«Vendo universidad privada de primer nivel en funcionamiento por viaje al exterior». El anuncio aparece en Clasipar, un popular sitio paraguayo de ventas por internet. Cuando hago la llamada al punto de contacto, el tipo que atiende me confirma que la oferta es real. Segundos después acordamos un encuentro.

El representante del dueño de la universidad que se oferta es un hombre de edad avanzada, tupido bigote blanco y gruesos anteojos que cuelgan de una cinta alrededor de su cuello. Me recibe en un bar del centro histórico de Asunción, entre cajones de cerveza y un televisor en silencio que muestra un partido de fútbol. Trae a la mesa una carpeta que rebosa de papeles. Me cuenta que es jubilado, pero que abrió una consultora para este tipo de representaciones comerciales. Mejor que sentarse solitario en una vereda a esperar la muerte, como hace gran parte de la población de su edad. No es el caso de don Miguel, claro, que aún va por la vida vendiendo cosas. Una universidad, en este caso. Por internet.

—Don Miguel, dígame, ¿por qué quiere vender el dueño?

Me cuenta que es la esposa del dueño quien presiona para que se venda. Ve poco al marido. Él sale a las 6 de la mañana de la casa y regresa recién a medianoche porque, además de ser dueño de la universidad, es el rector. «Ya es un señor mayor también», dice.

—¿Y cuánto pide, don Miguel?

—Un millón novecientos mil dólares.

—…

—Pero es de primer nivel.

El Estado al servicio de una universidad privada

Miguel abre su carpeta llena de papeles: copias del acta de constitución de la universidad, cantidad de alumnos, carreras, balance financiero, etcétera. «Son datos algo desactualizados, de hace un par de años, pero para que te hagas una idea», me dice.

La universidad que intenta venderme Miguel por casi dos millones de dólares con información desactualizada, operando hoy en día en una única sede alquilada, y que según los datos entregados tenía 365 alumnos y 27 carreras de grado habilitadas en 2013, es la Universidad Central del Paraguay, o UCP. La institución alquila como local una casa linda pero no muy grande sobre la avenida Brasilia, cerca de la Universidad Americana, otra universidad privada.

Miguel dice que desde hace tres años intenta concretar la venta. Que siempre parece que ya está por darse y, luego, finalmente el negocio cae. Dice que ya han pasado como veintiún interesados distintos: brasileros, chilenos y otros. Incluso la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), una universidad con 90 pequeñas sedes en todo el país, mostró interés en adquirirla para beneficiarse del nivel que la UCP tiene, que es superior, según Miguel. Que sus especialidades de Ingeniería y Odontología tienen laboratorios de primer nivel. Le pregunto por qué no se concretó la venta con la UPAP. Miguel frota el pulgar con el índice señalando que faltó dinero. Que incluso el dueño ofreció la posibilidad de una entrega del cincuenta por ciento y el resto fraccionado. Pero la operación no prosperó.

La UCP es una de las más de cincuenta universidades que operan en el país. Una investigación del periódico ABC Color indica que se originó como un negocio de un grupo de funcionarios paraguayos de la hidroeléctrica binacional Itaipú. Los accionistas de la universidad, funcionarios públicos previamente, tenían emprendimientos propios con capitales de pocos millones de guaraníes: una zapatería, una mercería. No obstante, tuvieron la capacidad de inscribir una universidad con un capital de 180.000 dólares aproximadamente.

La UCP fue creada por ley en el Congreso en el año 2006. Fue inscrita en los registros públicos en marzo del año siguiente. Ocho días después de dicha inscripción, antes incluso de empezar a operar, era ya adjudicada con su primer lote de becas de la hidroeléctrica Itaipú. Eran los años de la explosión del mercado de universidades privadas en Paraguay.

Las universidades privadas que los pobres pagan

En 1989, cuando cae la dictadura militar, en Paraguay existían solo dos universidades: una pública y una privada. En el año 2000, había más de diez. Hoy se ofrecen 4.500 carreras a través de 54 universidades y 37 institutos superiores habilitados por ley, distribuidas entre un altísimo número de filiales en todo el territorio nacional. Este crecimiento acelerado lo propició el Congreso de la República a mediados de la década pasada.

En 2006 se promulgó la Ley 2529 que modifica la Ley de Universidades. Es conocida como «Ley Marcos», en alusión al senador Juan Manuel Marcos, quien presidía la Comisión de Educación del Senado a la par de ser rector de la UniNorte, una universidad privada con 20.000 alumnos en todo el país.Los legisladores argumentaron que el Consejo de Universidades –hasta ese entonces el órgano con la potestad de permitir la creación de nuevas instituciones– al estar integrado por funcionarios estatales y rectores de las universidades principales del país, resultaba ser tanto juez como parte en el asunto. Concluyeron que se debía evitar la competencia desleal. Entonces decidieron sancionar que dicho Consejo existirá para dar un mero dictamen no vinculante y que ellos, los miembros de ambas cámaras legislativas, tendrían la última palabra. Desde entonces, los legisladores han estado a cargo del diseño de la oferta académica universitaria en el país.

Todo esto ocurría mientras Paraguay enfrentaba la diáspora migratoria más acelerada de su historia. Luego de la crisis económica del año 2002, la mitad de la población se encontró en situación de pobreza. Miles de paraguayos se vieron obligados a formar interminables filas fuera del Departamento de Identificaciones para conseguir un pasaporte y partir en busca de una oportunidad laboral a Europa. Con este fenómeno, pronto ingresaría mucho dinero al país a través de remesas, que se distribuyeron en un amplio segmento de la población.

El aumento sideral de estas remesas fue y sigue siendo importante para el crecimiento del mercado de universidades. La lógica es que si los hijos consiguen alguna calificación profesional no tendrán que migrar, como el padre o la madre, y podrán insertarse a un mercado laboral que de otra manera los expulsaría o subemplearía.

La relación entre el exilio económico y el crecimiento de la oferta de educación superior privada parece clara, si se considera que las remesas son el único de los mayores cuatro ingresos del país que se distribuye entre la mayoría de la población. Los primeros tres ingresos, por el contrario, no se distribuyen. La exportación de granos, la exportación de carne y las regalías de las dos hidroeléctricas binacionales –Itaipú y Yacyretá– tienen precisos y contados beneficiarios: un porcentaje ínfimo de la población.

Por lo demás, en Paraguay los más pobres no van generalmente a las instituciones públicas de educación superior. Pagan por estudiar en universidades privadas. Acceder a una universidad pública es difícil por múltiples razones. Por ejemplo, la oferta es territorialmente limitada y los costos de ingreso son altos. Además, los horarios de carreras como Ingeniería o Medicina impiden trabajar de manera paralela a los estudios, una obligación para quienes necesitan ganar dinero para sostenerse.

Pero este no es un fenómeno exclusivo de Paraguay. Un estudio de Unicef muestra que en varios países, la asignación de recursos públicos en la educación del 20 % más rico es hasta 18 veces mayor que la que se invierte en el 20 % más pobre. El negocio de las universidades privadas se sostiene sobre la necesidad de cientos de miles de familias pobres que sufren la ausencia estatal y la recurrencia de la separación por la migración. Intentan luchar contra ella con capacitación. Mientras tanto, los bienes comunes dirigidos a educación no hacen más que fortalecer la inequidad y el poder de las clases privilegiadas del país.

En la expansión está la ganancia

En 2007 el Congreso creó, en promedio, una nueva universidad cada 40 días. Un total de nueve en ese año. Para 2013, ya existían 54 universidades. En ese momento se creó un nuevo órgano público para reemplazar al Consejo de Universidades, venido a menos: el Cones, o Consejo Nacional de Educación Superior, cuyo dictamen sí tiene un peso vinculante para la creación de una nueva institución. Además, tiene la facultad de controlar a las universidades ya creadas, a fin de evaluar los programas y la carga horaria de sus distintas carreras. No obstante, es el Congreso el que controla la adjudicación anual del presupuesto público a las distintas instituciones gubernamentales. Por ende, al Cones lo dejan sin presupuesto.

Mientras, el negocio de las universidades privadas sigue en expansión, aunque ya no a través de la creación de nuevas universidades por ley, sino acentuando un método que cumple idéntica función: la venta de franquicias. Gerardo Gómez Morales, cuando era viceministro de Educación Superior, dijo en una entrevista sobre el modo de creación de universidades:

—Eran personas que tenían un instituto técnico o una pequeña academia de informática las que compraban los derechos para usar el nombre de las universidades. Es igual a abrir un local de McDonald’s; como franquicias de empresas, se abrían filiales de universidades e institutos superiores.

Hildegardo González, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, que obtiene un magro presupuesto desde 2015, reconoció los límites de su campo de acción:

—El trabajo hormiga es lento y muy difícil cuando se debe indagar unas 4.500 carreras que ofrecen las casas de altos estudios, tanto públicas como privadas, en todo el país, con tan solo 12 funcionarios contratados.

Como otro organismo de control público, queda la acreditación de carreras que niega u otorga otra pequeña oficina estatal: la Aneaes, o Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Su creación fue un requisito del Mercosur para establecer criterios compartidos en materia de educación profesional. La Aneaes emite, cobrando por el servicio de examinación, algo así como un ISO de calidad o una garantía de validez. Tiene un peso hipotético en el currículum de un egresado. Básicamente, su carrera está acreditada, lo cual podría interesarle a un potencial empleador.

Por otro lado, los congresistas paraguayos propiciaron aún más el crecimiento del mercado de las universidades privadas. Desde hace al menos diez años existe, en la normativa del Presupuesto General de la Nación, una bonificación por rango académico. Básicamente, esto permite que un funcionario público acceda de forma automática a un ingreso extra sobre su salario mensual al conseguir un título universitario.

Este posible sobresueldo hizo que cientos de miles de funcionarios públicos se conviertan en potenciales clientes para las casas de estudio. De este modo, Roberto1, un funcionario municipal mayor de 55 años, acude a una universidad privada un par de noches a la semana porque, si bien a estas alturas de su vida la cosa no le interesa demasiado, sabe que si obtiene un título universitario va a cobrar un millón de guaraníes más cada mes, aproximadamente 200 dólares americanos.

La trampa del negocio universitario

En 2012, el Viceministerio de Educación Superior compartió en un informe el daño colateral del modelo de negocio de la universidad privada: solo uno de cada diez jóvenes que inicia una carrera universitaria la termina. En 2006 se apuntaron cerca de 115 mil jóvenes a una carrera terciaria. Cuatro años después egresaron poco menos de 13 mil. A la par de que casi nadie finalizaba sus estudios, se formaban nuevas universidades y cada vez más jóvenes se lanzaban en busca del sueño profesional.

Para 2012 ya eran más de 300 mil los estudiantes inscriptos. De todos estos, 8 de cada 10 eran alumnos de instituciones privadas. Hoy en día, el Gobierno admite que no tiene información precisa sobre la cantidad de alumnos universitarios que existen en el país. Nicolás Morínigo, entonces viceministro de Educación Superior y autor del informe, argumentaba que el bajo egreso se debía a la falta de formación en investigación para presentar la tesis y por el abandono de las carreras. No especificaba si dicho abandono era de los alumnos o de las instituciones.

El crecimiento desmedido de la oferta educativa privada trajo consigo un problema derivado: es difícil terminar una carrera. A medida que pasan los semestres de estudio, las miles de carreras que se ofrecen por todo el país no pueden sostener todas un número considerable de alumnos para que sigan resultando rentables.

Es cierto que algunos estudiantes abandonan a mitad de camino y también es normal que la deserción ocurra en cualquier carrera. Pero, los restantes alumnos que sí tienen intención de seguir cursando sus estudios ya no pueden hacerlo porque la universidad cierra la carrera. Es la institución la que normalmente abandona a los alumnos.

El contrato que un alumno establece con una universidad no tiene garantías para el estudiante. Las probabilidades de quedarse sin carrera a medida que avanza en la misma son altas. En algunos casos, la institución les presenta un dilema que ella misma plantea como solución: o clausurar la carrera, o que los pocos estudiantes restantes vayan aceptando inesperadas y progresivas subas en los costos de estudio, lo que a su vez provoca mayor abandono.

Tomando en cuenta el bajo índice de egreso y la mecánica expansiva en que opera la oferta, se trata de un callejón sin salida para los alumnos. Pero es rentable para los dueños, sobre todo en los primeros semestres, que es donde las miles de carreras ofrecidas cosechan cuanto pueden.

Sin garantías de un futuro mejor

Vanessa Lezcano ha decidido no migrar, aunque haya tenido oportunidades y razones para hacerlo. Vive en Choré, un pequeño pueblo ubicado en San Pedro, uno de los departamentos más pobres del país. Fue mejor egresada en la escuela y el colegio. Empezó una carrera de negocios en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) durante dos años, pero esta cerró por no contar con el número requerido de alumnos: la institución necesitaba 10 alumnos como mínimo. En el quinto semestre ya no llegaban a ese número. Si alguna vez un grupo posterior completa el cupo, le dijeron, ella podrá sumarse para cursar la segunda mitad que le falta. De esto hace ya unos años.

Finalmente, pudo acabar una carrera en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) y ahora solo espera una fecha para defender su tesis. Allí también fueron disminuyendo los alumnos pero, para continuar, la administración ofreció a los alumnos subirles la cuota y así, según les argumentaron, completar los salarios de sus profesores. Ella y sus otros dos compañeros restantes aceptaron.

Cuando empezaron la carrera eran aproximadamente 12. Tuvo clases, habitualmente, jueves y viernes a la noche y los sábados de mañana y tarde, con profesores que venían desde la ciudad de Santaní. Cuando inició sus estudios la mensualidad era de 210 mil guaraníes, o 40 dólares. Terminó su carrera pagando más del doble.

Cuenta además que a la sede de la Universidad Nacional de Caaguazú, la única pública que opera en la zona inmediata, van los que no necesitan trabajar, ya que la carga horaria es de todo el día. Además de que allí se ofrecen solo las carreras de Agronomía y Veterinaria, dirigidas principalmente a familias con tierras de una extensión suficiente para sostener los estudios de sus hijos y aprovecharlos luego en su propia producción.

Por el momento, Vanessa Lezcano trabaja para un proyecto del Gobierno de duración limitada y enseña en ocasiones como ayudante ad honorem en una de estas universidades. Pero varios de sus compañeros y familiares ya no viven en Choré.

El campo paraguayo sigue expulsando población de forma constante y paulatina hacia las ciudades. Esta expulsión es un fenómeno mundial y se debe a la mecanización creciente de los modos de producción agrícola, que son más rentables que trabajar con personas. Los sucesivos gobiernos de este país, cuyos representantes también operan como agentes privados en dichos negocios mecanizados, no invierten, entre otras omisiones, en vías de comunicación aptas para el desarrollo ni en sistemas de protección social que permitan a los campesinos resistir la expulsión.

Así es que a partir de este desalojo paulatino de la mitad rural del planeta se cuece la esperanza de que una formación calificada evite el exilio o que, al menos, brinde herramientas para aterrizar mejor en donde fuera necesario ir. De esta ilusión, presente donde haya jóvenes, se alimenta la expansión de la oferta de educación superior en este y otros países. Pero la universidad que ofrecen por Clasipar tiene una sola sede, urbana, y no adoptó el modelo exitoso que implica abrir pequeños locales por todas partes.

Miguel, el representante comercial de la UCP, dice que el dueño rector nunca quiso abrir sedes aquí y allá como hacen otras universidades porque es un ingeniero celoso del buen nivel de su institución. No le va eso de vender franquicias a quien sea para manejarla a gusto en cualquier garage, sin injerencia alguna de la central. Miguel reconoce, sin embargo, que el negocio rentable está en esa diversificación territorial. La Universidad Central del Paraguay, pequeña como es, está compitiendo a media cuadra con la Universidad Americana y solo opera en la capital del país.

El ingeniero en cuestión, dueño y rector, fue funcionario de la hidroeléctrica Itaipú por muchos años. También formó parte de negocios privados que proveían servicios a Itaipú, como transporte o, en el caso de las becas, educación universitaria. Además, fue ministro del Ambiente en el país con los mayores índices de deforestación del mundo durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, del oficialista Partido Colorado.

En la UCP asume múltiples roles. Hasta hace de community manager. Así me cuenta Gabriela Lezcano, que allí estudiaba Diseño Gráfico. Cuando empezó la carrera eran más de diez alumnos. Actualmente son tres, y el año pasado no le permitieron siquiera rendir los exámenes finales del cuarto semestre, a pesar de haberlo abonado. Nunca empezó el quinto semestre. Luego de exigir una respuesta, la institución les ofreció a ella y a sus dos compañeros restantes seguir la carrera por módulos. El primero de ellos empezó el pasado abril, luego de haber perdido prácticamente medio año en la incertidumbre. Pero en dos meses apenas tuvo un par de clases. Sus profesores le confesaron que también hay otras carreras en suspenso.

Gabriela Lezcano, en la desesperación de los meses que han pasado sin respuesta, mucho antes de que le ofrezcan la solución modular aparente, calificó en Facebook a la Universidad Central del Paraguay con la nota de 1 sobre una escala de 5. Escribió esta breve pero tajante reseña:

«No recomiendo a nadie. Las carreras terminan al pedo y se quieren lavar las manos. Ni a mi peor enemigo le recomiendo.»

Sorprendida, recibió una respuesta del perfil de la universidad a mitad de la noche. «Ahora sí que se quedó sin opción», le dijeron, entre otras cosas. Luego de insistir, Lezcano logró hablar con el ingeniero, dueño, rector y community manager, en su despacho. Le reclamó la manera en que le escribieron desde el perfil de la universidad. El rector le dijo que la universidad es de él y en tanto suya puede hacer lo que quiera. Que puede poner en su página de Facebook lo que le venga en gana. Que se disgustó por los comentarios de ella y que a la universidad él la considera su bebé. Que por eso reventó y escribió lo que escribió a semejante hora, ya que maneja el perfil institucional desde su teléfono celular.

Gabriela se resignó. Hoy asume que perdió años de estudio, dinero y esfuerzo. Como iba hasta ese momento, planeaba graduarse el año que viene. Pero ahora, me dice, le toca empezar de cero en otra universidad.