Una revisión de 35 contratos disponibles en la página de compras públicas revela que el Ministerio de Salud pagó 122 mil millones de guaraníes a sanatorios privados por la tercerización de terapia intensiva entre 2010 y 2019. Casi 80 por ciento de este monto fue adjudicado a las empresas Aldama & Hijos SA – Sanatorio San Sebastián y Docto SRL.

La principal proveedora en ese periodo es Aldama & Hijos SA, propietaria del Sanatorio San Sebastián de Fernando de la Mora. Sus representantes legales son Julio César Aldama Ortiz, Juana Fretes Coronel y Julio Sebastián Aldama Fretes. La empresa obtuvo diez contratos con el ministerio por más de 73 mil millones de guaraníes. También proveyó terapia a IPS y el Ministerio del Interior -Hospital de Policía-, con lo que sus adjudicaciones ascienden a G. 125 mil millones.

En segundo lugar está Docto SRL, que hoy tiene el Sanatorio Americano de Asunción. Su representante legal es Isabel Juliana Chaparro Denis. El Ministerio de Salud adjudicó a esta empresa nueve contratos por más de 20 mil millones de guaraníes para la tercerización de terapia intensiva en los últimos diez años. La firma también proveyó otros servicios médicos al IPS, Ministerio del Interior e Incoop. Así, sus contratos alcanzan casi G. 50 mil millones en este periodo.

Otra empresa es el Hospital Privado Samaritano S.A., que de 2011 a 2015 proveyó servicios de terapia intensiva a Salud por casi 10 mil millones de guaraníes. Le sigue la firma López Ramos SA con un contrato de G. 4.800 millones y el Consorcio de Terapias Intensivas Privadas del Paraguay (Conteipar) con adjudicaciones que superan los G. 4.200 millones. De vuelta, Aldama & Hijos SA y Docto SRL aparecen como integrantes de este consorcio.

La mayor cantidad de tercerizaciones de terapia se dio en 2015 bajo la gestión del entonces ministro Antonio Barrios, con un total de once contratos a diferentes empresas. Pero desde 2016, solo Aldama & Hijos SA y Docto SRL aparecen como proveedoras de este servicio al Ministerio de Salud. Juntas sumaban diez contratos hasta el año pasado.

La tercerización de servicios de cuidados intensivos es una manera de paliar la falta de inversión en salud pública. En seis años, los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez sumaron poco más de 100 camas a las unidades de terapia intensiva (UTI). La pandemia de covid-19 evidenció con toda su crudeza este déficit histórico en los hospitales.

Mismas empresas proveen terapia intensiva a pacientes de covid-19

No fue hasta la declaración de pandemia que el Ministerio de Salud entró en una carrera por reforzar los servicios de cuidados intensivos. De marzo a septiembre de 2020, la cantidad de camas aumentó de 308 a 529. La doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias del ministerio, calcula que en estos seis meses la inversión en UTI ronda los 70 millones de dólares. Aclara que el monto no incluye al personal de salud, que sigue siendo insuficiente: hay poco más de 200 médicos intensivistas.

Pese a que el ministerio casi duplicó la cantidad de camas en estos seis meses, la capacidad está al límite. A comienzos de septiembre, el ministro Julio Mazzoleni firmó convenios con seis sanatorios privados para derivar pacientes covid-19 que requieran terapia intensiva cuando no haya disponibilidad de UTI en los hospitales públicos. Las empresas son Sanatorio Británico, Sanatorio San Sebastián, Sanatorio Christian, Sanatorio Americano, Sanatorio Central Samaritano y Sanatorio San Roque – Sucursal Hospital Univ. San Lorenzo. Todas son proveedoras del Estado.

Este convenio implica que el ministerio pagará G. 5 millones por cama convencional y 13 millones por cama de terapia intensiva, por día y por paciente. Hasta el viernes 25 de septiembre, la doctora Pintos dijo que eran cinco los pacientes que habían sido derivados a los sanatorios para su internación. Detalló que hasta esa fecha, tenían 53 camas en los servicios privados de Asunción y Central y que esperaban llegar a las 100 camas en todo el país con la firma de más convenios.

Este servicio se financiará con el remanente de los fondos de emergencia de Salud, que tenía asignado 514 millones de dólares de los préstamos que hizo el Gobierno por la pandemia. Oficialmente, el ministerio no ha informado cuánto costarán estos convenios con los sanatorios. «Tenemos un límite en el monto, exactamente no sé cuánto es, pero sé que tenemos un límite», responde la directora de Terapias.

Los acuerdos con las empresas están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y son prorrogables.