Decidimos desarrollar este registro enfocado en mujeres campesinas e indígenas porque se encuentran entre las principales víctimas de la violencia estatal en Paraguay. Prestar atención a cómo ellas viven el conflicto por la tierra revela aún más al plan de expulsión al campesinado y las comunidades indígenas de sus territorios para hacer lugar a la producción agro-ganadera.
Si bien no las matan como han asesinado a más de 120 campesinos desde 1989 –hombres que son sus maridos, hermanos, hijos–, el aparato represor del Estado, en complicidad con el agronegocio, despliega toda su crudeza sobre ellas infundiendo terror y despojándoles de lo poco que tienen para subsistir. Enferman a sus hijos e hijas con fumigaciones, queman sus viviendas, pisotean sus alimentos, les humillan, sus golpes interrumpen sus embarazos, violan sus cuerpos y las encierran sin una sola garantía de protección.
La sistematicidad con la que policías, avalados por fiscales, jueces y otras autoridades, realizan estas acciones en desalojos o conflictos de tierra derriba la teoría de que se puedan tratar de errores individuales en los procedimientos. Se requiere de planificación y organización entre distintos órganos del Estado y grupos de poder económico.
Organizar los casos documentados en este sitio es una manera de visualizar cómo se despliega dicho plan a lo largo de todo el país. También es una forma de dar más relevancia a las agresiones que han sufrido campesinas e indígenas a manos de quienes deberían protegerlas. Y por último, es hacer memoria para evitar que estos hechos nunca más se repitan.