Petrona Villasboa demandó a los sojeros que rociaron accidentalmente con agroquímicos a su hijo, Silvino Talavera, cuando éste volvía a su casa. El niño no resistió los efectos de los agroquímicos y falleció en enero de 2003 con un diagnóstico de intoxicación grave. Los médicos encontraron glifosato en su cuerpo, el principal activo del herbicida Roundup. En la misma ocasión, unas veinte personas más fueron afectadas por las fumigaciones en Pirapey, incluyendo a Sofía Talavera de trece años y Patricia Talavera de dos, ambas hijas de Petrona.
Un tribunal condenó a los sojeros, Hermann Schlender y Alfredo Laustenlager, a dos años de pena privativa de libertad y la obligación de resarcir a la familia de la víctima, cada uno con la suma de 25 millones de guaraníes, casi 5.000 dólares. Pero la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso.
Durante años Petrona fue víctima de amedrentamientos en su comunidad por denunciar a los sojeros. En 2006, días antes de un segundo juicio por el mismo caso, el hermano de Petrona, Serapio Villasboa, fue asesinado de once puñaladas por sicarios. La familia denunció que la fiscal se negó a esclarecer el caso, alegando que ellos sólo buscan retribución económica a raíz de la muerte de Silvino Talavera.
Un segundo tribunal de sentencia compuesto por los jueces César Delgadillo, Luis Alberto García y Juan Bogarín Fatecha reafirmaron la condena a los sojeros.