Mario Abdo calificó de «exitoso» un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el que no pudieron dar con un solo miembro del grupo criminal pero asesinaron a dos niñas de once años.

Se desconocen las circunstancias por las que se encontraban en el norte del país, la zona donde opera el grupo criminal desde el 2008.

Lo que se sabe es que fueron criadas en Misiones, Argentina, y que están relacionadas por parentesco a dirigentes del EPP. Ambas tienen nacionalidad del vecino país. También se sabe que el Estado paraguayo tenía la responsabilidad de protegerlas, no matarlas. Las niñas en zonas de conflicto son víctimas.

«Investigar sin demora y de forma imparcial» fue el pedido de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU al gobierno sobre las muertes de María Carmen (Aurorita) y Liliana Mariana. «Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país», agregó en un comunicado del 6 de septiembre.

Manifestó su preocupación por la posible alteración de evidencias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitó a Paraguay fortalecer los esfuerzos para prevenir el reclutamiento forzoso de niños por parte de grupos armados y expresó su repudio por la muerte de las niñas a manos de la FTC.

A través de Cancillería, el gobierno paraguayo rechazó estas expresiones de organismos internacionales. Incluso «retiró su confianza» a la Alta Comisionada. Pero las muchas irregularidades perpetradas por las autoridades con Aurora y Liliana siguen presentes. Así como la responsabilidad del Estado hacia ellas.

Las acusaron de haber entrado en combate. Pero las mismas autoridades confesaron destruirevidencias como sus vestimentas, claves parasaber exactamente qué pasó.

Aseguraron que entraron al país de forma ilegal. Pero el Gobierno sabía desde finales del 2019 que las niñas estaban en territorio paraguayo. También sabía desde 2015 que el EPP ya tenía la práctica de reclutar a adolescentes en sus filas.

Acusaron a familiares de fraguar sus documentos. El 4 de septiembre, la Cancillería argentina confirmó que se trataban de ciudadanas argentinas.

Dijeron que eran adolescentes de entre 15 y 18 años. Tenían 11 años.

La Constitución Nacional, en su artículo 54, indica que hay corresponsabilidad de la familia, sociedad y Estado en la obligación de garantizar que los niños se desarrollen de forma armónica e integral.

La Convención de los Derechos del Niño –aprobada y ratificada por nuestro país– en el artículo 2, es explícito: los Estados parte deben tomar «todas las medidas para asegurar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de sus tutores o familiares».

El Estado paraguayo, además, ha aprobado el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados a través de la Ley 1897.

En el artículo 6, manifiesta que niños que estén en su jurisdicción y hayan sido reclutados o utilizados en hostilidades, deben ser desmovilizados o separados de algún modo.

Una investigación de la organización Save the Children afirma que la utilización de niñas y niños en conflictos armados vulnera todos sus derechos. También dice que la mejor manera de prevenir es garantizando acceso a educación y un entorno seguro y amable.

En 2018, más de 12 mil niños y niñas murieron o resultaron heridos a causa de la violencia relacionada a conflictos. Unos 7.000 fueron reclutados a la fuerza.