Tina Alvarenga vivió ocho años en una casa donde tenía prohibido comer con la familia. Casi convertida en una profesional, volvió años después y escuchó a la señora hablar de ella con orgullo. «Es como nuestra hija, la que mejor nos ha salido», dijo. Pero Alvarenga nunca fue tratada como una hija en esa casa. Desde los diez años, ella fue la «criadita» de la familia, una palabra usada en Paraguay para calificar a más de 46.000 niñas y niños que se ven obligados a trabajar para poder ir a la escuela.

El trato es sencillo: una familia numerosa de poca plata cede a su hijo o hija menor de edad a otra familia más adinerada, a cambio de que se le dé techo, comida y educación. Lo que no se dice es que el niño o la niña tendrá días interminables de trabajo doméstico jamás pagado, y podrá sufrir abusos o malos tratos, sin que el pacto pueda ser anulado por las partes. Esto se conoce como «criadazgo», una práctica vigente en el país a pesar de varias denuncias de organizaciones de derechos humanos y con la aceptación cómplice de una buena parte de la sociedad.

Después de terminar sus estudios universitarios, Alvarenga trabajó durante años en una organización de defensa de los derechos de niños y niñas. Entrevistó a criaditas, recabó testimonios, redactó informes, investigó, denunció. Trató de llamar a las cosas por su nombre, porque el sentimiento de gratitud instalado en las criaditas es, por lo general, una garantía de silencio.

«El criadazgo se apoya en un doble espejismo», dice Alvarenga. Por un lado, está la ilusión de la familia que entrega a su hija a otras personas y piensa que, gracias a eso, podrá terminar sus estudios, mejorar su posición social y «ser alguien en la vida». Por otro, la familia que recibe a la niña justifica la explotación creyendo que da una oportunidad a alguien que, de otra forma, no solo no podría estudiar, sino que incluso se moriría de hambre.

El puente que une a ambos espejismos es la criadita, a quien tanto su familia como sus patrones tratan de convencer de que debe estar agradecida por la oportunidad que está recibiendo. «Si mi mamá me escuchara hablar de criadazgo, probablemente me diría que soy una desagradecida», dice Alvarenga. «La criadita se calla porque piensa que lo que le pasa es lo normal, es lo que tiene que ocurrirle», analiza.

Si la niña es maltratada, sus familiares no lo sabrán hasta muchos años después. A veces, ni llegan a enterarse. Pero en enero de 2016, una historia puso rostro a un fenómeno oculto al interior de las casas paraguayas.

Las víctimas del criadazgo

Carolina Marín ingresó al Hospital Regional de Caaguazú con señales de haber recibido fuertes golpes. Murió poco después. Tenía 14 años. Era criadita en casa de Tomás Ferreira, ex militar, y Ramona Melgarejo, funcionaria del Registro Civil. Vivía con ellos en Vaquería, una localidad de poco más de 3.000 habitantes ubicada a unos 250 kilómetros al este de Asunción. A finales de enero de 2016, Ferreira, golpeó a Marín hasta matarla con una rama. Fue el último castigo que recibió la adolescente.

Los medios difundieron este hecho unos días más tarde. Las noticias resaltaron que la menor asesinada era una «criadita». Organizaciones como Unicef o Callescuela responsabilizaron de esta muerte a la muy arraigada costumbre del criadazgo. «Una forma moderna de esclavitud», la calificaron. Decenas de personas convocaron manifestaciones para pedir que en Paraguay no haya «ni una Carolina más». El nombre y las fotos de la adolescente recorrieron las redes sociales.

Ante el revuelo que se generó por el caso de Carolina Marín, los diputados del Congreso presentaron una resolución para repudiar el criadazgo. Pero no se pusieron de acuerdo a la hora de redactarla.

El diputado Bernardo Villalba, del Partido Colorado y representante del departamento de Concepción, una de las zonas más pobres del país, expresó la duda de varios de sus colegas. «Provengo de una región extremadamente pobre y sé que, si bien existen abusos dentro de este sistema, es también la oportunidad que tienen personas de colocar a sus hijos con familias pudientes y anhelar un futuro mejor», dijo.

Mientras las autoridades no llegan a un consenso, en el Paraguay uno de cada cuatro niños entre 5 y 17 años es económicamente activo. Y una de cada cinco trabajadoras domésticas tiene entre 10 y 19 años. Pero para el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, Paraguay «ha abandonado la lista negra del trabajo infantil». Para él, el país «tiene que trabajar para definir la figura del criadazgo», a través de «iniciativas parlamentarias e intercambio de opiniones».

Letra muerta

Pese a los reparos de las autoridades, los tratados internacionales sobre trabajo infantil vigentes en Paraguay y la legislación nacional no dejan demasiado espacio para las dudas. El convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, incluye entre ellas a «todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio». Este convenio es ley en Paraguay.

También el Código de la Niñez y la Adolescencia del país los protege contra toda forma de explotación y «contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación». Anteriormente, esta norma permitía que trabajen a partir de los 14 años en casas de terceros bajo ciertas condiciones. Esto ha quedado sin validez a partir de la definición de trabajo infantil peligroso de la OIT y por la Ley de Trabajo Doméstico, que establece que la edad mínima para realizar este tipo de labor es de 18 años.

El mismo Código de la Niñez y Adolescencia reconoce el derecho a la identidad de los niños y la obligación del Estado de garantizar las condiciones para que puedan permanecer en su familia. Ambos derechos están ausentes en los casos de criadazgo.

«En Paraguay hay más vacas registradas que niños», denuncia Tina Alvarenga. Sin identidad, es más fácil vulnerar los derechos infantiles impunemente. Si no hay un registro, es difícil controlar en qué condiciones vive un niño.

El derecho a la identidad se ve también comprometido por la situación ambigua en la que vive la criadita en una familia que no es la suya. «No somos sus hijas, tampoco sus empleadas», dice Alvarenga.

Infancia secuestrada

El criadazgo no es un fenómeno exclusivo de Paraguay. Se repite en varios países con algunos matices.

En Haití les dicen restavek, un término criollo que viene del francés rester avec o «quedarse con», refiriéndose a las familias que mantienen a alrededor de 300.000 niños y niñas. En Marruecos, las criaditas son llamadas petite bonnes. Trabajan entre 14 y 16 horas cada día. En Nepal se les dice kamlari, y están sometidas a un tipo de servidumbre como pago por deudas. En Benín, los videomegon son los niños pobres de comunidades rurales que trabajan con parientes en las ciudades para acceder a educación.

Según la OIT, en el mundo existen 15,5 millones de niños y adolescentes menores de 18 años que se dedican al trabajo doméstico. Para la organización Save The Children, la cifra es de 40 millones en todo el mundo. La cuarta parte de ellos trabajan casi como esclavos.

Para la OIT, las privaciones que sufren los niños y las niñas que realizan trabajos dejan «un impacto físico, psicológico y moral irreversible en el desarrollo, salud y bienestar» del niño o la niña. En algunos casos, el acceso a la educación —la moneda de cambio del criadazgo— no se garantiza, incumpliéndose así el acuerdo verbal entre familiares y patrones de la criadita.

El alto costo para acceder a un derecho

En teoría, en Paraguay la educación pública es gratuita. En las escuelas, el Estado debería proveer a los alumnos de almuerzo si asisten por la mañana, y merienda si van por la tarde. Al inicio de cada año académico, el Ministerio de Educación tiene que entregar kits escolares con libros de texto y materiales básicos. Pero en la práctica, miles de niñas se ven forzadas a trabajar para acceder a educación.

Para Liz Torres, quien fue ministra de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, llegar a las escuelas es el primer desafío que enfrentan los estudiantes. «Muchas escuelas funcionan lejos de las viviendas de los alumnos. Las familias tienen miedo de enviar a los niños a la escuela si cada día tienen que caminar más de tres kilómetros por un camino rural. Es todavía peor si la escuela está en una zona militarizada, como ocurre en el norte del país. A veces, las lluvias tampoco les permiten asistir, porque el camino queda intransitable», cuenta Torres.

Las familias también desconfían del contenido de la educación de las escuelas rurales. «Se da el mismo programa de estudios que en las ciudades, pero en unas condiciones completamente diferentes y con una calidad bajísima», dice Torres. Además, la educación se corta bruscamente al terminar la primaria. Para ir al colegio, hay que trasladarse a la ciudad. Por eso, algunas familias prefieren que sus hijos vayan cuanto antes a estudiar a las ciudades y se familiaricen con el nuevo ambiente.

Pero para las familias rurales el factor determinante es el económico. Enviar a un niño o niña a trabajar a la ciudad se perfila como «el camino más seguro para acceder a mejores oportunidades y no reproducir la historia de pobreza de la familia», dice Torres. La ilusión de estudiar es «perversamente aprovechada» por las familias que reciben al menor. La niña les da su mano de obra gratuita.

Rutina de criadita

Tina Alvarenga tenía diez años cuando la fábrica donde trabajaba su padre quebró y él se quedó desempleado. Todos sus hermanos se pusieron a trabajar para traer dinero a casa, vendiendo dulces en la calle o en el mercado. Todos ellos continuaron estudiando en la escuela. Solo ella se fue de criadita a Asunción.

En la casa de sus patrones, Alvarenga trabajaba entre cuatro y seis horas por día, y tenía cronometrado el tiempo que debía dedicar a estudiar. Se despertaba alrededor de las cinco de la mañana y preparaba el desayuno de los señores. Cada día de la semana tenía que dedicarse a limpiar y ordenar una parte de la casa. Los viernes, por ejemplo, limpiaba la heladera y la sala, lustraba los muebles, desinfectaba el suelo. Después, iba a la escuela.

Cuando terminaba las clases, regresaba a la casa y tenía tiempo para estudiar. Cuanto antes acabara, más tiempo libre tendría, pero este también era limitado ya que debía preparar la cena de los señores. Alvarenga dice que nunca pasó hambre, pero la comida estaba medida. «Tenía más acceso a la biblioteca del señor que a la heladera», cuenta.

La biblioteca estaba bien nutrida y pertenecía al dueño de la casa, un militar simpatizante del Partido Liberal, opositor a la dictadura de Stroessner (1954/1989). Algunas noches, ya después de la cena, el patrón obligaba a Alvarenga a ponerse de pie a su lado y leer los editoriales de periódicos opositores como Sendero o El Pueblo, y la persuadía para que no creyera lo que los medios oficiales decían sobre el régimen dictatorial. La consideraba inteligente, pero no conversaba con ella. «El señor había encontrado a alguien que le escuchara hablar sobre política», dice.

Nunca sufrió abusos sexuales, aunque cada noche arrimaba un baúl a la puerta de su habitación por miedo a que alguien entrara. Asegura que tampoco fue víctima de violencia física sistemática, aunque recuerda que en alguna ocasión el patrón la golpeó con su cinto para «corregirla». Lo que más le duele es hasta qué punto fue discriminada por ellos.

«No me dejaban ir a menudo a mi casa, porque decían que de ahí volvería con “la mala costumbre”. Se referían a que hablaría en guaraní, su lengua materna, ya que ella es indígena guaraní. Sus patrones temían que perdiera la educación que ellos le daban, cuenta. Igual, era perfectamente consciente de que todo lo que ellos le proporcionaban, lo estaba pagando con su trabajo.

La discriminación se trasladaba también a la escuela. «Una de las cosas de las que menos se habla es del bullying, del acoso que sufren las criaditas cuando van al colegio. Porque los otros niños tienen a sus padres y enseguida se dan cuenta si vos no los tenés, si sos criadita. Yo no podía invitar a nadie a la casa donde vivía, no tenía mi grupo de amigos del colegio o entre mis vecinos. Lo que más sentí fue no pertenecer a un grupo en la adolescencia, que es cuando se forman las amistades. Lo peor de todo fue el aislamiento», relata Alvarenga.

La oferta y demanda de criaditas

En enero de 2015, una mujer publicaba este texto en un grupo de Facebook donde comparten avisos de empleo para personal de limpieza y niñeras en Paraguay. La administradora del grupo es Pepa Kostianovsky, una concejal de la Municipalidad de Asunción.

«Hola, necesito una compañerita para mi nena, para jugar con ella a la mañana y a la tarde. Para estudiar. Avisen por favor. Para el lunes si es posible».

El anuncio recibió cinco «me gusta» y varios comentarios. Una mujer de la ciudad de Ñemby dijo que tenía una nena de once años y dio su número de teléfono. Otra mujer, también de Ñemby, ofreció a su sobrina de 15 años. «Le gustan las criaturas y es muy guapa», escribió. Un tercer comentario hablaba de «una chica del interior que quiere trabajar». Ante la cantidad de respuestas, la autora del anuncio intervino:

«Amigas, conseguí una, voy a ver si me funciona. Muchas gracias, aviso otra vez cualquier cosa».

La transacción estaba cerrada.

Por la respuesta, la mujer puede estar hablando de una persona o un electrodoméstico. La candidata a criadita no tiene identidad. «Amigas, conseguí una». Es un objeto del que se puede disponer. «Voy a ver si me funciona». Es reemplazable y descartable. «Aviso otra vez cualquier cosa».

El anuncio usa uno de los eufemismos que blindan el universo de las criaditas: compañerita. A veces el término es más familiar: ahijadita, sobrinita, e incluso hija del corazón. No importa si existe o no un parentesco real. Preferiblemente, se usa el diminutivo. A la hora de establecer el acuerdo, nunca se habla de trabajo. La criadita viene para «jugar» con otros niños, o para «ayudar en la casa». También se menciona que viene para «estudiar».

El anuncio en Facebook solo dista en forma de los avisos de periódicos de fines del siglo XIX, cuando a pesar de que en algunos países latinoamericanos ya había sido abolida la esclavitud, todavía se publicaban ofertas de venta de personas.

Rosa María Ortiz, relatora por los derechos de la niñez de la CIDH entre 2012 y 2015 y vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra, se pregunta cómo es posible que hoy en día siga presente en Paraguay la esclavitud a través del criadazgo. Esta forma de explotación se originó en los primeros años del régimen colonial con el sometimiento de los conquistadores españoles a los indígenas americanos, según Adelina Pusineri, directora del museo etnográfico Andrés Barbero de Asunción.

«Si a lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de terminar regímenes como la esclavitud, el cuñadazgo, las encomiendas, los mensú, es inexplicable que sigamos aceptando con amena complicidad la servidumbre que enfrenta a tantas niñas y niños a un sistema esclavizante, exponiéndolos a todo tipo de abusos y explotación», escribe Ortiz en el prólogo de Criaditas, ¿hasta cuándo?, una colección de testimonios de ex criaditas. La desigualdad social y la forma de ostentar poder en Paraguay dan algunos indicios para comprender la vigencia de este fenómeno.

Entre el poder y la necesidad

El mantenimiento del criadazgo está emparentado con las estructuras de poder vigentes en Paraguay, dice Liz Torres. La criadita y su familia no perciben la educación como un derecho, sino como una gracia que otra persona les concede, y por eso quedan en deuda con ella. Es un trato similar al que se da en el campo entre los que tienen tierras y quienes no. El terrateniente, una suerte de caudillo, les permite vivir y trabajar en sus terrenos a los campesinos, y los campesinos no ven esta posibilidad como un derecho, sino como un favor.

En las raras ocasiones en que los parientes de las criaditas pueden visitarlas en las casas donde trabajan, llegan cargados de regalos, de comida, de los productos que generan en sus chacras, explica Torres. En su concepto de reciprocidad, las familias vienen a agasajar a los supuestos encargados del bienestar de sus hijas.

El esquema que está detrás, sin embargo, es el del clientelismo, un intercambio desigual de favores entre quien detenta el poder y quien tiene necesidades. Un esquema sobre el que el Partido Colorado ha construido su poder por décadas. Para Torres, el criadazgo se basa en una solidaridad mal entendida. Se trata de la expresión y el producto de la desigualdad social, motivada por un modelo económico de la explotación de recursos naturales, como el agua o la tierra fértil, que genera situaciones de pobreza, marginación, exclusión y un «futuro hipotecado» para niños y niñas. «Mientras no produzcamos cambios estructurales en el sistema económico, será difícil terminar con el criadazgo», dice.

La deuda que contrae el pobre con el rico es grande; su miedo al poder, también. La sumisión a los caudillos locales, heredada de la dictadura e incluso de la colonia, construye a su alrededor un velo de impunidad. Es por eso que el criadazgo, aun cuando las condiciones de esclavitud son patentes, rara vez se denuncia, dice Torres. Quienes mantienen a criaditas se benefician del temor que inspiran los poderosos.

Ni una Carolina más

En Vaquería, a Ramona Melgarejo, la patrona de Carolina Marín, se la conoce como «la jueza». Pero Melgarejo no era jueza, sino funcionaria del Registro Civil. También fue profesora en la localidad. «Ya era violenta con los alumnos. En la época de Stroessner, a veces les castigaba pegándoles con una rama de coco», dice Ada Meza, quien estudió en la escuela donde Melgarejo impartía clases. «Tenía mucho poder e influencia, parecía que ella siempre iba a ganar», añade.

Cuando Carolina tenía tres años, Melgarejo logró sortear todos los trámites judiciales que rigen las adopciones legales en Paraguay y llevó a la niña del lugar donde vivía, hasta su casa. Meses atrás, la señora Valentina, tía de Carolina, la había dado en adopción.

La madre de Carolina había fallecido. Su padre era alcohólico. Su tía Valentina se hizo cargo de ella por un tiempo. Pero con siete hijos —uno de ellos sordomudo y con problemas de adicción al alcohol— no pudo hacerse cargo de la niña y la llevó junto a sus hermanos a un centro de acogida. Después, supo que Melgarejo la había llevado a su casa.

Mercedes Jiménez, hija de la señora Valentina y prima de Marín, dice que en los primeros años tuvieron contacto con la niña. «Carolina tenía hasta una niñera. La señora Melgarejo la traía a casa a ver a mi mamá, por lo menos hasta que tuvo cinco años. Después perdimos un poco el contacto, pero sabíamos que estaba escolarizada y muy controlada. Pensamos que vivía bien. Nunca imaginamos su sufrimiento», cuenta.

Jiménez está de pie detrás de una pancarta donde se lee: «Condena ejemplar a los asesinos de Carolina Marín. Vaquería no te calles». Cerca de un centenar de personas la acompañan, en una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de la ciudad de Coronel Oviedo, donde se sigue el caso del homicidio de la criadita de Vaquería. Es el primero de julio. Han pasado casi seis meses desde que a Carolina la mataron a golpes, pero la comunidad está decidida a levantar la voz.

«Recolectamos firmas para que se juzgara a los patrones de Carolina. Los profesores de la escuela no querían, tenían miedo a las represalias. Pero no queríamos que el caso de Carolina se terminara con su entierro y nos movilizamos», cuenta Ada Meza. Ella también era vecina de la casa donde vivía la adolescente, un edificio rodeado de una alta muralla, que no pudo impedir que ella fuera testigo de las condiciones de vida de la criadita.

Meza recuerda que Carolina se levantaba a las tres de la mañana. A veces, la veía arrodillada, limpiando el suelo con un cepillo para ropa. Un par de veces por semana iba a la escuela.

«Andaba siempre muy sucia, y se notaba que pasaba hambre», cuenta. Asegura que la niña sufrió maltratos físicos desde que tenía once años, pero nunca nadie lo denunció. «Teníamos miedo», dice Meza. Tampoco lo denunciaron cuando la adolescente recibió la paliza que acabó con su vida. «Estuvo encerrada en una pieza por tres o cuatro horas. No podía morir, ni seguir viviendo», cuenta Meza. Ella no puede olvidar a la niña. Se siente responsable.

Además de los testimonios, la Fiscalía cuenta con otras pruebas como las filmaciones de las cámaras de circuito cerrado cercanas a la casa de Carolina, o los resultados de la necropsia que le realizaron después de su muerte. Todo apunta a la culpabilidad de sus patrones. Según los análisis, Carolina fue golpeada con un objeto que le causó severas lesiones en el hígado, el bazo y los riñones, y una hemorragia interna que la mató. A finales de julio, la Fiscalía imputó a Tomás Ferreira por el homicidio doloso de la adolescente.

Los vecinos, junto con cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil, piden mayor celeridad en la investigación del caso. Reclaman que tanto Ramona Melgarejo como Tomás Ferreira sean condenados a 30 años de prisión por el homicidio de la niña que fue su criadita. Exigen que la muerte de Carolina no quede en el oparei, como le dicen los paraguayos a la impunidad del olvido.

De continuar con el proceso, el caso de Carolina Marín puede suponer la primera vez que se juzgue en Paraguay la figura del criadazgo. Puede sentar jurisprudencia y animar a que más casos sean llevados ante la justicia. Quizá inicie un camino para acabar con este intercambio trágico de trabajo infantil forzoso por educación.