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Fiscales que no ven aglomeración en festejos de dirigentes colorados pero imputan a manifestantes por hablar sin tapabocas.
Ningún fiscal vio aglomeración en el festejo del 133 aniversario del Partido Colorado en la Junta de Gobierno el pasado 11 de septiembre. Los dirigentes colorados, entre ellos el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes, celebraron la «unidad partidaria» en medio de la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus.
Tampoco ningún fiscal se animó a intervenir cuando la hija del expresidente Cartes celebró su boda con alrededor de 150 invitados el 15 de agosto alegando un «protocolo especial». No tuvieron la misma suerte aquellos que festejaron un casamiento en Luque o un quinceaños en la Chacarita; terminaron imputados por violación de la cuarentena sanitaria.
Esta selectividad en la aplicación de la ley también quedó en evidencia con la visita del expresidente argentino Mauricio Macri a Cartes en julio pasado, pese al cierre de las fronteras. Cartes volvió a ser beneficiado con un protocolo a medida.
Quienes no pueden acceder a un «protocolo especial» soportan todo el rigor de la ley, como las y los trabajadores que tienen que salir a la calle para subsistir. En algunos casos, la Fiscalía se preocupa más por procesar a víctimas de abuso policial que por investigar a los victimarios. Así, unas 3.500 personas terminaron imputadas por violación de cuarentena.
O como pasó en Ciudad del Este después de una balacera entre contrabandistas y la Armada, en la que murió un marino. En busca de los autores, militares irrumpieron en plena madrugada del 16 de julio en el barrio San Miguel, sacaron de sus casas a la fuerza a pobladores y los torturaron. La Fiscalía imputó a la mayoría por violación de la cuarentena. Dos meses después, no hay procesados entre los militares.
La persecución penal es mucho más dura contra quienes cuestionan al Gobierno, como ocurrió con manifestantes que protestaron frente al Panteón de los Héroes por la muerte de dos niñas en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el EPP. La Fiscalía abrió investigación contra personas por el solo hecho de hablar sin tapabocas en la protesta.
