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El gobierno de Mario Abdo Benítez sostiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó pagar una indemnización de US$ 63 millones a Juan Arrom y Anuncio Martí, imputados por el secuestro de María Edith Bordón (2001) y con estatus de refugiados políticos en Brasil desde 2003. Ambos demandaron al Estado paraguayo por desaparición forzada y tortura ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que forman parte la CIDH y la Corte IDH.
Sin embargo, el Informe de Fondo de la CIDH del 5 de setiembre de 2017 (pág.43) no menciona ese monto en ninguno de los cuatro artículos de las recomendaciones y se limita a sugerir la reparación “material e inmaterial”, tras concluir que el Estado es responsable de la violación de derechos humanos de los demandantes. Estas recomendaciones fueron rechazadas por el gobierno de Horacio Cartes y, en consecuencia, la CIDH elevó la causa a la Corte IDH, que comenzó las diligencias con una audiencia pública en su sede de Costa Rica. Aunque Arrom y Martí reclamen en su demanda 50 ó 60 millones de dólares, la Corte IDH es la instancia que decidirá si condena o no al Estado paraguayo. En caso que sí condene al Estado, fijará los montos de resarcimiento económico a su criterio, así como otros mecanismos de reparación. Paraguay tiene siete condenas de la Corte Interamericana y en ninguno de los casos el resarcimiento económico superó los 350.000 dólares, según Soledad Villagra, del Mecanismo de Prevención de la Tortura.
Desde fines de diciembre de 2018, el procurador Sergio Coscia da a entender en diferentes entrevistas que una millonaria condena por parte de la Corte es prácticamente un hecho, como este titular de ABC Color: “Arrom y Martí serían resarcidos con US$ 63 millones, advierten”. Tampoco corrige a los periodistas cuando le consultan sobre la supuesta recomendación de la CIDH para pagar esa indemnización, como en esta nota de Radio Ñandutí:
Periodista: “Sergio, ¿cómo tomás esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió un informe en el que recomienda que el Estado paraguayo pague US$ 63 millones a Juan Arrom y Anuncio Martí?”
Procurador: “Con absoluta preocupación, extrema preocupación de parte del Estado”.
Este tipo de respuestas se dio en otra entrevista con el mismo medio y en Radio Monumental. Titulares del tenor de “CIDH aconseja a Paraguay pagar USD 63 millones a Arrom y Martí” se repiten.
Pero lo concreto es que la Comisión Interamericana de DDHH no aconseja una compensación de 63 millones de dólares en el Informe de Fondo del 5 de setiembre de 2017. El órgano se limita a realizar cuatro recomendaciones al Estado paraguayo, entre ellas ésta, que figura en el artículo 1: “Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción”.
En los demás artículos, dispone la atención física y mental para la rehabilitación de las víctimas, de ser su voluntad, y el pago de estos servicios en Brasil. Igualmente, recomienda reabrir la investigación del secuestro y tortura en Paraguay. En cuanto a los mecanismos de no repetición, aconseja fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público, sobre todo en casos de “graves violaciones de DDHH”, entre otros.
Entonces, ¿de dónde salen los US$ 63 millones que sostiene el gobierno y han repetido varios medios? El monto proviene de la demanda de Arrom y Martí, según el Ministerio Público. La indemnización propuesta por los demandantes se divide en 34,5 millones de dólares para Arrom y familia; más 28,5 millones para Martí y familia. En total, el monto asciende a 63 millones de dólares. No obstante, el mismo Juan Arrom en la audiencia pública ante la Corte IDH, dijo que pedía una compensación “simbólica de 50 millones de dólares”. No es posible contrastar las cifras, atendiendo que la demanda no es un documento de acceso público, explicó la abogada Mirta Moragas, especialista en DDHH.
Aunque Arrom y Martí reclamen 50 ó 60 millones de dólares, eso no significa que la Corte IDH condenará al Estado a pagarles ese dinero. Además, como antecedente, en ninguna de las siete sentencias por violaciones de derechos humanos de esta misma Corte al Estado paraguayo se ha superado la cifra de 350.000 dólares en concepto de resarcimiento económico.