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Según el informe presidencial, «se lograron USD 50.000.000 otorgados por el Fondo Verde para el Clima (FVC) a la República del Paraguay para el Proyecto “Pago por Resultados de Emisiones REDD+ por el periodo 2015-2017”, debido a la venta de carbono». Aunque el monto y el pago es correcto –corresponde a una partida total de 72,5 millones de dólares– el Estado paraguayo admitió que no pudo demostrar con datos que políticas climáticas relacionadas a REDD+ (Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación forestal) como planes de apoyo a reforestación, controles ambientales o servicios ambientales tuvieron que ver con la reducción de emisiones y deforestación entre 2015-2017. Así puede leerse en la página 22 del propio informe oficial del Estado paraguayo al Fondo Verde del Clima (FVC) al respecto. El informe dice que «no ha sido posible identificar con certeza la causa de esta tendencia».
En un informe de la organización BASE-IS publicado en mayo de 2021 por los investigadores Guillermo Achucarro y William Costa, ambos académicos señalan que «la afirmación de que las reducciones que se observaron durante 2015 -2017 son producto de acciones concretas del Estado paraguayo, es muy difícil de sostener. Los documentos que se presentaron al FVC como evidencia, no vinculan de forma satisfactoria la disminución de emisiones a acciones del Estado».
En el informe, Achucarro y Costa desgranan objeciones a las políticas climáticas citadas por el Estado paraguayo como «posibles razones» de la reducción de emisiones y deforestación. Por un lado, «el mismo documento sí identifica como potencial causa de este aumento, la implementación en setiembre 2017 del Decreto 7702/17 del gobierno del entonces presidente Cartes».
Esta ley, antes de ser derogada con un decreto por el gobierno de Abdo Benítez en el 2018, permitía la deforestación en reservas boscosas. La documentación presentada al FVC en el marco de REDD+ no proporciona datos sobre cómo este decreto efímero impactó el nivel de emisiones por deforestación. Además, este decreto se ratificó en septiembre de 2017, pocos meses antes del fin del periodo de pruebas. «Por lo tanto, es improbable que haya producido un impacto tan notable en los resultados de 2016-2017», dicen Achucarro y Costa.
Otra política pública citada como posible causa de la reducción, la Ley Deforestación Cero, adolece de graves problemas de aplicación con el persistente desmonte en reservas privadas como San Rafael –reportadas por el periodista Aldo Benitez para Mongabay y La Nación en abril de 2021– y para cultivos como la soja, como documentan nuevos datos del Informe TRASE en junio de 2021. De hecho, las emisiones de gases de efecto invernadero en la Región Oriental aumentaron entre 2016 y 2017.
La tercera política conocida como la venta de servicios ambientales o «venta de bonos de carbono» consiste básicamente en el pago de una empresa o propiedad a otra para que la segunda mantenga sus reservas boscosas como mitigación del impacto ambiental relacionado a la empresa pagadora. Otra forma es el pago directo del Estado a propietarios como modo de incentivar a que mantengan las reservas en sus propiedades. La lógica que la sustenta es que el bosque en pie valga más que el bosque talado.
Pero el rol de esta ley en los resultados REDD+ también es difícil de confirmar. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) –la institución que debe gestionar el cumplimiento de la ley– aún no publica resultados sobre el impacto de la iniciativa. «Por lo tanto, es imposible saber de qué forma se ha contribuido a la reducción de la deforestación –y de las emisiones producidas por ella– en Paraguay», dicen Achucarro y Costa.
El mismo MADES reconoce que esta falta de transparencia es un problema grave. «La capacidad de la institución de garantizar el cumplimiento de esta ley, visiblemente se ve afectada por la falta de mecanismos claros para medir su impacto», según el Informe de BASE -IS.
La incapacidad reconocida por el Estado paraguayo de vincular sus políticas climáticas en la reducción de emisiones –incluyendo la venta de bonos de carbono– por la cual recibió millones de dólares del Fondo Verde para el Clima contradice la afirmación del informe presidencial.
Lo que asegura Mario Abdo es falso.