Cuando al doctor Joel Filártiga le preguntan quién es Diógenes Martínez, no responde el cargo que ocupa en el gobierno de Horacio Cartes, el de ministro de Defensa. «Es un monstruo», sentencia, y con el aliento entrecortado, como si las palabras lo apuraran, comienza a citar un extenso prontuario, digno de un villano.

Joel Filártiga también es muchas cosas: médico, dibujante, pintor, poeta. Además es la persona a la que Anthony Hopkins encarnó en la película Un hombre en guerra en su faceta de luchador. A su hijo, Joel Hugo Filártiga, o Joelito, lo torturó y asesinó la policía de la dictadura de Alfredo Stroessner cuando tenía solo 17 años. Pero un joven juez de Asunción blanquearía estos crímenes de lesa humanidad con la carátula de «crimen pasional». Era Diógenes Martínez.

Los artífices del terror que infundió el régimen stronista entre 1954 y 1989 no han sido juzgados hasta hoy. Se condenó a algunos conocidos represores como Pastor Coronel con penas de entre 7 y 25 años. Pero no fue procesada toda la cadena de mando. «Los cargos políticos, los que estaban muy por encima de la estructura represiva, quedaron impunes», explica el abogado Hugo Valiente y autor de varias investigaciones sobre derechos humanos. Se refiere a los que idearon, planificaron y fueron cómplices de los delitos de lesa humanidad, delitos que pueden ser juzgados sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se cometieron. Pero en Paraguay, ocupan altos cargos en el Estado. Son Eladio Loizaga, Darío Filártiga y Diógenes Martínez.

Diógenes Martínez: un juez a medida de la tiranía

Jueces como Diógenes Martínez apañaron torturas y desapariciones en la dictadura. Su complicidad es penal, explica Valiente. «Participaron de farsas judiciales. Convalidaban declaraciones tomadas bajo tortura, por ejemplo». Para Rogelio Goiburú, hijo de un desaparecido de la dictadura y hoy encargado de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, no quedan dudas: «Deben ser juzgados».

Martínez, abogado y dirigente del partido Colorado, fue nombrado como ministro de Defensa en 2015. En marzo de 2017, advirtió que los militares estaban listos para salir a las calles en medio de las protestas en contra de una enmienda de la Constitución para una re-elección presidencial. Aunque admitió que una intervención militar interna no sería legal, sugirió repetidamente que los militares deberían movilizarse de forma «preventiva».

Durante la dictadura de Stroessner, avanzó en su carrera judicial. Se inició como secretario de un juzgado de Asunción en 1970. Luego fue agente fiscal, juez y abogado profesional designado por la Corte Suprema para reemplazar a jueces en caso de inhibición. Llegó a ser fiscal general poco antes de la caída del régimen. En esos años también consolidó su militancia en el partido del dictador. Convencional de la seccional 14, miembro de una comisión de la Junta de Gobierno, delegado electoral partidario en numerosas ocasiones, son algunos de los roles que ejerció en la ANR en los mismos años en el que el aparato represivo del Estado perseguía, torturaba y desaparecía a personas por su adherencia a partidos de oposición: liberales, febreristas, comunistas.

La represión no hubiera sido posible sin cómplices o autores morales, sin cadenas de mando en donde varias personas emitían las órdenes que otros ponían en práctica. Para Rogelio Goiburú, personas como Martínez o el actual ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, fueron partícipes necesarios de la dictadura. «De la cabeza de ellos, del accionar de ellos desde sus oficinas, se cometieron terribles crímenes», explica.

Eladio Loizaga: la cancillería de la guerra fría

Eladio Loizaga inició su carrera diplomática en los años del stronismo. En agosto de 1981, se convirtió en director del departamento de Organismos, Tratados y Actos Internacionales de la Cancillería, y en 1983, asumió como director general. El periodo coincide con el desarrollo del Plan Cóndor, un plan coordinado de control, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones entre los gobiernos dictatoriales de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura y datos del Archivo del Terror, casi medio millón de personas en toda la región fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas en el marco de este plan. Y la diplomacia lo facilitó.

No hay matanzas sin un relato, sin un guión bien articulado que justifique el terror. La amenaza del comunismo era el relato, el combustible que avivó la represión en Latinoamérica. Se defendía y promovía a través de reuniones y conferencias de organizaciones como la Liga Mundial Anticomunista. Entre algunos de sus miembros figuraban autoridades nazis como Otto Skorzeny o Theodor Oberlander, o Sun Myung Moon, un auto-denominado mesías de la Iglesia de la Unificación, la misma que tiene el mayor latifundio de Paraguay. Stroessner fue parte de esa organización, y el país fue sede de una de sus reuniones preparatorias al congreso mundial de la Liga. Entre los encargados de coordinarla se encontraba Eladio Loizaga.

«Fue un cómplice del terrorismo de Estado. Ideó, planificó, buscó fondos para llevar adelante los planes de exterminio», asegura Rogelio Goiburú. Su padre, Agustín Goiburú, fue secuestrado en un operativo conjunto entre autoridades paraguayas y argentinas del Plan Cóndor. Hasta hoy, Rogelio lo busca entre los más de 400 desaparecidos de la dictadura paraguaya. Para él, Loizaga no puede ocupar un cargo de responsabilidad en un Estado que se precia de ser democrático. Sin embargo, el Estado lo avala. En el 2005, el periodista Nemesio Barreto presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el actual ministro por su participación en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. «La denuncia quedó en la nada, como siempre», cuenta.

Darío Filártiga: la lealtad al poder

Tanto en los años del stronismo como ahora, estos hombres siguen ejerciendo los privilegios del poder. Dario Filártiga Ruiz Diaz, uno de los asesores políticos más cercanos a Cartes y vice-presidente de la ANR, tenía a 14 militares a disposición en su casa hasta el año pasado. Sus funciones incluían retirar vestidos de la esposa de la tintorería. En dictadura, contar con el servicio de militares era una práctica común, algo que Filártiga Ruiz Díaz conoce de primera mano. Fue el subsecretario del ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, uno de los hombres claves de Stroessner que utilizó a la policía para reprimir en todo el territorio.

Muestra de su lealtad al dictador, viajó a Brasil para rendirle tributos en su sepelio: fue uno de los oradores principales. Con Cartes emula este espíritu cómplice y adulador. Cuando se debatía en el Congreso la necesidad de aumentar las tasas de impuestos al tabaco, Filártiga Ruiz Diaz se erigió como férreo defensor de los intereses del presidente, quien es uno de los mayores tabacaleros del país y está acusado de promover el contrabando de cigarrillos en la región. Para el asesor, el proyecto de ley era un intento de la oposición de legislar desde «el odio y el fanatismo». La incondicionalidad le rinde sus frutos, tanto que estuvo cerca de volver a la cartera donde hizo su carrera en el stronismo, pero esta vez como ministro del Interior del gabinete de Cartes. Actualmente, es candidato a senador por el partido Colorado para el próximo periodo legislativo.

¿Cómo se juzga a los hombres de un dictador? ¿A los colaboradores y cómplices que le permitieron perpetuarse en el poder por más de tres décadas? Con un sistema judicial independiente, que investigue todos los niveles de responsabilidad en la estructura del stronismo y que castigue acorde, dice Valiente. Mientras más alto el cargo en una jerarquía, mayor es la responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad y también el castigo. Pero no cree que esto ocurra: «El proceso de transición democrática en Paraguay se construyó sobre un pacto de impunidad».