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Facturan con nuestros impuestos pero recurren a la justicia para no declarar sus ganancias
Más de 3.000 empresas proveedoras del Estado presentaron sus declaraciones juradas en 2020 a la Contraloría, como obliga la ley 6355. Pero entre mayo y julio de este año, 160 presentaron acciones de inconstitucionalidad para no rendir cuentas.
Un directivo de la UIP, Jorge Pappalardo, argumentó que la ley es «inconstitucional» y que pondría más trabas a los procesos de compras públicas.
¿Qué tienen en común algunas de estas empresas?
Están entre las mayores contratistas del Estado, mientras piden achicarlo y denuncian corrupción. Pero ellas se oponen a transparentar su riqueza cuando parte de ésta proviene de millonarios contratos públicos –de dinero que se recauda de nuestros impuestos.
Entre las empresas que no quieren presentar sus declaraciones juradas figuran:
El grupo empresarial de la familia Scavone, uno de los mayores proveedores del Estado en el rubro farmacéutico.
La principal proveedora de seguro médico del Estado, Asismed SA.
La constructora del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, la más beneficiada con adjudicaciones del MOPC durante el gobierno de Cartes.
La constructora vinculada a la familia del ex ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona.
La principal proveedora de servicios móviles del país, Telecel SAE, cuya marca comercial es Tigo.
Mercurio SA, de la familia Zucolillo que es propietaria del diario ABC Color.
La empresa Artes Gráficas Zamphiropolos. Una de las accionantes, Patricia Eulerich Zamphiropolos, es la esposa del ex ministro de Hacienda, Benigno López.
Canales de televisión como Televisión Cerro Corá SA, Paravisión, Televisora del Este y Televisora Itapúa, todos del grupo Albavisión.
