300 policías desalojaron a unas 100 familias campesinas que habían ocupado un inmueble en Ypekua. En el operativo, al menos 40 mujeres fueron golpeadas y torturadas. Antonia Escalante perdió a su bebé a causa de los golpes: los policías le patearon la panza. Llevaron preso a su marido y a otros dirigentes. Los policías también amenazaron a las mujeres con violarlas y arrojar a sus hijos a un pozo.
Después de trece desalojos, los campesinos consiguieron las tierras. Eran casi 1.200 hectáreas de tierras mal habidas propiedad de Julio Leiva Azuaga, un ex funcionario del Instituto de Bienestar Rural, actual Indert. Llamaron al asentamiento «Juliana Fleitas», en memoria de la hija de Antonia Escalante. El Indert regularizó las tierras.
La Justicia archivó la investigación de la muerte de Juliana «por no tener imputados individualizados». Antonia y sus compañeras nunca obtuvieron una reparación.