Los castigados de la cuarentena

Volvían a casa o iban al súper, pero terminaron imputados por violación de la cuarentena. Dos trabajadores cuentan lo que les pasó en la calle.

Después del trabajo, Ariel Vera y su novia fueron en moto a un supermercado de Lambaré. Eran cerca de las 18:30 del 20 de abril, la primera fase de la cuarentena cuando la restricción del tránsito era total y solo se podía salir para lo indispensable, como comprar alimentos. En el camino, pasaron por una barrera policial.

«El policía me para, le explico que vamos al súper. De forma prepotente, me pide que me baje de mi moto. Yo le digo que no porque es mi propiedad privada, que en todo caso venga el fiscal. Ahí me insinuó que eso se puede “solucionar” de otra manera. Como no accedí, me dijo que yo no quería cooperar y se fue junto al asistente fiscal que estaba ahí», dice Ariel.

El joven de 22 años cuenta que luego de eso, todo pasó muy rápido. La fiscala Gladys González dispuso que él y su novia sean enviados a la comisaría cuarta de Lambaré. Ella en una piecita y él en el calabozo con otros cuatro presos. Ahí estuvieron dos noches y tres días. «Todas las noches nos hacían burlas: ¿No quieren cafecito? ¿no querés tu capuchino?», recuerda.

Los jóvenes fueron imputados por violación de la cuarentena (ley 716/96). Ariel, que trabaja como repositor de una distribuidora, sigue con un proceso penal abierto. Tiene permiso para salir de 07:00 a 20:00 de lunes a viernes y los sábados de 06:00 a 17:00. Le tuvo que pagar 3 millones de guaraníes a un abogado para que lleve su caso.

Entre marzo y el 31 de julio de 2020, la Fiscalía imputó a 3.405 personas por incumplir el decreto de emergencia sanitaria por la pandemia. A la «violación de cuarentena sanitaria», que es el incumplimiento de la Ley 716/96, por lo general se suman otros hechos punibles como resistencia, perturbación de la paz pública o exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Aunque la emergencia sanitaria es temporal, un proceso penal puede durar años para estas personas.

Carta blanca para la brutalidad policial

El 15 de mayo, Pedro Soto* llevó las provistas del mes a su mamá en Lambaré. Salió de ahí a las 8 de la noche rumbo a su casa en Asunción. Cuando tomó la calle Pizarro, notó que dos policías le seguían en una moto sin luces. Los oficiales se le acercaron del lado del conductor y encendieron la baliza. Pedro detuvo la marcha. Los policías le pidieron que entregue los documentos del auto y que se baje.

«Yo les mostré mi registro, mi habilitación y les dije que no tenía porqué bajarme del vehículo. En ese interín, se bajan los dos oficiales y uno se va por el lado del acompañante, abre la puerta y empieza a revisar la guantera. Entonces yo le reclamo. Me volvieron a decir que me baje. Yo tenía miedo de que me planten algo. Cerré otra vez la puerta y del temor mi reacción fue salir de ahí».

Pedro recuerda que avanzó unos diez metros y se percató de que en Pizarro y San Fernando había una patrullera. De ahí salió otro policía que le apuntó con un arma y le exigió que se baje. Los otros dos oficiales de la moto ya le habían alcanzado y abrieron la puerta del lado del conductor.

«Me bajan del cuello y me tiran a la vereda. Recuerdo que gritaban “¡resistencia, resistencia!”. Ahí yo empecé a recibir golpes en la cabeza, cara, espalda, pierna. Uno de los oficiales le decía a los otros: “Ya ovaléma, ejedeha chugui”. En eso recibo una patada en la costilla del lado derecho y me quedo sin respiración. Yo ya estaba completamente reducido con 4, 5 policías ahí. Uno me pisaba la cabeza. La última patada en la costilla me dejó inmóvil. No podía hablar, no podía respirar».

Los policías llevaron a Pedro a la comisaría Octava. Decían que arrolló a un oficial. Le pidieron a su papá 5 millones de guaraníes para no pasar la denuncia a la Fiscalía. La familia se negó. Pedró terminó imputado por violación de la cuarentena y resistencia. También terminó con las costillas rotas.

Su defensora pública consiguió que le den medidas sustitutivas para que pueda trabajar. Pedro denunció a los oficiales ante la Fiscalía de Derechos Humanos y la Justicia Policial. «Sigo con dolores de costilla, mareos, el temor de que tomen represalias. La forma en que me torturaron y me humillaron, nunca pasé. Eso es lo que me da fuerza para pedir una investigación», concluye.

La hija del expresidente Horacio Cartes pudo celebrar su boda con alrededor de 150 invitados en plena pandemia. Ni la Fiscalía ni la Policía intervinieron de oficio, como sí lo hicieron en un casamiento en Luque o un quinceaños en la Chacarita. Para el abogado Dante Leguizamón, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la persecución penal se dio con mayor fuerza hacia los grupos más vulnerables.

Esta situación no solo impacta en la vida de las personas afectadas, sino también en el propio sistema de justicia. A principios de mayo, la Corte aprobó un plan para que los juzgados aceleren los procesos relacionados a la violación de la cuarentena y así evitar un colapso. La ministra Carolina Llanes había dicho a ÚH que no eran necesarias tantas imputaciones. Consideró que la mayoría de los imputados simplemente no sabía cómo actuar ante una situación extrema.

Mientras tanto, en las comisarías ya no hay lugar. Unas 1.200 personas privadas de su libertad por diferentes delitos esperan su traslado a las penitenciarías, cerradas a nuevos ingresos por la pandemia. El hacinamiento de los calabozos comienza a tener consecuencias. La comisaría 15 de Asunción tuvo que cerrar por los casos de covid-19 de detenidos y oficiales.