El caso de Primero de Marzo/Agroganadera Pindó en octubre de 2020 reavivó la discusión pública sobre las tierras malhabidas: propiedades que debían ser para la reforma agraria pero que el dictador Alfredo Stroessner repartió entre políticos, empresarios y militares amigos del régimen. La visita de los senadores Pedro Santacruz (PDP) y Sixto Pereira (FG) como miembros de la Comisión de Reforma Agraria a la ocupación campesina en las tierras que la familia Bendlin — dueños de Perfecta SA y emparentados con Horacio Cartes —  recibieron en la dictadura a cambio de un avión suscitó un pedido de pérdida de investidura. Y pronto, generó una respuesta parlamentaria de sectores vinculados a los beneficiados con casi 8 millones de hectáreas de manera fraudulenta en dictadura. 

El primer intento en el Congreso de poner un freno a los intentos de discusión y recuperación de esas tierras fue un proyecto de modificación del Estatuto Agrario aprobado por Diputados en diciembre de 2020, con votos colorados y liberales y la abstención del PEN y Patria Querida, que permitía «por única vez» que tenedores de tierras malhabidas legalicen su estatus pagando el 70% del precio del mercado. El proyecto fue presentado por por los diputados Avelino Dávalos (ANR), Pastor Soria (ANR) y Hugo César Capurro (PLRA llanista) que tomó estado público en mayo de 2021 tras la publicación de un reportaje de El Surtidor, contaba con el apoyo del representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ante el Indert Diego Torales. Primero lo negó, pero luego Torales debió cambiar su versión ante la publicación de audios de la audiencia pública con su participación. 

La movilización de diferentes organizaciones campesinas en diferentes puntos del país y la presión de la sociedad civil como la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Decidamos, la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Pastoral Social lograron que el Senado rechazara el proyecto de Diputados de manera unánime. Pese a los intentos de sus proyectistas colorados y la diputada Celeste Amarilla, tanto en la sesión como vicepresidenta de la Comisión de Bienestar Rural defendió el proyecto, la propia Cámara Baja lo llevó al archivo  en la sesión del 1 de septiembre de 2021. Contactamos con la diputada Amarilla para consultarla sobre el por qué de su posición, sin respuesta.

Pero como una hidra, al mismo tiempo que Diputados archivaba su intento de modificar el Estatuto Agrario, otros dos proyectos tomaban tracción en la Cámara de Senadores.

«Combatir las invasiones»: La excusa para blindar a los mayores invasores de tierras de la historia

Bajo el hashtag #InvasiónEsCrimen y una agresiva campaña de comunicación, los senadores Enrique Riera (ANR) y Fidel Zavala (PQ) comandan, con el apoyo de toda la bancada de Patria Querida, el también colorado Enrique Bachetta, el liberal Fernando Silva Facetti y el senador de Hagamos Patrick Kemper, la modificación del artículo 142 del Código Penal que trata de la invasión a inmueble ajeno.

La intención del proyecto de Zavala-Riera parece simple: cambiar la categoría de delito y elevar a crimen las invasiones de inmuebles ajenos, lo que aumentaría las penas de cárcel y eliminaría la posibilidad de medidas alternativas a personas imputadas y condenadas. 

Pero en la redacción del proyecto se esconde un cambio adicional: las posibles personas agraviadas por una invasión pasan a ser aquellas que sean «titulares de posesión o dominio». Lo que significa, en opinión del abogado e investigador Abel Areco, habilitar a que personas sin título sobre una propiedad pero en posesión de ella — como tenedores de tierras malhabidas o los varios casos de sojeros asentados en tierras de colonias campesinas — puedan denunciar por invasión a campesinos o pueblos indígenas que busquen recuperar esas tierras mediante ocupaciones, herramienta histórica de sectores afectados por la extrema desigualdad en la distribución de la tierra en Paraguay. 

La iniciativa tiene el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) de la cual Zavala fue ex presidente y el hermano de Riera vicepresidente, la Asociación de Productores de Soja (APS) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Debió tratarse en el Senado el 2 de septiembre, pero fue pospuesto por ocho días a pedido de la senadora Lilian Samaniego (ANR). Un proyecto similar de suba de penas a quienes sean considerados culpables de «invasión» sostienen los senadores cartistas Antonio Barrios y Sergio Godoy.

El mismo grupo de senadores, con la adición del cartista Godoy, buscan además la modificación del artículo 98 del Estatuto Agrario, incluso más obscena que el cambio en el Código Penal. Este proyecto de ley propone prohibir que se expropien inmuebles que hayan sido recuperados mediante «invasión ilegítima y que hayan tenido intervención judicial». La prohibición representaría un ataque directo a las ocupaciones, porque anula el único mecanismo exitoso del movimiento campesino para recuperar tierras malhabidas, tal como muestra un reciente informe de BASE-IS a cargo del investigador Abel Irala. Fue una ocupación, por ejemplo, lo que forzó a César Zavala, hermano del senador Fidel Zavala, a devolver sus tierras malhabidas. Aunque en su caso fue negocio redondo para él: revendió al Estado a precio de mercado tierras que fraudulentamente el Estado le dio durante la dictadura.

El nuevo cambio del Estatuto Agrario propuesto también contempla suspender acceso a cualquier tipo de subsidio del Estado, como Tekoporã, si una persona es imputada por la Fiscalía por invasión de inmueble ajeno, que deberá mantener un registro de las personas imputadas para consulta de los demás entes del Estado.

La disposición, según el senador Pedro Santacruz, es claramente inconstitucional. «Es descabellado. Hay una serie de garantías constitucionales, empezando por la presunción de inocencia. Es una pena anticipada para castigar a los pobres», dijo Santacruz al dictaminar por el rechazo en la Comisión de Reforma Agraria del Senado el 31 de agosto. Los senadores Victor Ríos (PLRA), Desirée Masi (PDP) y Hugo Richer (FG) de la Comisión de Legislación también dictaminaron por el rechazo el 1 de septiembre.

Mandar a todas las personas que luchan a la cárcel no resuelve el problema de la tierra en Paraguay

Los proyectos de leyes Zavala – Riera, además de beneficiar a los grandes propietarios y amenazar con llenar las cárceles de campesinos e indígenas sin tierra, no soluciona el conflicto de fondo. Para el investigador Abel Irala, «las ocupaciones de tierras son una forma no institucional de ejercer presión a los gobiernos para que puedan actuar ante apropiaciones ilegales de tierras que deberían estar en manos de sujetos de la reforma agraria, pero sin embargo, están en manos privadas». 

Las ocupaciones de tierra no son un fenómeno nuevo, y contrario a lo que sostienen  gremios como la ARP, la cantidad de casos documentados se mantiene estable en la última década, con un leve repunte en 2019, último año documentado. Otro informe con datos del Poder Judicial muestra que la mayoría de los casos penales son por ocupaciones en Central, lo que habla de una dinámica cada vez mayor de problemas de acceso a vivienda urbana, como el violento desalojo en Luque en 2019.

En un comunicado conjunto el 1 de septiembre, varios movimientos campesinos como la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) y el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) declararon su oposición a los proyectos Riera-Zavala «de blindaje de tierras malhabidas». En el texto, las organizaciones denuncian que con su aprobación se aplicarán «sanciones sin un juicio previo», y aumentará la criminalización selectiva en el campo como las imputaciones masivas y sin pruebas de la Fiscalía en el conflicto por la tierra como ocurrió en el caso Curuguaty. 

Exigen además que la Procuraduría General de la República (PGR) avance en investigar la usurpación de tierras urbanas y rurales documentada en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia. La Asociación de Productores JOAJU, que representa a la comunidad campesina Primero de Marzo en disputa con los Bendlin, llevó su denuncia específica a la PGR y demanda que proteja «los intereses patrimoniales del Estado».

Entrevistada por Made In Paraguay, Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC) dijo por su parte que «el problema de tierra es un problema político en el país, mandar a todas las personas que luchan a la cárcel no resuelve el problema». Para Villalba, el argumento del senador Enrique Riera de que el proyecto busca ser «garantía de la paz social en el campo» es incoherente. «Hablan de que buscan la paz en el campo, y nosotros vemos que es al revés, entonces para que haya paz en el campo se debe distribuir las tierras en el país».

Movimientos campesinos e indígenas anunciaron la posibilidad de un paro nacional de aprobarse ambos proyectos en el Congreso.