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Tres puntos para entender la ley de conflicto de intereses en un minuto:
- La ley de conflicto de intereses, vigente desde abril, busca evitar que funcionarios públicos intervengan en asuntos que afectan negocios a los que están vinculados directa o indirectamente. Esto incluye al presidente, legisladores, ministros y otras autoridades, así como a sus familiares.
- Si un funcionario público es propietario o accionista de una empresa que le podría generar conflicto de interés en su futuro cargo, debe vender sus activos o renunciar antes de la designación, elección o nombramiento.
- La ley prevé que cualquier ciudadano puede solicitar a la Contraloría la abstención o apartamiento de un funcionario público de un asunto en el que pudiera haber conflicto de intereses.
Si tenés más tiempo, te invitamos a leer el texto completo:
La Ley 7089/2023 de conflicto de intereses establece que funcionarios públicos deben abstenerse de intervenir en asuntos relacionados, por ejemplo, al rubro de empresas a las que estuvieran vinculados ellos o sus familiares.
Señala que el conflicto de intereses ocurre cuando los intereses personales, laborales, económicos, financieros, profesionales o de cualquier índole de una persona en función pública o su grupo familiar, podrían influir o influyeron en decisiones en el ejercicio de su cargo.
La ley subraya los impedimentos ya establecidos en la Constitución, como la prohibición de que funcionarios públicos trabajen en una empresa privada u otro tipo de organización que brinde servicios a la dependencia estatal en la que se desempeña. También prohíbe que sean socios o accionistas de una empresa proveedora de la dependencia estatal en la que tiene el cargo.
En el caso del presidente y vicepresidente, senadores y diputados, ministros de la Corte, así como ministros, viceministros y asesores del Ejecutivo, la prohibición se extiende a ser proveedores por sí o por terceros de cualquier organismo y entidad del Estado.
La nueva ley también propone que, ante potenciales conflictos de intereses, los funcionarios se abstengan de intervenir en temas que afecten sus negocios particulares. En el caso de senadores y diputados, esto plantea un desafío que en la práctica depende más de la ética de cada uno. Al respecto, la senadora del Partido Participación Ciudadana, Esperanza Martínez, dijo a La Precisa que «con esta mayoría cartista, veo difícil que se subordinen a esto porque vienen con mucha soberbia y prepotencia».
La abstención de un funcionario público debe ser presentada a través de una solicitud ante la autoridad máxima del órgano estatal en el que se desempeña, que puede aprobar o rechazar el pedido. La diputada por Capital, Johanna Ortega, explica que en el caso de senadores y diputados es el pleno el que debe aprobar o no la abstención. Hoy, el Partido Colorado tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso con 24 representantes en el Senado -incluyendo la incorporación de Zenaida Delgado, exmiembro de Cruzada Nacional- y en Diputados tiene 49 bancas.
Las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por los congresistas para asumir sus nuevos cargos, revelan que varios senadores y diputados colorados son accionistas e inversionistas en el rubro de la ganadería. Algunos de ellos ganan más de Gs. 40 millones al mes en el agronegocio.
A modo de ejemplo, si se tratara una ley sobre el impuesto a la exportación de carne y algún legislador se dedica a este rubro, la diputada Ortega considera que «sí podríamos estar hablando de un caso en el cual pidamos que no vote, ya que está directamente relacionado con el lucro».
Además de las declaraciones de bienes y rentas, los funcionarios públicos deben presentar su declaración jurada de intereses ante la Contraloría, como obliga la ley de conflicto de intereses. Esta contemplará los vínculos familiares hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad. Los documentos serán públicos en octubre de este año y tienen como objetivo ser herramientas que ayuden a evitar los conflictos de intereses.
Conocé a los congresistas con potenciales conflicto de intereses:
Luis Alberto Pettengill Vacca
Senador (ANR – Bancada Independiente)
Potencial conflicto de interés: ganadería, agricultura, tierra y construcciones
- Tiene 10.143 hectáreas destinadas a ganado vacuno
- 1.565 hectáreas destinadas a plantación mecanizada
- Gs. 100.500.000.000 en acciones en Frigorífico Guaraní
- Gs. 51.000.000.000 en acciones en la Constructora Paraná S.A.
- Fue presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes de 2020 a 2023
Silvio «Beto» Ovelar
Presidente del Congreso (ANR – Cartista)
Potencial conflicto de interés: ganadería, agricultura, forestal, tierra y construcciones
- Es dueño de 440 hectáreas destinadas a ganado vacuno
- Gana Gs. 45 millones al mes en el rubro de la ganadería
- Gs. 60 millones al mes por venta de eucaliptos
- Su esposa, Iris Magnolia Mendoza, directora jurídica en Itaipú, tiene bonos en CECON, cementera de Cartes
Walter Harms
Diputado por Itapúa (ANR – Cartista)
Potencial conflicto de interés: ganadería, agricultura, tierra, bancario, inmobiliario y forestal
- Gana Gs. 40.000.000 al mes en el rubro agropecuario y Gs. 40.000.000 por cuotas de loteamientos
- Gs. 8.510.300.000 en acciones en Banco Continental
- Gs. 1.587.500.000 en acciones en la loteadora Emprendimientos Paraná S.A.
- Gs. 520.000.000 en acciones en Produsur (procesadora de almidón y maíz)
- Gs. 997.500.000 en inversión en plantaciones de eucalipto
Virina Mauricia Villanueva
Diputada por Concepción (ANR – Cartista)
Potencial conflicto de interés: ganadería, tierra y automotores
- 879 hectáreas destinadas a ganado vacuno
- Gana Gs. 50.500.000 al mes por venta de ganado
- Gs. 45.580.000.000 en acciones en Ganadera Tropical S.A.
- Gs. 11.780.000.000 en acciones en Nipon Automotores S.A.
- Gs. 11.900.000.000 en acciones en Multimarca Motor JP S.A.
Colym Gregorio Soroka Benítez
Senador (ANR – Cartista)
Potencial conflicto de interés: ganadería, agricultura y tierra
- Es dueño de 323 hectáreas destinadas a ganado vacuno y porcino
- Gana Gs. 280 millones al mes por transporte de ganado
- Gs. 1.400 millones al año por actividad agropecuaria
- Tiene 300 hectáreas de soja, maíz y trigo
Fabiana María Souto de Alliana
Diputada por Ñeembucú (ANR – Cartista)
Potencial conflicto de interés: ganadería, tierra, construcciones y combustibles
- Tiene 225 hectáreas destinadas a la ganadería
- Gs. 250.000.000 en acciones en Fusión Pilar S.A., empresa que opera una Petropar en Pilar
- Gana Gs. 22.500.000 al mes en remanentes de Fusión Pilar S.A.
- Gs. 164.245.588 en inversiones en la empresa Fortaleza
- Su esposo, el vicepresidente Pedro Alliana, también tiene acciones en Fusión Pilar S.A.
