Acta secreta de Itaipú

En julio de 2019, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) apoyaron al gobierno de Mario Abdo Benítez en medio del escándalo por el fallido acuerdo secreto de Itaipú, que establecía que la ANDE compre energía más cara de la hidroeléctrica compartida con Brasil. El presidente estuvo a un paso de la destitución ante indicios de un negociado con el gobierno de Jair Bolsonaro en perjuicio de intereses paraguayos.

Los miembros de estos gremios tienen grandes contratos con el Estado. Como Eduardo Felippo, expresidente de la UIP y dueño de Trafopar SA, proveedora de transformadores a la ANDE. También José Luis Heisecke, presidente de Capaco, que con Constructora Heisecke SA realiza obras para el MOPC.

Crisis en el Conacyt

Una investigación que vincula el uso de agroquímicos con daños al ADN en niños, financiada por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), provocó el enojo del agronegocio. Esto derivó en un reclamo de gremios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y UIP, que  presionaron para condicionar la aprobación de proyectos en el consejo, donde eran mayoría. En diciembre de 2019, el sector logró ubicar a Eduardo Felippo, contratista del Estado y expresidente de la UIP, en la presidencia de Conacyt. El empresario reconoció que la investigación sobre plaguicidas había molestado a los sojeros.

Rechazo del Acuerdo Escazú

Los gremios empresariales hicieron lobby para que Paraguay no ratifique el Acuerdo de Escazú, que es un tratado suscrito por países de América Latina y El Caribe para la protección del ambiente. Entre ellos se pronunciaron la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Feprinco, ARP y UIP, que acusaron al acuerdo de «atentar contra la soberanía nacional» y poner trabas al intercambio comercial e incorporación de tecnología.

A esto se sumó el arzobispo Edmundo Valenzuela, que vinculó el tratado con el aborto y la «ideología de género». El presidente Mario Abdo retiró del Congreso el proyecto de ratificación del acuerdo en diciembre de 2019.

Veto a expropiación de Marina Kue

Alegando una preocupación ambiental, los mismos grupos de poder que rechazaron el Acuerdo de Escazú presionaron para evitar la expropiación de Marina Cué a favor de campesinos y campesinas, entre ellos sobrevivientes de la masacre de Curuguaty de 2012.

Gremios como la UGP, Feprinco, Fecoprod, Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), con apoyo de oenegés como WWF, se pronunciaron contra la ley aprobada por el Congreso que transfería esas tierras al Indert. Si bien el presidente calificó la expropiación como una «reivindicación histórica», volvió a ceder y vetó la ley en enero de 2021.

Negociado de la deuda de Petropar con Pdvsa

Negociaciones frustradas de la deuda de Petropar con la venezolana Pdvsa derivó en la interpelación en la Cámara de Diputados al jefe de gabinete civil Juan Ernesto Villamayor en enero 2021. Pero antes de dar explicaciones a legisladores, rindió cuentas a la UIP y ARP.

Tras la reunión, el presidente de los industriales Gustavo Volpe dijo que Villamayor les demostró que todo se trató de un «error de comunicación» del gobierno. Una postura que no fue compartida por un sector de su propio gremio como la UIP Joven, que reclamó una investigación a fondo del caso Pdvsa.

Según reveló el Washington Post, el acuerdo con el autoproclamado gobierno de Juan Guaidó incluía una comisión de 26 millones de dólares para el abogado intermediario Sebastián Vidal. El profesional argentino también es abogado del empresario Carlos Abdo, tío del presidente Mario Abdo.