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El Estado paraguayo se ratificó en el compromiso de rescatar -no “abatir”, no asesinar- a niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados. Pero las denuncias de abusos de las FTC hacia esta población vulnerable en el Norte se acumulan desde hace años.
Los abusos de la Fuerza de Tarea Conjunta contra niñas, niños y adolescentes van desde amenazas de ejecución hasta violencia física. Algunas madres denuncian que:
En San Pedro, militares allanaron una vivienda en plena madrugada. El hijo de 7 años de la familia dormía en su cama y los militares lo arrojaron al suelo.
En Concepción, dos niños presenciaron cómo miembros de la FTC golpearon brutalmente a su padre. Los amenazaron con sus armas porque no paraban de llorar. El más pequeño casi quedó mudo por el trauma.
Antes de la pandemia, la incursión militar también afectaba a escuelas y colegios en zonas de alto abandono escolar. Por miedo, padres decidían no enviar a sus hijos a la escuela y las clases se acortaban para evitar salir en ciertos horarios.
La FTC le cuesta al Estado 15 millones de dólares al año y ni siquiera rinde cuentas por millonarios pagos a “informantes”.
