Indi, alegando que las compró de un agricultor.

El 2 de diciembre de 2011, el presidente del Indert Marciano Barreto, autorizó la compra y aprobó el pago del 80% del valor del inmueble a César Zavala. Cinco meses después, el presidente Fernando Lugo destituyó a Barreto por negociados con tierras. Esa vez, también diputados de PQ denunciaron a Barreto por irregularidades.

El Surtidor intentó comunicarse con el empresario para consignar su versión, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta. Tampoco tuvimos retorno del senador Fidel Zavala.

Contraloría cuestionó al Indert la compra de tierras de la finca 54

La Contraloría auditó la gestión de Marciano Barreto durante 2011. En el informe publicado en noviembre de 2012, realizó varias observaciones administrativas, entre ellas una sobre la compra de las tierras de César Zavala. Específicamente, sobre la finca 54:

«Deficiente gestión del Indert en la adquisición de la Finca Nº 54 (San Rafael del Paraná, Itapúa) por valor de G. 2.059.238.647 (Guaraníes dos mil cincuenta y nueve millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete) de un ex beneficiario de la misma institución, que fuera adjudicado en época del IBR (año 1984) en forma ilegal, incumpliendo el artículo 95 de la Ley Nº 854/63 (Estatuto Agrario de ese entonces)»

El informe de auditoría de gestión señala que César Zavala cumplía con los requisitos para ser beneficiario del Estatuto Agrario de esa época (Ley 854 de 1963), considerando que era ingeniero agrónomo. Pero no así en cuanto a la superficie que obtuvo del ex IBR en 1984. La finca 54 tenía más de 885 hectáreas cuando lo que correspondía por ley era un máximo de 100 hectáreas.

El documento cita otro inmueble de 474 hectáreas en San Rafael del Paraná que obtuvo Zavala. Señala que el título de propiedad a su nombre data del 27 de agosto de 1984, cuatro meses antes de que sea adjudicado con la finca 54, «lo cual agrava más la situación, ya que en total sumando las dos propiedades que se le adjudicó en el mismo año, da una superficie de 1.359 ha 4.877 m2 y 3.889 cm2, contraviniendo el artículo 66 de la Ley Nº 854/63 del Estatuto Agrario».

Tras el descargo del Indert sobre la finca 54, la Contraloría se ratificó en su observación de que el ente agrario compró las mismas tierras que adjudicó de forma ilegal a Zavala en 1984 como IBR. El reporte abarca las páginas 23 al 25 del Informe de Auditoría de Gestión 2011, publicado en nov.2012.

La auditoría también pone el foco sobre el valor de la propiedad inmueble. Señala que el Indert ha adjudicado tierras a un «precio social», pero las ha comprado a precio de mercado, como en casos de regularización de asentamientos. El informe de los auditores de Contraloría amplía, de alguna manera, el informe de la Comisión de Verdad y Justicia de 2008 que cita a César Zavala entre los 3.336 adjudicatarios de tierras malhabidas. 

Los fallidos intentos del Estado para recuperar tierras malhabidas

El Estado paraguayo ha intentado recuperar algunas tierras malhabidas. En democracia, el Indert y la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron alrededor de 32 demandas para anular títulos de propiedad y recuperar a favor del Estado esas tierras. Fue un fracaso. La PGR perdió 10 de esos casos y sólo ganó uno: la recuperación de la mansión de Stroessner. Abel Areco, autor de varias investigaciones sobre tierras malhabidas, explica que la posición judicial «ni siquiera fue discutir la validez de los títulos». El Poder Judicial salió a favor de los beneficiarios de tierras malhabidas argumentando «prescripción de la acción» e «irretroactividad de la ley».  Es decir, que había pasado demasiado tiempo para que el Estado reclamara y que no se puede juzgar a los beneficiarios con las leyes actuales.

En 2014, el entonces procurador Roberto Moreno había dicho que todas las demandas se iban a perder «porque todo se había hecho mal» en la gestión de los casos y que encima costaría mucho dinero al Estado pagar por los abogados. También acusó a la Justicia de trabar y blanquear los casos a favor de los beneficiarios de las tierras malhabidas. Moreno creó una comisión entre varias instituciones para recuperar las tierras, que quedó en la nada. La Procuraduría  abandonó los casos restantes en litigio.

Areco señala dos modos en los que el gobierno de Horacio Cartes avanzó para blanquear esos títulos. Por un lado, la creación del Sistema Integrado de Recursos de la Tierra (SIRT) del INDERT, y por el otro, convertir las propiedades en reservas privadas.

El SIRT fue creado para documentar, regularizar y transparentar la situación de títulos de propiedad. Pero en lo que refiere a tierras malhabidas, su responsable en 2015 –y asesor de la Unión de Gremios de la Producción– Hugo Jiménez dijo: «Los lotes que ya tienen título definitivo, aún los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados». Jiménez argumentó que si existía un título registrado, ya no había nada que hacer. «Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el Estatuto [Agrario]. Es injusto. Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda», dijo.La segunda forma de blanquear tierras malhabidas, según el informe Yvy Jára – Los dueños de la tierra en Paraguay, es convertirlas en reservas privadas. Es lo que hizo la familia Riquelme con las tierras malhabidas de Marina Kue luego de la Masacre de Curuguaty en 2012, que hoy son parte de la Reserva Natural Morombí. Y es lo que campesinos y campesinas denuncian que la familia Bendlin intentó hacer con las tierras que recibió en la dictadura a cambio de un avión. Hoy, esas tierras son parte de una polémica debido a las acusaciones sin pruebas por parte de gremios del agronegocio, ABC Color y La Nación de que senadores del Frente Guasú y PDP instigaron a «invadirlas». Convertir tierras malhabidas en reservas sirve, según explica el informe Yvy Jára, para bloquear intentos de expropiaciones e invalidar reclamos campesinos sobre las tierras ante la opinión pública en nombre de la conservación ambiental.