El pasado 4 de junio, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental – Paraguay (IDEA)  presentó una denuncia formal a la Fiscalía General del Estado tras detectar, cruzando bases de datos públicas del Ministerio del Ambiente y Catastro con imágenes satelitales, la presunta deforestación ilegal de aproximadamente 4000 hectáreas y falseamiento de datos en las declaraciones ambientales de dos propiedades en el Chaco paraguayo. Una empresa exportadora de carne a Chile y un ciudadano brasileño con antecedentes por delitos ambientales en su país son, según datos oficiales de Catastro, los dueños de esas propiedades.

El primer caso se trata de una propiedad identificada con los padrones 5.578 y 5.580 en Mariscal Estigarribia, Boquerón, que según los datos más actualizados de Catastro corresponden a la empresa Dasca SAGACI, una de las empresas que exporta carne paraguaya a Chile. En dicha propiedad,  entre enero y marzo de 2018,  se deforestaron 1.827 de las 2.287 hectáreas de bosque natural. El equivalente a veinte canchas de fútbol por día. Lo curioso es que en la declaración de impacto ambiental para la cría de ganado y producción de carbón vegetal aprobada por el Ministerio del Ambiente (MADES) el 29 de agosto de 2018, estas mismas hectáreas con bosque natural figuran como que todavía existían, cuando que ya fueron deforestadas meses atrás. .

Según la denuncia de IDEA, la existencia de la supuesta reserva tendría que haber sido revisada por el MADES antes de aprobar la declaración ambiental de Dasca SAGACI, por lo que se podría haber violado las obligaciones administrativas de la ley de función pública. El proyecto presentado por Dasca también prometía la reforestación de otras 222 hectáreas para llegar al 25% de la propiedad como reserva exigido por la Ley Forestal.

El segundo caso corresponde a una propiedad a nombre del ciudadano brasileño Alberto Azenha de Almeida, con los padrones 1.769 y 1.770 en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay. Según IDEA, en esa propiedad se deforestaron 1.997 de las 2.410 hectáreas que tiene el lugar. La declaración de impacto ambiental sobre el terreno, que todavía no fue aprobada por el MADES, señalaba que sólo se usaría poco menos de la mitad de las 2.410 hectáreas para la cría de ganado. Sin embargo, según la denuncia, «[…] virtualmente se habría eliminado casi la totalidad de la superficie boscosa, incluida la reserva legal de bosques naturales».

En la declaración también se afirma que las hectáreas restantes se dejarían para bosque nativo. «Eventualmente la empresa podría transformarse en una actividad turística ya que se prevé extensas áreas boscosas como reservas, donde se podrá observar fauna y flora es su hábitat natural, y porque no tener en cuenta la actividad misma de la empresa, como de interés turísticos. Además, el Chaco posee místico especial para este tipo de actividad (sic)» dice el documento firmado por el consultor ambiental Edelmiro Ruíz Díaz sobre la propiedad de Azenha de Almeida. La declaración tiene además un error: muestra un mapa de las propiedades 1.769 y 1.770 que en realidad corresponden a la propiedad con padrón 2.010, de otro dueño. En teoría, funcionarios del MADES deberían haber tenido a la vista los títulos de la propiedad.

El dueño de la propiedad Alberto Azenha de Almeida tiene antecedentes por delitos ambientales en su país. En 2015, el Ministerio Público de Sao Paulo lo denunció a él y a su esposa, dueños de la estancia «Triunfo II», de 65 mil hectáreas en Marabá Paulista, por cultivar caña de azúcar en el área que por ley debían destinar a reserva natural. De acuerdo al promotor del caso, Washington Gonçalves Junior, del Ministerio Público de Sao Paulo, el Superior Tribunal de Justicia brasileño ordenó que Azenha de Almeida reforestara las hectáreas afectadas con especies nativas.

La peligrosa inacción del Ministerio del Ambiente

El abogado Federico Legal, asesor jurídico de IDEA, explica que la denuncia presentada a la Fiscalía es innominada porque no se pueden asegurar que los titulares registrados en Catastro sean los responsables de la deforestación demostrada en sus propiedades. «Es una investigación que debe hacer la Fiscalía, pedir los informes correspondientes», dijo. El caso está en manos del fiscal de delitos ambientales Andrés Arriola.

Ezequiel Santagada, director de IDEA, resalta que los casos denunciados demuestran que el Estado puede, con la información pública que ya genera, detectar posibles casos de deforestación ilegal de manera más barata y sencilla. «Una excusa que se pone es que es muy caro, que hay que priorizar una o tal investigación», dice Santagada, «pero esto se hizo con información pública que ya tienen diferentes dependencias, más tecnología, sale casi gratis». Santagada señala que los bancos deben ser también actores importantes porque «nadie deforesta por placer. La deforestación ilegal es para ganar dinero. Cuando se hace pasar ese dinero como de origen lícito en los bancos, es, en palabras simples, lavado de dinero».

El Congreso paraguayo tiene que decidir si refrenda el Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a otorgar información pública sobre ambiente de manera proactiva y de calidad, allanando el camino para que tanto dependencias del Estado como organizaciones y ciudadanía puedan monitorear posibles delitos ambientales. En el Chaco, lugar con la deforestación más acelerada del mundo, se calcula que 61 mil de las 255 mil hectáreas donde se registraron «cambios de uso de suelo» entre 2017 y 2018 podrían ser tala ilegal. El cambio de uso de suelo es la principal causa de las emisiones de gases invernadero que Paraguay produce y que contribuyen al cambio climático.  El Ministerio del Ambiente tiene un presupuesto para el 2019 de sólo 9,4 millones de dólares, versus los 295 millones que tiene Defensa. El ministerio depende de donaciones de notebooks para controlar licencias ambientales  y tiene 3.000 expedientes esperando aprobación. En el caso del Instituto Forestal Nacional, su titular, Cristina Goralewski, era parte de la comisión directiva de la Federación de Madereros del Paraguay que rechazó en 2017 un informe de la organización Earthsight sobre la deforestación provocada por la empresa Bricapar, propiedad del entonces ministro de Obras Públicas Jiménez Gaona, en el Chaco paraguayo.