Imputan para desalentar la lucha ambiental

Movimientos campesinos saben desde hace años que las imputaciones selectivas de la Fiscalía para criminalizar a quienes protestan, por ejemplo, los delitos ambientales del agronegocio.

En 2013, pobladores de Táva Jopói,Curuguaty, impidieron la fumigación de un sojal que no tenía barreras ambientales. Buscaban proteger de agroquímicos el pozo de agua, una escuela, y a una comunidad indígena.

El fiscal José Zarza envió a la policía a proteger la fumigación e imputó a 10 campesinos por oponerse.

Lo mismo le pasó a veinte campesinos en Kaguare’i, Villarrica, por oponerse a una fumigación ilegal cercana a sus casas, que terminaron destruidas por la policía tras un allanamiento. Además, el fiscal Victor Manuel Vera los imputó por coacción.

En 2016, el informe Judicialización y persecución a la lucha campesina demostró a través del análisis de 43 casos entre 2013 y 2015 cómo la imputación selectiva contra líderes y lideresas de organizaciones es sistemática.

El aumento de la judicialización en casos de protestas ambientales o el conflicto por la tierra –que muchas veces son lo mismo– sostienen Abel Areco y Marielle Palau, investigadores de BASE- IS, es una nueva forma de represión. «Hay más campesinos imputados y menos heridos o golpeados» por la policía, escriben.

No significa que la represión sea menos grave. Figuras como «coacción» o «hecho punible en grado de tentativa» son utilizadas por fiscales para imputar y someter a engorrosos y largos procesos en juzgados –en un país con uno de los sistemas judiciales menos confiables e independientes del mundo–  a quienes protestan. Mientras, el Ministerio Público es cómplice de la impunidad en los delitos ambientales denunciados. Así, se desarticula a los movimientos campesinos y se desalienta a reclamar ante injusticias.

El abogado Juan Martens explica en el prólogo de la investigación que no es casualidad: la Fiscalía sirve para «estigmatizar a los actores más visibles de las demandas e intimidar a aquellos que ven en las movilizaciones posibilidades de acceso a sus reivindicaciones».