El 19 de mayo el Ministerio del Ambiente (MADES), la Fiscalía y la Policía intervinieron cinco establecimientos ganaderos en Tacuara, en Benjamín Aceval, Presidente Hayes. Un incendio se había llevado cerca de 10 mil hectáreas. La hipótesis del MADES es que el fuego empezó cuando los responsables de una de las estancias quiso convertir una zona boscosa en tierra para pasturas de ganado. 

Lo que no saben, dice Julio Mareco, el director de Fiscalizaciones del ministerio, es en cuál estancia inició. «Nosotros fiscalizamos porque una de las estancias nos avisó que entró el fuego a su propiedad. Ahora tenemos que delimitar (sic,) dónde inició para establecer responsabilidades». Mareco dice que, de igual modo, intervinieron todas las estancias involucradas. De los nombres de los establecimientos que Mareco citó en entrevista, El Surtidor pudo verificar la existencia de dos en Benjamín Aceval: la Estancia La Carmen y una propiedad a título de Francisco Ocampo Obholz. La intervención a todas las propiedades se da porque «podría haber faltas administrativas, las estancias tienen que tener sus sistemas de protección de incendios», explicó Mareco.

Según la plataforma Global Forest Watch, entre el 1 de abril y el 24 de mayo, sólo en el departamento de Presidente Hayes hubo 10.734 alertas de incendios. Es la zona con más alertas –focos de calor identificados por satélites– en Paraguay. Son esos fuegos que se ven del otro lado del río desde Asunción, cuya humareda y cenizas arrastra el viento hasta la ciudad. Mareco admite que no tienen datos más precisos, pero los disponibles en Global Forest Watch dicen que, como mínimo, la cantidad total de alertas de incendios no bajó durante la cuarentena. Y que, en comparación a fechas similares en 2019, aumentaron casi diez veces por día en Presidente Hayes.

La gran mayoría de esos focos de calor son incendios provocados por el hombre: ya sea para la quema de basuras,  para limpiar terrenos o para convertir bosques en pasturas destinadas a  la ganadería, lo que se conoce como «cambio de uso de suelo». La deforestación y los incendios,  el cambio de uso de suelo para la ganadería, están entre los principales productores de gases de efecto invernadero que contribuyen a la crisis climática en esta región. Los incendios, en un círculo vicioso, son más graves por la misma crisis climática que modificó los periodos de lluvia, afirma Mareco. «Antes los productores quemaban sus terrenos para nueva pastura porque sabían que en una fecha determinada llovía. Ahora ya no es así».

Un fiscal acusado de encubrir deforestación y un ministerio sin presupuesto

En todo el Paraguay hay apenas 22 unidades fiscales de delitos ambientales, según dice Claudio Carracela, asistente fiscal del Ministerio Público. Y las mismas unidades no se encargan solo de investigar crímenes contra el ambiente, sino también de delitos informáticos y casos de narcotráfico, en toda su variedad. Proseguir con la investigación de qué pasó en las cinco estancias de Benjamín Aceval quedó a cargo del fiscal de Villa Hayes Fernando Ariel González. Una designación insólita, ya que el propio Ministerio del Ambiente denunció a González ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en febrero de 2020. El MADES acusó al fiscal de «actuar con actitud parcialista» a favor de Miguel Ángel García en otro delito ambiental: el desmonte de 5.000 hectáreas de bosque en su estancia ganadera en 2019.

Según el descargo del ministerio, desde el principio de esa investigación, el fiscal se negó a dar informaciones o respuestas a consultas sobre el proceso. Incluso, abogados del MADES fueron hasta la Fiscalía de Villa Hayes y recibieron solo evasivas, según la denuncia. El caso llegó a la fiscalía luego de que García haya sido multado por deforestar. Lo que García debía pagar era 516.000 guaraníes por hectárea deforestada, menos de cien dólares.

El asistente de despacho del fiscal Fernando Ariel González se negó a informar a El Surtidor sobre los avances de la investigación de los incendios en las estancias de Benjamín Aceval. Adujo que no podía dar ninguna información por teléfono, sólo a través de una nota entregada de manera presencial en la Fiscalía de Villa Hayes.

La intervención a las estancias se dio en la misma semana que el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, anunció a Abc Color que reducirán la cantidad de técnicos debido a los topes presupuestarios, ya que el Ministerio de Hacienda no está desembolsando fondos.

Oviedo calculó que cada paraguayo pone apenas 1 dólar para que el ministerio haga cumplir las más de 50 leyes ambientales que tiene a su cargo. El Ministerio del Ambiente es uno de los más desfinanciados en Paraguay, con un presupuesto menor a algunas municipalidades. Julio Mareco, de la Dirección de Fiscalizaciones, admite que la reducción impactará en la de por sí exigua capacidad de control de delitos como la deforestación o incendios para cambio de uso de suelo: la primera línea de combate contra la crisis climática. «En medio de la precariedad intentaremos, como siempre, hacer nuestro trabajo», dice Mareco.

¿Quiénes combaten el fuego?

Un problema adicional con los incendios forestales es que no es el Ministerio del Ambiente quien está obligado a prevenir y monitorear, son las municipalidades. Las quemazones no controladas son ilegales según la ley 4014. Según la ley, las municipalidades deben conformar una red con la Universidad Nacional de Asunción para prevenir y controlar incendios forestales. Pero nueve años después de su promulgación en 2011, la red nunca se conformó. Tampoco se sabe cuántas municipalidades tienen los recursos humanos para la tarea Por último, la falta de transparencia en el financiamiento de candidatos en elecciones municipales, es un factor que puede cuestionar la voluntad política para perseguir faltas ambientales a nivel local.

Es una de las tantas razones por las cuales la justicia climática no se reduce tan solo a la deforestación, como explican Sara Seux y Makarena Gímenez: «la crisis ambiental es también un problema social». Gimenez y Seux son voceras del capítulo paraguayo de Fridays for Future, el movimiento internacional contra la crisis climática fundado a partir de las protestas de Greta Thunberg y otros niños y adolescentes en 2018. «En Paraguay los menos responsables del cambio climático y la deforestación son los que más sufren sus consecuencias. Éstas se ponen cada vez peor, cambios drásticos en las temperaturas, olas de calor, aumento de la desertificación. Afectan desproporcionadamente a los pequeños agricultores campesinos e indígenas» dicen ambas en una declaración conjunta al ser consultadas al respecto.

Mientras los representantes del empresariado rural mienten sobre la responsabilidad del agronegocio o minimizan el aporte de Paraguay  en las emisiones que causan la crisis climática, deciden ignorar que el país produce más gases de efecto invernadero por persona que China o EE.UU, y que el país es el más vulnerable a los efectos de la crisis climática debido a la falta de infraestructura y la dependencia económica a la ganadería y agricultura extensiva. Aunque Paraguay tiene un plan de «adaptación» al cambio climático, sigue sin políticas específicas que, por citar un ejemplo, aprovechen el potencial eléctrico de Itaipú para disminuir el consumo de combustibles fósiles que contaminan el aire de Gran Asunción.