• En sesión de la comisión bicameral antilavado, los senadores Leite y Amarilla dijeron que las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) movieron 1700 millones de dólares en 2023.
  
  
• Pero no especificaron que el informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el que se basan abarca todas las OSFL, que son 5.873: desde iglesias, partidos políticos, clubes e incluso la Confederación Sudamericana de Fútbol.
  
  
• La comisión pidió a la DNIT los ingresos y gastos de cada OSFL, pero la dirección no entregó el detalle de los movimientos de ninguna organización porque es información reservada.
  
  

El jueves 10 de octubre, los senadores Gustavo Leite y Dionisio Amarilla dijeron en la sesión de la comisión bicameral antilavado que un informe de la DNIT revela que las organizaciones sin fines de lucro movieron 1700 millones de dólares en 2023. Aunque la cifra es correcta, la afirmación es imprecisa. Los senadores omitieron que el reporte abarca a todas las OSFL, no solo a un grupo de oenegés al que apuntan con la ley de control y transparencia, más conocida como ley garrote.

Lo que la dirección tributaria entregó a la CBI es un informe sobre el movimiento de todas las entidades sin fines de lucro activas en el Ministerio de Economía y Finanzas, que el año pasado eran 5.873. Óscar Orué, director de la DNIT, dijo a La Precisa que esto incluye iglesias, clubes de fútbol ―como Cerro, Olimpia y Libertad― y la Conmebol. También los clubes sociales, entre ellos el Centenario y Área 1. 

La ANR, el PLRA y otros partidos políticos forman parte de las casi seis mil OSFL, además de los gremios empresariales y de productores, como la ARP, UIP y Feprinco. Esto es lo que afirmó el senador opositor Rafael Filizzola en una conferencia de prensa, en la que cuestionó la manipulación del informe de la DNIT por parte de los miembros de la comisión.

Los 1700 millones de dólares que Leite y Amarilla pretenden atribuir a un grupo de oenegés, en realidad, corresponde a lo que movieron juntas la totalidad de entidades sin fines de lucro el año pasado. 

Por ejemplo, solo la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que tiene su sede en Paraguay, declaró en 2022 ingresos por USD 455 millones y una proyección de  USD 511 millones para 2023. Esto representa casi un tercio de los 1700 millones que Leite y Amarilla presentan como la plata que movieron las ONG.

Informe N° 1.036 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios a la Comisión Bicameral de Investigaciones.

En su respuesta a la comisión, la DNIT aclaró que su dirección de asesoría jurídica dictaminó que “no es factible” otorgar datos y documentos específicos presentados por los contribuyentes. Sin embargo, sí puede presentar estadísticas globales del movimiento de las OSFL, “sin individualizar a las mismas”. La comisión había solicitado el movimiento de ingresos y gastos de cada una de las organizaciones, y también datos sobre el caso de Lalo Gomes. Además, en una nota de septiembre, la CBI amplió su solicitud y pidió información individualizada de nueve entidades, entre ellas la Fundación Moisés Bertoni, Juntos por la Educación, Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso), Semillas para la Democracia, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo y Museo de Ciencias (MuCi). Varias de estas organizaciones ya remitieron informes a la comisión.

Del informe de la DNIT se puede concluir que el 72 por ciento de las organizaciones declaró ingresos de G 35 millones o USD 4.400 al año, muy por debajo de lo señalado por los senadores oficialistas. Solo el dos por ciento de las OSFL tuvo ingresos de 7 mil dólares.

La CBI también señaló que las entidades sin fines de lucro, en general, reciben dinero público. Pero esto resulta exagerado. Según el senador Filizzola, son 125 las organizaciones que figuran en el presupuesto. El Estado les destina unos 7 millones de dólares, que están sujetos a un régimen de rendición de cuentas.

Nota N° 47 de la comisión bicameral antilavado que solicita a la DNIT datos individualizados de nueve organizaciones sin fines de lucro.

Entre las organizaciones que reciben fondos públicos están las asociaciones de padres de Teletón, de niños con cáncer, fundación Saraki y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. 

La semana pasada, la Cámara de Senadores sancionó la ley de control y transparencia de organizaciones sin fines de lucro, también conocida como ley garrote. En la sesión, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que está para “combatir a los oenegeros que tienen que lamerle la suela del zapato” a sus “dignos hurreros”.

Organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, se posicionaron en contra de la ley por su carácter persecutorio y pidieron al presidente Santiago Peña que la vete. En ese sentido, la relatora de las Naciones Unidas por la libertad de asociación, Gina Moreno, había señalado que la ley no busca la transparencia, sino una “guerra contra las organizaciones sociales y las oenegés”.