A cuatro años del ascenso de Mario Abdo Benítez como presidente de Paraguay, verificamos las promesas que realizó el 15 de agosto de 2018 en el discurso donde asumió el mando presidencial. Para verificar las declaraciones del presidente, transcribimos ese primer discurso, contrastamos sus declaraciones con informes oficiales del Estado, publicaciones de diferentes medios y documentos de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. A continuación presentamos algunas de sus principales promesas y un análisis de cuánto cumplió.
La pobreza y el desempleo aumentaron entre 2018 y 2021
En su primer discurso como presidente, Mario Abdo dijo que «necesitamos un crecimiento económico más inclusivo, sacarle a nuestra gente de la pobreza, de la pobreza extrema, disminuir el desempleo, una movilidad social ascendente». Pero datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) demuestran que la pobreza aumentó en estos 4 años.
El último informe publicado sobre la pobreza en Paraguay indica que ésta aumentó 2,7% del 2018 al 2021. El 2021 cerró con 1.951.020 personas se encontraban en situación de pobreza, según datos del INE. En cambio, la pobreza extrema disminuyó de 4,8% a 3,9% durante el mismo período.
Otro informe de 2020 del INE sobre pobreza muestra que durante el 2020, año en que inició la pandemia de la Covid-19, las transferencias monetarias realizadas por el gobierno evitaron que alrededor de 233.000 personas entrarán en la línea de pobreza y que 184.000 pasen a la pobreza extrema.
En cuanto a los niveles de desocupación, el 2018, año en que Mario Abdo asumió la presidencia, culminó con 203.038 personas desocupadas. Desde entonces, la tasa de desempleo aumentó de 5,7 a 8,5% hasta marzo de 2022. En el primer trimestre de 2020, el INE registró que 285.904 personas se encontraban desocupadas. Para el primer trimestre de 2021, el número de desocupados aumentó a 306.228 personas. Y en este primer trimestre del 2022, 317.030 personas se encontraban desocupadas.
Comunidades indígenas fueron desalojadas durante la pandemia de la COVID-19
Abdo Benítez prometió que “los pueblos indígenas, nuestros hermanos, ocuparán el lugar que les corresponde” y agregó que “es hora que el Estado asegure mejores condiciones de vida para ellos”. Pero, entre noviembre del 2020 y octubre de 2021, Base Investigaciones Sociales (Base-IS) registró 12 hechos violentos contra comunidades indígenas, que incluyen desalojos, quemas de viviendas y amenazas de muerte.
En abril de 2020, la Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda digna, Leilani Farha, publicó una nota de orientación para los Estados en la que instó a los gobiernos a “declarar el fin de todos los desalojos forzosos de asentamientos y campamentos informales” durante la pandemia de la Covid-19. Contrario a esto, 725 familias fueron afectadas por los 12 desalojos a comunidades indígenas ejecutados entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 según los datos de Base-IS.
Además, el Poder Ejecutivo recortó el 16% de los recursos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en el presupuesto general de 2021. Según el Informe 25 de Codehupy, «este presupuesto previsto para el Indi compromete seriamente las posibilidades de implementar acciones a favor del aseguramiento de tierras, la producción de alimentos y la generación de servicios básicos en el corto plazo».
Para Codehupy, cuando se cometen desalojos, el Estado paraguayo incumple directrices y observaciones internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, donde se reconoce el acceso de los pueblos indígenas al derecho a la tierra.
En julio de 2021 ingresó al Senado un proyecto de ley que buscaba frenar los desalojos mientras durara la pandemia. En audiencia pública de agosto del mismo año, Jan Jarab, representante de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en América del Sur, expresó su respaldo a la propuesta de ley y recordó la recomendación internacional de dar fin a los desalojos durante la pandemia. El proyecto hasta ahora no avanzó.
Deforestación continúa a pesar de la implementación de PROEZA
Como respuesta a la deforestación que sufre el país, Mario Abdo prometió en su discurso que «superaremos los problemas que originan la deforestación y trabajaremos en la reforestación como una herramienta de desarrollo rentable y sustentable». A pesar de la implementación de Proeza, un programa de reforestación con cultivos forestales como eucaliptales, en los cuatro años de gobierno, Paraguay perdió más de 1 millón de hectáreas de cobertura arbórea, indican datos de la Global Forest Watch. En 2021, se registraron 277 mil hectáreas de bosques deforestadas.
A finales de 2019, se aprobó el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Estado paraguayo para ejecutar el proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (Proeza). Este proyecto cuenta con un presupuesto total de USD 90 millones a ser desembolsados en 5 años, de los cuales USD 25 millones corresponden a una donación del FVC, y USD 49 millones son préstamos y concesiones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La contrapartida nacional es de USD 15.9 millones.
Una de las metas del proyecto es la reforestación de 24 mil hectáreas por año a través de la financiación de proyectos forestales. Verificamos la web del proyecto, encontramos que se menciona el inicio de las plantaciones, pero no se encuentran los datos de la cantidad de superficie reforestada a través del proyecto. Intentamos contactar con algún representante de Proeza, pero no tuvimos respuesta hasta la fecha.
En 2018, primer año de gobierno de Abdo Benítez, el país perdió 259 mil hectáreas de cobertura arbórea. Es el equivalente a la superficie del Departamento Central. Según la Global Forest Watch, el 93% de la pérdida de masa forestal de los últimos 20 años en Paraguay fue resultado de la deforestación.
La cantidad de superficie de plantaciones forestales y reforestación con fines de producción es de 206.470 hectáreas en todo el país desde el 2013 hasta el 2021, según datos del Instituto Forestal Nacional (Infona). En entrevista para La Precisa, el ingeniero Pablo Benítez, del Departamento de Monitoreo de Plantaciones Forestales del Infona, explicó que este dato es actualizado anualmente, a excepción del 2014 y el 2016, años en que no se actualizó el mapa.
Según Benítez, con la actual metodología de monitoreo, aunque se actualice periódicamente el mapa, no se puede determinar con exactitud cuánta superficie reforestada se incrementa anualmente. Además, el monitoreo no incluye las reforestaciones referentes a Planes de Uso de Suelo (PUT) en el Chaco «porque vemos que no hacen aún las plantaciones que deben realizar los propietarios» y porque «las reforestaciones en el Chaco no se ven en las imágenes satelitales, a no ser que sean grandes y antiguas plantaciones», explicó Benítez.
Actualmente, el Infona pretende utilizar Google Earth Engine, una herramienta gratuita que muestra el cambio de las superficies del planeta a partir de imágenes satelitales para mejorar el monitoreo de las áreas reforestadas del país, concluyó Benítez.
IVA sigue representando más del 50% de la recaudación de la SET
En el ámbito tributario, Abdo Benítez prometió que buscaría “generar políticas tributarias que nos permitan recaudar más ampliando la base de contribuyentes, disminuyendo la inequidad en el pago de los impuestos, profundizando la formalización de nuestra economía”. Datos publicados por la SET demuestran que aumentó el número de contribuyentes y que la recaudación fue mayor en su periodo de gobierno, pero gran parte de la recaudación tributaria sigue siendo a través del IVA, un impuesto que afecta en mayor proporción a los contribuyentes con menores ingresos, según el propio viceministro Oscar Orué.
Entre diciembre de 2018 y abril de 2022, la SET registró un aumentó el número de contribuyentes activos de 574.526 a 679.636. Esto incluye a personas físicas y jurídicas. A pesar de este aumento, 630.874 personas físicas no se encuentran aportando por haber pedido una suspensión temporal del RUC. Este número es casi el mismo número total de contribuyentes activos. En 2018, eran apenas 201.686 las personas en esta situación.
También según la SET, en 2021 el 51% de la recaudación tributaria seguía siendo a través del IVA, mientras que el y el 34% fue a través del IRE. Y el IVA es un impuesto que «afecta en mayor proporción a contribuyentes indirectos con menores ingresos», explica el viceministro de tributación, Óscar Orué, en un artículo suyo. Los demás tributos, como el ISC, IRP y otros, representan solo el 14% de la recaudación registrada por Tributación en 2021.
El Sistema Marangatu arroja que la recaudación aumentó en el periodo de gobierno de Mario Abdo. En 2018, el organismo estatal recaudó Gs. 12.780.192 millones y cerró el 2021 con Gs. 15.514.400 millones.
Para el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), la SET debería generar datos para detectar con mayor precisión los factores que causan los principales problemas del sistema tributario de Paraguay, como la evasión y la inequidad en la distribución de aportes de los contribuyentes. Pero esos datos no están disponibles en el sitio Web de la SET.
En entrevista para La Precisa, el viceministro Óscar Orué explicó que no existen datos actualizados sobre evasión de impuestos y que se están realizando los estudios correspondientes a partir de la reforma tributaria implementada con la Ley Nº 6380 en 2019.
Según CADEP, para que los datos de la SET sean relevantes, deberían «analizar e informar sobre las contribuciones de los diferentes sectores de la economía paraguaya (agropecuario, manufacturero, comercio y servicios), los grados de aportes de cada uno de ellos y el peso de estos aportes sobre el PIB de cada uno de los sectores».
La reforma de salud, una promesa pendiente
«En materia de salud iniciaremos la reforma que nos permita avanzar hacia un sistema único de salud con acceso y cobertura universal, enfocarnos en una medicina preventiva cerca del ciudadano», dijo Mario Abdo en su discurso. Ni él ni nadie se esperaba que el mundo atravesaría por una pandemia que colapsaría los sistemas sanitarios de diferentes países.
Falta de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), personal de blanco insuficiente para UTI de niños, stock de vacunas agotado, falta de medicamentos. Son varios los problemas por los cuáles sigue atravesando el sistema de salud de Paraguay durante la administración de Abdo Benítez.
Para febrero de 2021, casi un año después del inicio de la pandemia, Paraguay no había gestionado las vacunas contra la Covid-19 a tiempo y solo tenía como garantía el mecanismo Covax de la OMS para asegurar las vacunas. El 2021 cerró con 16.629 personas fallecidas por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.
Para el analista Vladimir Velázquez, la promesa de reformar el sistema de salud no fue cumplida. “Es inadmisible que un gobierno que capitaneó la emergencia sanitaria en el peor momento de la pandemia culmine su mandato sin encaminar los pasos decisivos para que esta transformación suceda” sostuvo Velázquez en entrevista para La Precisa. Agregó que “la pandemia devastó el país, pero paradójicamente propició condiciones inéditas para cambiar un sistema anquilosado”.
Abdo Benítez dejó en claro en su discurso que una meta de su gobierno sería «que ir a un hospital en Paraguay no se convierta en un drama mayor que la propia enfermedad». Pero en junio de este año, familiares de pacientes internados en el IPS Central acampan en carpas frente al hospital.
En materia de acceso integral a la salud, en agosto de 2019 el Ministerio de Salud fijó como meta para el 2023 la construcción y mejora de 702 Unidades de Salud Familiar (USFs). Ese año, se construyeron solo 39 USFs nuevas. A marzo del 2021, se contaba con 851 USFs en todo el país. Esto equivale a una USF por 8.640 habitantes, mientras que el Manual de Funciones de las USFs indica que cada Unidad puede tener máximo 5000 habitantes como población.