«El mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música», dice el lema de la famosa orquesta de instrumentos reciclados de Cateura. La cadena de televisión HBO transmite un documental norteamericano sobre ella, The Landfillharmonic, con un inmejorable relato: una historia de superación de un grupo de jóvenes que en medio de la miseria transforman los desechos del vertedero de la ciudad en instrumentos musicales y, gracias a ello, viajan por el mundo. De lo que no habla es de la tragedia que encarna Cateura, un caso ejemplar de drama lento y previsible, pero que no se soluciona y con el paso del tiempo se pone peor. ¿Qué tuvo que pasar para que Asunción termine amenazada por su propia basura?

A principios de los años ochenta, la ciudad se acercaba al medio millón de habitantes y no tenía una política de manejo de residuos sólidos, ni siquiera tenía un vertedero unificado. Anteriormente la basura se tiraba en distintos lugares, como en una salamanca detrás del Mercado 4, explica el ingeniero Ovidio Espínola, del Ministerio del Ambiente.El intendente de ese entonces, Porfirio Pereira Ruiz Díaz, un militar que no fue electo por los habitantes para el cargo, decía: «Estaba en el Comando de Ingeniería cuando el entonces presidente Stroessner me llamó para hacerme cargo de la Municipalidad de Asunción. Me dio una semana de tiempo para limpiar las calles y arreglar todos los baches». En 1984 su administración eligió un zanjón en un terreno público contiguo al río Paraguay, al sur de la ciudad, para unificar el vertido final de los residuos. «Cateura tenía estas características: zona baja, humedal importante. Hoy conocemos las bondades ambientales que prestan los humedales. En ese entonces no había la suficiente conciencia», dice Federico Franco Troche, actual concejal de Asunción.

Un año antes de emplazar el vertedero, en 1983, se produjo la mayor inundación registrada en la historia de la ciudad. La decisión de arrojar la basura  al lado de ese mismo río puede llamar la atención con los criterios de hoy, pero en los ochenta pudo tener sus razones. Una posibilidad es la costumbre local de arrojar la basura a los raudales, los muy asuncenos ríos que se forman en las calles cuando llueve. Los cauces de agua y el fuego eran los naturales destinos de la basura sin sistema de recolección estable. Hasta hoy en día, donde no se recolecta la basura, siguen siéndolo. En 1982, de acuerdo a la DGEEC, la cobertura de recolección de la basura en el país era sólo del 13%. Según el BID, al 2015, era de 57%, el más bajo de la región después de Haití.

Arroyos, fuego y un botadero junto al río son, todavía hoy, la realidad de la relación de la ciudadanía con la basura: pretender olvidar lo que se desecha. La bolsa de basura se ata, se la deja en la vereda y no se le vuelve a dedicar un solo pensamiento. El desprendimiento no sólo es físico, también es mental. Pero los desechos no se esfuman. «Cada ciudadano en promedio genera 1,45 kilos de basura por día. En Asunción se midió eso en el año 2009«, dice el ingeniero Ovidio Espínola, del Ministerio del Ambiente. Al vertedero Cateura llegan entre ochocientas a mil doscientas toneladas de basura cada día; el peso de ochenta buses llenos.

Por su propio proceso de descomposición y al ser lavados por las aguas de lluvia, estas miles de toneladas de desechos desprenden un líquido llamado lixiviado. El lixiviado es una sopa química altamente concentrada de variedad de contaminantes según el tipo de desechos, como cromo y amonio además de un alto nivel de DQO (Demanda Química de Oxígeno) que implica una sobrecarga de materia orgánica e inorgánica no biodegradables. Vertida en gran cantidad sobre agua, puede ocasionar una alta mortalidad de la vida en el río y poner en grave riesgo de enfermedades a las poblaciones aledañas.

No es razonable alzar la voz de alarma con cada inundación periódica del río Paraguay, dice el ingeniero Jorge Abbate de la ONG Gestión Ambiental. Pero de ocurrir un accidente y romperse la pileta de lixiviados de Cateura, sí estaríamos ante una catástrofe ambiental. Pero nada de esto era digno de atención hasta la década de los 90.

Las regulaciones ambientales, una novedad de los 90

A partir de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro –donde 120 países proclamaron una nueva idea de desarrollo– las políticas públicas comenzaron a incluir consideraciones con el medio ambiente, al menos sobre el papel. Paraguay tuvo su primera Ley que obliga a realizar evaluaciones de impacto ambiental en 1993 y en 1996 sanciona una Ley de delitos ambientales.

En esos años la ciudad de Asunción recibió un fuerte apoyo de la JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno japonés, para lidiar con la basura de manera más ordenada. Colaboración técnica, camiones recolectores y otras maquinarias fueron donadas. Se elaboró un plan maestro de gestión de residuos en 1994.

El ingeniero Espínola comenta que el diagnóstico de la JICA sobre la situación de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana fue concluyente: Cateura se encontraba en un sitio no apropiado. Por tanto, el plan consideró, entre otras cosas, el eventual cierre y mudanza del vertedero Cateura y la colaboración y gestión intermunicipal de la basura. La propuesta tenía sentido. Asunción siempre ha compartido un flujo de vida constante con los municipios de toda el área metropolitana.

Durante este proceso, previo a la habilitación de un nuevo vertedero intermunicipal, el plan propuso igualmente que la infraestructura donada también sea utilizada en beneficio de los municipios del área metropolitana para recolectar su basura y que la disposición final se realice en Cateura. Por entonces esas ciudades tampoco tenían vertederos apropiados ni planes de gestión. A cambio, los municipios pagarían un dinero a ser invertido en el mantenimiento del servicio y en la construcción de un nuevo vertedero intermunicipal. La Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana (AMUAM) sería la entidad gerenciadora.

Pero todo lo que la JICA donó para el proyecto –camiones recolectores de basura, un millón de dólares para repuestos, maquinarias pesadas para el sitio de disposición de final– se echó a perder porque la gestión de esos recursos se manejó con criterios político-partidarios, cuenta Franco Troche. De modo que no hubo pagos, ni mantenimiento, ni emplazamiento de un nuevo vertedero compartido. La colaboración programada entre los municipios del Gran Asunción fue un total fracaso.

Al mismo tiempo la municipalidad de Asunción era presionada por la ciudadanía y otros organismos estatales por el precario manejo de Cateura. «En el periodo de 1996 a 2001, en la época del intendente Burt, hubo un proceso abierto por la Fiscalía en el cual estuvo a punto de ser imputado por delitos ambientales. Porque el vertedero tendría que haberse cerrado en ese entonces, en la primera advertencia», cuenta Franco Troche. Pero no se logró nada por una sencilla razón: «No hay un solo municipio que permita que se instale un vertedero».

Sin posibilidad de cierre, en Cateura la basura siguió siendo arrojada sin criterio espacial sobre sus aleatorias montañas de residuos que parecían olas del mar. No existía contención del lixiviado, ni tampoco ventilación del inflamable gas metano que se genera a través de la descomposición.

«La basura se llevaba ahí, se botaba y sin ningún criterio de relleno sanitario se dejaba», explica el ingeniero Espínola. Cateura era un botadero, dice. Un vertedero, para llamarse así, debe operar con criterio de relleno sanitario, cumplir una serie de requisitos, como estar ubicado en el lugar adecuado. Sólo partiendo de eso Cateura ya tenía serios problemas.  

Y así, el basurero de Asunción llegaba a sus veinte años de existencia, sin gestión técnica, en el lugar equivocado y sin perspectivas de cierre. Era, y sigue siendo, un riesgo latente al lado del río que da agua a la ciudad. Pero como casi siempre, alguien puede lucrar con el desastre.

Inmediatamente fuera de los lindes de Cateura, casi un centenar de pequeños vertederos clandestinos son la principal amenaza de vertido de lixiviado al cauce del río, según el Ministerio del Ambiente.

El negocio de la basura

En el año 2004, bajo la intendencia de Enrique Riera, la municipalidad de Asunción declaró su incapacidad para gestionar la basura de sus habitantes. Llamó a una licitación y la administración de Cateura fue privatizada. El único oferente, un consorcio brasileño-paraguayo llamado Empo, firmó un contrato de treinta años por el cual la municipalidad le paga un monto superior al promedio de la región por cada tonelada de basura que reciba, según denunció el ex concejal Carlos Galarza. Ochenta mil guaraníes por tonelada. La obligación de Empo era aplicar criterios racionales de gestión al vertedero y también construir un nuevo vertedero en otro lugar, más alejado.

Empo inauguró el manejo técnico de los desechos, que consiste en: ordenar el vertido, compactar y recubrir, instalar ductos de ventilación de metano, hacer recircular el lixiviado entre la basura para su filtrado y posterior contención en enormes piletas protegidas. Organizó el trabajo de los gancheros, como se le llama a las personas que trabajan como recicladores, que dejaron de deambular sobre las montañas de basura. Desde entonces realizan su selección de residuos antes de que éstos ingresen a los módulos ordenados de relleno.

De este modo el vertedero de Cateura dejó de ser un botadero a secas, para convertirse en un relleno sanitario. Los asuncenos le pagamos 26 mil millones de guaraníes (4 millones de dólares aproximadamente) por año a la empresa. Pero el vertedero sigue estando sobre un humedal junto al río, con los riesgos que ello implica. Y aún debe mudarse.

Para hacerlo y cumplir con su parte del trato, en 2005 Empo intentó habilitar un nuevo vertedero sobre un terreno en Nueva Italia, un pequeño municipio de casi diez mil habitantes cercano a la capital. La Secretaría del Ambiente avaló el proyecto. Sin embargo, por el principio constitucional de autonomía municipal, la administración de la ciudad de Nueva Italia debía otorgar su declaración de interés, pero nunca lo hizo. Los vecinos, agrupados en la «Comisión en Defensa de la Naturaleza Creada por Dios», rechazaron el proyecto.

«La dificultad que tiene la apertura de un nuevo sitio de disposición final es como dice un dicho en inglés: not in my backyard (no en mi patio). Nadie quiere cercano a su casa, a su barrio, un nuevo relleno sanitario», dice el ingeniero Abbate. Cuenta que en varias ocasiones, cuando querían habilitar nuevos vertederos, estudiados y con sentido técnico, los ciudadanos siempre se oponían repitiendo el mismo argumento: «No queremos un Cateura en nuestro municipio».

Mientras Asunción enfrentaba estos problemas, los municipios del área metropolitana tuvieron que vérselas igualmente con su propia basura, luego de fallar en la colaboración coordinada y frente a las amenazas del municipio capitalino de suspender la recepción de residuos externos. Así aparecen en escena El Farol y otras empresas que concursan y ganan varias licitaciones para la recolección y disposición final de la basura de las ciudades aledañas a la capital. Así se inicia también la puja por el monopolio de la basura.

La guerra de la basura

Luego de que sus precarios vertederos de José Augusto Saldívar y Villeta fueran clausurados, en 2009 –mediante un decreto de contingencia ambiental– la empresa El Farol obtuvo el arrendamiento de un territorio propiedad del Ministerio de Defensa, en el municipio de Villa Hayes, o Chaco’i, donde inicia la región del Chaco. Aunque tiene serios cuestionamientos ambientales, fue sin embargo uno de los lugares propuestos por el plan maestro de la década anterior. El lugar es habilitado como vertedero y hasta hoy recibe los desechos de varias ciudades del Gran Asunción.

Por su parte, la empresa Empo, presionada por su obligación de alejar la basura del río y posterior al fracaso del emplazamiento en Nueva Italia, siguió los pasos de El Farol y compró un terreno en Villa Hayes. En enero de 2010 ya contaban con la venia municipal para este proyecto. Pero El Farol hizo todo lo que pudo para evitar que el vertedero de la capital se mude, una jugada que dejaba a Empo casi sin opciones y a El Farol en una posición favorable. Asunción eventualmente tendría que clausurar Cateura, romper el contrato y llevar su basura a algún lado. Un lugar que bien podría ser el vertedero de El Farol, el único disponible, de hecho.

Con cuatro millones de dólares anuales en juego, empezó la guerra de la basura, que lleva ya casi una década. La primera batalla fue a plena luz del día: en 2010 se realizaron protestas en Villa Hayes para frenar la apertura de otro vertedero en la ciudad y en la Secretaría del Ambiente para reclamar el cierre de Cateura en Asunción. Ésta última por ciudadanos en apariencia preocupados por la calidad de vida en su ciudad, pero una investigación de la Fiscalía reveló que eran personas contratadas por El Farol.

La segunda batalla fue en la oscuridad de la noche: mientras Empo realizaba obras en su terreno de Villa Hayes con miras al nuevo vertedero, el lugar fue atacado una madrugada de enero de 2016. El funcionario a cargo del predio fue atado a un árbol y amenazado de muerte, varios camiones y otras maquinarias fueron incendiados. La obras se suspendieron por meses.

La tercera batalla fue en los despachos: la municipalidad de Villa Hayes inicialmente había aceptado la venida de Empo, a principios del 2010, pero luego se retractó. Criterios políticos, dice el ingeniero Espínola para explicar la razón del cambio de postura del municipio.

El municipio emitió sucesivas ordenanzas contradictorias, diversos recursos de amparo fueron presentados a la justicia por Empo y por la Municipalidad de Villa Hayes. Empo ganó en primera instancia judicial, Villa Hayes en la Cámara de Apelaciones por el principio de autonomía municipal. Las obras fueron suspendidas. Desde 2017 la definición está en manos de la Corte Suprema y aún no decide.

El riesgo mayor de esta indefinición es un monopolio en la gestión de basura, según Franco Troche. «Hay un problema serio de intereses comerciales y económicos muy fuertes, porque la empresa El Farol también hace la recolección de los residuos domiciliarios en diferentes municipios. En caso que Empo no cuente con un sitio de disposición final, estaríamos en manos de una sola empresa. Un monopolio, que de hecho se va a dar», dice.

Mientras tanto el vertedero de Cateura sigue al lado del río. Es un riesgo que, incluso, llevó al gobierno argentino a manifestar en enero de 2018, su preocupación ante las recurrentes inundaciones y una posible contaminación por derrame de lixiviados de las aguas que comparte con Paraguay río abajo.

La basura en suspenso

Varios pedidos de rescisión del contrato y clausura de Cateura fueron presentados en la Junta Municipal de Asunción. Pero los concejales que presentaron la solicitud fueron denunciados por Empo de tener vínculos con El Farol. A pesar de ello, jurídicamente la Municipalidad no puede endilgarle incumplimiento a Empo, porque tomó los recaudos estipulados y los obstáculos a la mudanza del vertedero son externos a su responsabilidad.

En 2014 la Municipalidad y la Secretaría del Ambiente comisionaron un estudio independiente para determinar hasta cuándo aguantaría Cateura. La consultora internacional Berger presentó sus números: el año 2020 sería el límite. Otra consultora, contratada por Empo, interpretó a partir del mismo estudio que la capacidad de carga alcanzaría el 2026.

Así pasaron 34 años con el vertedero más grande del país al lado del río. Y mientras la orquesta de instrumentos reciclados hace música ante el aplauso del mundo, Asunción no tiene más opción que esperar, en tenso silencio, lo que suceda primero, que la Corte Suprema dictamine el caso o que ocurra un desastre ambiental. Para Franco Troche, sin presión ciudadana, habrán pocos avances sobre el tema. «Lo que pasa es que la gente no se mueve cuando no ve el problema», dice. Y la basura no se ve.