Todo el mundo sabe que el aire no debería tener sabor. Cualquiera sospecha que algo anda mal si lo que respira se siente en la punta de la lengua. A 413 kilómetros de Asunción, en el asentamiento Limoy II, del departamento de Alto Paraná, hay gente que dice que el viento sabe desagradablemente dulzón. Tan dulzón que marea. A nadie le gusta el sabor de los agroquímicos en la mañana.

Los dedos índices señalan como origen al sojal que se encuentra visible frente al patio de  la Escuela Básica y Colegio 11 de Julio.

La escuela es una de las al menos 90 instituciones educativas en Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Canindeyú que al 2 de marzo de 2021, día de inicio de clases, se encuentran cercanas a cultivos extensivos que no respetan las franjas de protección dispuestas por Ley 3.742 en 2009 para separar a los cultivos y sus agroquímicos de la gente. Es la exigua legislación ambiental sobre plaguicidas lograda después de la muerte por intoxicación con glifosato del niño Silvino Talavera en 2003. El peligro de las fumigaciones afecta al menos 7540 estudiantes.

Esas 90 escuelas son parte de las 99 identificadas en 2018 por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip) y y otro de Base – Investigaciones Sociales, ambos trabajos publicados en 2020. A partir de estos trabajos, El Surtidor creó un mapa interactivo que toma como referencia a las instituciones educativas citadas en las investigaciones y que añade información pública del Ministerio de Educación y Ciencias e imágenes de marzo de 2021. Estas escuelas tienen en común que se encuentran cercanas a cultivos extensivos que violan la ley 3.742.

Las violaciones al capítulo XV de la ley 3.742 varían. A veces las franjas de protección, que deben ser de una vegetación diferente al cultivo, no cumplen los 100 metros de distancia requeridos en caso de fumigaciones terrestres o los 200 metros en caso de fumigaciones aéreas. En otros casos se encuentran incompletas, como pequeños parches que no cumplen con la extensión correspondiente. O como advierte Inecip, las franjas son creadas con otros cultivos, por ejemplo caña de azúcar, lo que significa que su cosecha eliminará la protección que en algún momento dan. O directamente no existen.

Ese es el caso de la Escuela Básica y Colegio 11 de Julio.

Plaguicidas como parte del kit escolar. El MEC sabía desde octubre.

La profesora de preescolar Silvia Ayala recorre los pasos entre la soja y la entrada por la cual unos 226 estudiantes deberían volver a clases presenciales. La vuelta a la presencialidad que busca el Ministerio de Educación está especialmente dispuesta para escuelas de comunidades rurales como Limoy, donde los estudiantes y casos de covid son escasos y las clases virtuales siempre fueron imposibles. Aún en el periodo más estricto de la cuarentena, Ayala y los otros 18 docentes repartían fotocopias en las casas de sus estudiantes. 

Debería haber al menos cien largos pasos entre el sojal y la entrada de su escuela. 

Debería. 

Por donde camina Ayala no se alcanza a contar cincuenta antes de encontrarse con el primer brote de soja. Los matorrales de la testimonial franja de protección son tan bajos que permiten ver desde la cancha de fútbol de la escuela no solo el amarillo del maíz seco que sirve de abono a las incipientes plantitas verdes, sino también a lo lejos al nuevo monocultivo estrella de Paraguay: árboles de eucalipto.

En Limoy no solo no se respeta la franja de 100 metros entre cultivos y poblados, tampoco existen las llamadas barreras vivas de cinco metros de ancho y dos de alto que deberían custodiar los caminos vecinales. Niños, niñas y adolescentes del vecindario a veces respiran plaguicidas antes de que suene el timbre de entrada. «Como cruzan los caminos donde se encuentra la plantación de soja, algunas veces no se respeta la franja o no se coloca y se pulveriza y ellos pasan en el medio», cuenta Ayala. Al transitar por el angosto camino vecinal, queda la impresión de que si existiera soja resistente a ser arrollada por neumáticos, no habría camino vecinal.

Las fumigaciones no paran durante el horario de clases. «A los docentes nos prometieron que solo fumigarían de noche, pero mentira es», cuenta Silvia Ayala. Estudiantes llegan con dolores de cabeza, alergias, vómitos, irritación en los ojos, diarrea. Los síntomas de intoxicación aguda por plaguicidas, según la ficha del Ministerio de Salud. Esos síntomas se repiten en los comentarios de todas las familias entrevistadas en jopará. Empeoran cuando hay viento, dice Jorge Cabrera, padre de tres hijos que vive a cinco minutos en moto de la escuela. La ingeniera ambiental Dahiana Acosta realizó un modelo de dispersión de partículas de aire en la zona de fumigaciones alrededor de otras tres escuelas, una de ellas también en Minga Porá, concluyendo que partículas de agroquímicos pueden llegar a trasladarse hasta 40 kilómetros de no respetarse las franjas de protección y condiciones metereológicas dispuestas por ley para fumigaciones.

El nuevo ministro de Educación impulsó el desfinanciamiento de investigaciones sobre efectos de agroquímicos

Aunque el glifosato es el plaguicida más importado del país y ha sido objeto de numerosas denuncias, en Limoy reconocen a otro agroquímico: el secante 2,4D. Más conocido por ser parte de los componentes del Agente Naranja utilizado como parte de la guerra química de Estados Unidos en Vietnam. El 2,4D es considerado «posible cancerígeno» por la OMS desde 2015, debido a la evidencia de que daña células humanas y causa cáncer en animales expuestos en laboratorio. El 2,4D también ha sido relacionado a la aparición de hipotiroidismo en agricultores encargados de aplicarlo en cultivos.

«Hay evidencia científica del daño que pueden producir los plaguicidas», dice la doctora Stela Benitez Leite. La pediatra e investigadora lleva más de una década estudiando los efectos de los plaguicidas en niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerables según ella. «La exposición de niños a productos químicos durante etapas importantísimas de desarrollo cognitivo y físico puede llevar a que tengan graves consecuencias para su salud a largo plazo», asegura. Benitez Leite constató –en un estudio publicado con financiamiento de Conacyt en 2019– que el daño en el ADN de niños y niñas entre 5 y 10 años expuestos a plaguicidas era mucho mayor a los de una comunidad sin contacto con cultivos extensivos. Anteriormente, había documentado malformaciones en niños nacidos de madres expuestas a agroquímicos en el Hospital Regional de Encarnación. «El daño celular puede ser reparado y no pasa nada», explica, «o puede llevar al desarrollo de cáncer, diabetes, Parkinson, malformaciones congénitas, problemas de crecimiento, abortos espontáneos». El daño genético puede ser heredado por los hijos de las personas expuestas. «Hablamos de generaciones en peligro».

Al sector del agronegocio no le gustaron nada los hallazgos de la investigación de Benítez Leite en 2019. Inició una campaña de desprestigio en contra del estudio, por un lado, y utilizó esa misma campaña para lograr la suspensión de financiamiento público. El encargado de impulsar esa suspensión de financiamiento a la investigación sobre impacto de agroquímicos en niños y niñas fue Juan Manuel Brunetti, el nuevo ministro de Educación, según consta en el acta 525/19 de la reunión del Consejo de Conacyt. Lo hizo como representante en ese entonces de las universidades privadas ante Conacyt, dada su posición como fundador de la Universidad San Carlos, institución especializada en agronegocios. Brunetti fue secundado por Mario Clari, representante de la Asociación Rural del Paraguay. La suspensión del financiamiento fue el primer paso de la ofensiva de los gremios del agronegocio para evitar que se haga ciencia sobre temas como el impacto de los agroquímicos en la salud. Luego modificarían todo el sistema de selección de proyectos, priorizando criterios políticos y económicos particulares antes que el criterio científico para aprobar investigaciones. En 2020, con Eduardo Felippo como presidente de Conacyt, la comunidad científica también denunció la eliminación de proyectos ya aprobados sobre crisis climática, dictadura y género por parte del órgano público.

La vuelta a clases presenciales viene con un protocolo de bioseguridad para evitar el contagio de covid. Pero no existe un protocolo para evitar la intoxicación con  agroquímicos en el aula. Los docentes tienen que decidir si abren las ventanas para evitar la circulación del virus o las cierran para evitar intoxicarse con pesticidas. Tampoco tienen permiso de la supervisión escolar regional para suspender las clases cuando hay fumigaciones en los cultivos aledaños. 

La campaña No Fumiguen la Educación basada en los hallazgos de Inecip y BASE IS con el apoyo de organizaciones campesinas y estudiantiles para lograr que retrocedan los sojales que acechan a las escuelas, envió en octubre de 2020 una nota al ministro Eduardo Petta con los hallazgos de Inecip y BASE-IS. El MEC admitió haber recibido la nota. Incluso antes, en una nota de comunicación interna fechada el 3 de agosto de 2020, la titular de la Dirección de Bienestar Estudiantil del MEC, Killy Moleda, le envió los resultados de los estudios de BASE IS e Inecip al titular del SENAVE, Rodrigo González, pidiéndole la creación de una comisión junto al Ministerio de Salud y el de Ambiente para tratar posibles soluciones. El 4 de agosto, a través de un e-mail institucional, la presidencia del SENAVE confirmó recibir la nota del MEC.

Es decir, el Ministerio de Educación sabía del problema antes de considerar la vuelta a clases presenciales. 

Pero fue recién después de la vuelta a aulas que inició reuniones con estudiantes y organizaciones sindicales y campesinas para elaborar una guía de qué hacer si una escuela está en peligro de ser rociada con agroquímicos, cuenta Javier Ramírez, representante de la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes). «Es algo que se tendría que haber hecho antes del inicio de clases, especialmente porque el Ministerio insiste en que las escuelas rurales tengan clases presenciales», dice. El único ministerio que respondió a las notas con los hallazgos de las investigaciones e inició una mesa interinstitucional antes del inicio de clases fue Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Buscando a los responsables de que un sojal llegue a una escuela 

Hay varias razones por las cuáles es difícil lograr que los que cultivan soja respeten las franjas de protección en Limoy, explica la concejal Hilda Santacruz, ex presidenta de la Junta Municipal de Minga Porá. La Policía y la Fiscalía encajonan las denuncias, o peor, persigue a quienes denuncian. La Senave solo pasa a «verificar». Aunque la Municipalidad apruebe alguna ordenanza al respecto, carece de un juzgado de faltas para aplicar sus propias normativas. Y la razón más importante: la soja frente a la Escuela 11 de julio está plantada en tierras alquiladas por los propios campesinos.

«Como no hay mercado para un cultivo de renta, alquilan su tierra a los sojeros, unos dos millones (de guaraníes) por hectárea les pagan», cuenta Santacruz. Con ese dinero más cultivos de consumo y trabajos temporales en los silos, los campesinos evitan que ellos y sus familias tengan que migrar. «Entonces es tu vecino el que está plantando. Difícil es», asegura. El silencioso conflicto rompió a la comunidad. En la ronda para conversar sobre las escuelas fumigadas no hay más de diez personas. «Nosotros no estamos en contra de la soja, estamos en contra del veneno», dice Severiano Santacruz, uno de los agricultores fundadores del asentamiento.

El alquiler de tierras por parte de campesinos al agronegocio es parte del sistema que permite que haya más de 3 millones de hectáreas cultivadas de soja, en un país de títulos de propiedad múltiples y disputas por terrenos públicos. También hace más difícil establecer responsabilidades sobre la falta de las franjas de protección, las barreras vivas y las fumigaciones que amenazan a la Escuela 11 de Julio, admite la concejal.

Lo cual no significa que no pueda trazarse una responsabilidad. Según el Informe Trase, a 2018 las agroexportadoras Cargill, ADM, Cofco y Sodrugetsvo lideran el ranking de las mayores compradoras de la soja que se produce en Alto Paraná, donde hay al menos otras 12 escuelas afectadas por cultivos. Entre los pobladores de Limoy, también es citada Agrofértil SA. En su página web, Cargill declara tener un compromiso de «proteger el planeta», entre otros, cuidando cursos de agua y reduciendo su impacto ante el cambio climático. Aunque ADM dice tener un compromiso de “responsabilidad ambiental”, en su código de «expectativas con los proveedores» omite el cumplimiento de leyes ambientales. 

Cofco, Sodrugetsvo y Agrofértil son parte de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), que fue notificada en octubre de los hallazgos de Inecip y Base IS, sin respuesta hasta la fecha. También fueron notificadas la Asociación de Productores de Soja (APS) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP). Ambas tampoco respondieron.

La distancia entre la ley y la realidad no se mide en metros

La historia de las franjas de protección y las barreras vivas es la historia del intento de domar con legislaciones y documentos al leviatán del agronegocio y los modos del lobby sojero de combatir esas mínimas intenciones. Como explica el antropólogo e investigador Kregg Hetherington en su libro El Gobierno de los Granos (en inglés The Government of Beans), la muerte de Silvino Talavera en 2003 y los conflictos relacionados a la soja que marcaron los primeros meses del gobierno de Nicanor Duarte Frutos en 2004 sirvieron para que organizaciones campesinas como Conamuri -que acompañaba la lucha de Petrona Villasboa, madre de Silvino – y la abogada Silvia González lograran que el presidente colorado apruebe el decreto 2048/04, que regulaba la vieja ley fitosanitaria 123/91. 

Así se creó ese «invento paraguayo» de las franjas de protección y las barreras vivas, según le dijo a Hetherington el ingeniero Héctor Cristaldo, uno de los principales críticos del decreto de Nicanor y que lo llevaría a impulsar la creación de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) para unificar esfuerzos contra nuevas regulaciones. 

El decreto de 2004 era considerado un parche. La intención de organizaciones campesinas y activistas era actualizar toda la ley a través de un nuevo proyecto que en 2007 la UGP y el Partido Colorado lograron que se rechace sin discusión. 

Como el decreto de 2004 seguía en pie y el nuevo gobierno de Fernando Lugo no lo iba a derogar,  la UGP presentó en 2009 al Congreso el mismo proyecto de ley al cual se opusieron dos años antes, pero con modificaciones sustanciales: buscaban eliminar la obligación de avisar a la población antes de realizar fumigaciones aéreas, eliminar las franjas de protección completamente y dejar fuera al Ministerio de Salud y la entonces Secretaria del Ambiente del control de la ley. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) sería el único ente a cargo. 

Luego de más de dos semanas de idas y vueltas, lograron pasar lo último en la nueva ley 3.742, vigente hasta hoy. Que el SENAVE fuera la entidad encargada de aplicar la legislación era beneficioso para el agronegocio. Como explica Hetherington, el ente estatal mismo había sido creado a instancias de los sojeros para homologar su producción a estándares internacionales cuando hacerlo vía Brasil empezó a complicarse, por lo que no se esperaba antagonía.

Eso cambió cuando el gobierno de Lugo puso al ingeniero Miguel Lovera a cargo del Senave en 2010. Cristaldo y la UGP se opusieron desde el primer día a Lovera, incluso acusándolo en Abc Color de «conflicto de intereses» debido a las posiciones del técnico «anti soja y anti uso de agroquímicos». La disputa entre el SENAVE y el agronegocio escaló entre 2011 y 2012 cuando Lovera no aprobó semillas transgénicas de Monsanto debido a la falta de análisis técnicos y ambientales requeridos por ley. Incluso se planificó un tractorazo para junio de 2012, hasta que devino la masacre de Curuguaty y el golpe parlamentario a Fernando Lugo. Uno de los primeros actos del gobierno de Federico Franco fue aprobar esas semillas y eliminar todas las disposiciones regulatorias sobre transgénicos.

En 2013, cuando Horacio Cartes asumió la presidencia, nombró al ingeniero Regis Mereles a cargo del SENAVE. Mereles es miembro de la UGP. El actual director de la entidad, el ingeniero Rodrigo Gónzalez, hijo del ex presidente Luis González Macchi, también es cercano al agronegocio.

La documentada persistencia de la violación a esta ley en las 90 escuelas abre preguntas sobre  230 instituciones verificadas por la SENAVE antes del inicio de clases luego de las denuncias de organizaciones campesinas y estudiantiles. Lo que es peor: la única institución reconocida por la Senave de encontrarse en peligro de fumigaciones ilegales ni siquiera es parte de la lista documentada por Inecip y actualizada por El Surtidor, lo que demuestra la gran posibilidad de que ésta lista sea un subregistro. Un pedido de información pública sobre el trabajo de verificación de la SENAVE se encuentra en curso.

Por mientras, 7.540 estudiantes de todas las edades en cuatro departamentos y 1.160 docentes como Silvia Ayala de la Escuela 11 de Julio en Limoy necesitarán algo más que un tapabocas para la otra gran posibilidad de enfermarse que tienen en el aire.