Secreto en la patria contratista

Más de 100 empresas privadas promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley que les obliga a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas si tienen contratos con el Estado. La Justicia las benefició con la suspensión de la ley. Conocé en esta base de datos a las empresas que no quieren rendir cuentas:

Investigación Romina Cáceres • Edición Jazmín Acuña • 16·11·20

La empresa vende medicamentos a instituciones como el Ministerio de Salud, IPS y Senadis. También tiene una línea de productos agroveterinarios, siendo una de las proveedoras de la vacuna antiaftosa al Senacsa. El laboratorio solicitó los permisos para importar la vacuna contra la covid-19 Sputnik V (Gamaleya), pero la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud rechazó el pedido por presentar documentación «poco fiable».
💼 Accionantes: Sin registro
La farmacéutica es otra de las empresas del grupo Harrison con millonarios contratos con el Estado. Es una de las proveedoras de medicamentos –entre ellos oncológicos– del Ministerio de Salud e IPS, así como del Hospital de Policía y Clínicas. A enero de 2021, la firma está en carrera por la importación de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer/BioNTech.
💼 Accionantes: Christian Aldo Harrison Paleari, Robert Alexis Luis Harrison Paleari, Óscar Arecio Harrison Jacquet, María Eugenia Paleari de Harrison, Hermelinda Jara
La empresa Omni SA figura con el nombre de fantasía “Radar” en Contrataciones Públicas. Tiene contratos con numerosas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Presidencia de la República y la Corte. En 2017, la firma ganó una licitación de la Dinac para proveer un radar al aeropuerto de Concepción por el que cobró casi G. 50.000 millones y que seguía sin funcionar en 2020.
💼 Accionantes: Eduardo Daniel de Gásperi Camacho, Carlos de Jesús Ramírez Molina, Carlos Alberto Vallejo Naidich, Gustavo Adolfo Batista de Brix, Jorge Aquiles Alfonso Ramírez, Martín Arias Dos Santos
Alberto Gross Brown – AGB Constructora comenzó sus operaciones bajo la denominación Osapar SRL en 1977. Como empresa tiene una sola adjudicación por el servicio de mantenimiento del edificio del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (Muvh), pero tiene otros contratos como parte de consorcios con otras firmas. Junto a TOCSA, en 2019 ganó la licitación del Ministerio de Obras para la construcción de nuevos centros penitenciarios por G. 67.799.082.348. También en consorcio con la misma empresa obtuvo la adjudicación de un llamado para reparaciones de edificios del IPS por G. 35.370.000.000 este año.
💼 Accionantes: Alberto Miguel Gross Brown Costa, Alberto José Gross Brown Canillas, Irene Gross Brown Canillas, Cecilia Gross Brown Canillas, María Gross Brown Canillas

El poder detrás del poder

Reportajes sobre los responsables, vínculos y proyectos de la patria contratista

Preguntas frecuentes sobre esta cobertura

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«Secreto en la patria contratista» es un registro de empresas que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta Ley obliga a cualquier empresa que tiene contratos con el Estado a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas a la Contraloría General de la República (CGR), tal como deben hacer los funcionarios públicos. Acá podés conocer los antecedentes de dichas empresas, cuántos contratos tienen con el Estado, la cantidad de dinero público que recibieron y qué conexiones tienen con el poder político.

La declaración jurada es un documento que debe contener datos patrimoniales certeros sobre ingresos y egresos, inmuebles, vehículos, actividad agropecuaria, deudas, facturación, gastos administrativos y otros. En este caso, permite identificar a accionistas, directivos y otros con cargos similares en empresas o asociaciones, información relevante para conocer quiénes están detrás de las organizaciones y sus conexiones. Esto permite a su vez detectar posibles conflictos de intereses. Pero por ahora esta información no es pública.

La Sala Constitucional de la Corte suspendió los efectos de la Ley para las empresas que presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Esto significa que, hasta que la Justicia dicte sentencia, esas empresas pueden seguir con sus negocios con el Estado sin rendir cuentas.

La Ley 6355/19 alcanza a:

Accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado, así como toda persona física o jurídica que de algún modo contrate, preste un servicio o realice una obra para el Estado.

Autoridades, miembros del consejo directivo o similar, socios fundadores y/o cualquier otro integrante con cargo directivo o de gestión de asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas que reciban fondos o algún tipo de contraprestación del Estado, municipalidades, gobernaciones, entidades binacionales, empresas del Estado y/o cualquier entidad pública.

La constancia de presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos es un requisito para participar en cualquier modalidad contractual con el Estado. La presentación ante la Contraloría se debe realizar dentro de los 15 días de concretarse y al término de la misma.

Utilizamos resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que suspenden los efectos de la Ley 6355/19. En total son 160 resoluciones de mayo a julio de 2020. Las copias de estos documentos fueron proporcionados por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte en respuesta a un pedido de información pública. También usamos información disponible en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como páginas oficiales de las empresas citadas y publicaciones de archivo de diferentes medios de comunicación para reconstruir los antecedentes de cada una.

Contiene información de 30 de las 160 empresas que hasta julio de 2020 presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19 ante la Sala Constitucional de la Corte. Para seleccionar esta primera treintena consideramos el ránking de los principales proveedores del Estado según la DNCP y la relevancia política: no todas las empresas son grandes contratistas pero son parte de grupos empresariales poderosos.  Este es un registro en construcción que ampliaremos de forma contínua.

Las resoluciones judiciales que usamos de fuente, en muchos casos, no especifican quiénes son accionistas y directivos, por lo que identificamos los nombres de personas físicas y jurídicas como “accionantes”. Señalamos “accionistas y directivos” solo cuando estos datos figuran en las resoluciones de la Sala Constitucional. También consignamos los representantes legales que aparecen en Contrataciones Públicas. 

El registro incluye información sobre el rubro en el que se desempeña cada empresa, si es o no contratista del Estado, así como la cantidad y monto en guaraníes de las adjudicaciones de 2010 a julio de 2020 que figuran en Contrataciones Públicas. En algunos casos, tanto el monto como la cantidad corresponden a una sola empresa y no a los consorcios que integran con otras firmas. El total de licitaciones adjudicadas que consignamos excluye las adjudicaciones canceladas, por lo que los números en algunos casos podrían variar. En la sección de “Antecedentes” detallamos más información sobre la empresa, sus dueños y vinculaciones.

Creamos este registro porque consideramos que es de interés público conocer cuáles son las empresas contratistas del Estado que se oponen a rendir cuentas, a pesar de que parte de sus ganancias provienen de las adjudicaciones de dinero que es público. Algunas, incluso, se han enriquecido a costa de grandes o numerosos contratos con instituciones estatales. 

También nos parece importante evidenciar el doble discurso que algunas manejan con el tema de la transparencia. Se movilizan con pedidos de achicamiento del Estado, ruidosas denuncias de corrupción a través de sus medios y oposición a una reforma impositiva más justa. Al mismo tiempo, utilizan su influencia para que la ciudadanía no pueda indagar sobre el origen de su propia riqueza cuando ésta tiene vínculos a contratos públicos.

Sin dudas. Este registro, como todo el trabajo que producimos en El Surtidor, es de acceso y uso libre. Podés utilizar y remezclar la información para el propósito que quieras. También distribuir con fines comerciales, remixando y compartiendo trabajos derivados.

Reportera investigadora: Romina Cáceres • Editora: Jazmín Acuña • Editor visual: Juan Heilborn • Diseñadora: Jazmín Troche • Desarollo web: Eduardo Ayala • Ilustradora: Lorena Barrios • Editoras de comunidad: Sara Campos & Guadalupe Acosta

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