Las big tech replican y reproducen las mismas lógicas coloniales que han alimentado el desarrollo económico en los últimos siglos. Es difícil la resistencia al mirar el mapa geopolítico del siglo XXI, donde las fuerzas políticas y privadas del capital están buscando en nuestros países mano de obra, minerales, energías, agua y tierras baratas para el desarrollo de la industria digital. Hoy los gobiernos de este continente, en su transversalidad ideológica, se entusiasman con ofrecer nuestros recursos sin siquiera sopesar con evidencia los supuestos beneficios socioeconómicos.

Así, en este escenario limitado, debemos exigir a nuestros gobiernos, en primer lugar, una mirada crítica a los impactos sociales, culturales, ambientales y económicos de las big tech. Sin embargo, hoy ocurre lo contrario; porque en muchos de los gobiernos están exejecutivos de esas compañías. Lo segundo, exigir políticas públicas tecnológicas integrales, diseñadas con principios de transparencia, participación amplia y evidencia científica, que incluyan el papel de nuestros países en la cadena de producción digital. Y, tercero, solidaridad radical como principio: no podemos conformarnos con que en un país avancemos, mientras las big tech desplazan sus efectos nocivos a la comunidad vecina.

Si bien en Paraguay todavía no hay data centers de gran escala, el fenómeno que se da en Brasil, Chile, México y otros países es muy similar a lo que ocurre aquí con la criptominería. En el ecosistema de derechos digitales les llamamos “depredadores digitales” porque tienen una forma colonialista de replicar el extractivismo en la tecnología.

En general, los centros de datos no facilitan información confiable, por lo tanto, debe haber mecanismos gubernamentales y civiles para auditar cómo funcionan. Ahora bien, estos mecanismos en nuestros países son bastante débiles porque los procesos participativos suelen diseñarse para legitimar decisiones ya tomadas. Entonces, una de las sugerencias es no aceptar las consultas apresuradas, pedir información y el tiempo suficiente para evaluar ese impacto. No se trata de decir “no” a la tecnología, sino de repensar en la sostenibilidad de esos centros de datos: enfocarnos en la información que realmente necesitamos almacenar para evaluar los impactos; no el lujo de detalles, por ejemplo, del reconocimiento facial y de movimiento que se están generando para vigilancia. La eficiencia también se debe basar en el diseño y en los datos que queremos utilizar a futuro.

El punto de partida es cuánta energía “sobra” hoy. El remanente —si es que existe— se debería subastar con reglas bien claras y públicas: vender energía y potencia a data centers vía subastas competitivas, considerando siempre el «costo de oportunidad» (lo que el país obtiene por ceder energía). Desde el punto de vista ambiental, se deberían fijar estándares mínimos para los centros de datos; por ejemplo, prohibir el uso de agua potable para enfriamiento. También es muy importante vincular permisos a la generación de empleo, capacitación (convenios con universidades técnicas) y compras locales.

Paraguay puede aprovechar su remanente hidroeléctrico sin volverse “patio trasero” si se fijan normas claras: subastas transparentes, precios correctos, estándares ambientales estrictos y prioridad al desarrollo nacional. Pero para eso, se requiere de un gobierno íntegro y patriota que tenga la voluntad de asegurar que cada megavatio invertido genere valor en el país y no solo para sus socios y amigos.

Debemos resistir y actuar colectivamente. Y este es el momento de hacerlo. A corto plazo, necesitamos una regulación estricta que garantice que la instalación de los centros de datos se realice tras consultar debidamente a la población local y a las autoridades medioambientales, teniendo en cuenta los enormes y ya documentados impactos sociales y climáticos de estos. 

Pero, más profundamente, es necesario romper con la lógica colonialista que ha marcado nuestra relación con las empresas tecnológicas. Los centros de datos son la reproducción perfecta de esta lógica: estructuras físicas que absorben recursos, generan pocos empleos y riqueza local, mientras contribuyen a acelerar la escala y las ganancias de unos pocos, muy lejos de América Latina. Necesitamos entender nuestro potencial no solo como proveedores de mano de obra barata y recursos naturales, sino como productores de innovación. Y para eso debe servir la infraestructura instalada aquí: una innovación en nuestros propios términos, que genere riqueza y desarrollo para nuestro pueblo e independencia y soberanía para nuestros países.