Texto: Juliana Quintana - Edición: Romina Cáceres

Al comenzar su día, Susana Oviedo se va a enfocar en conseguir temas para su cobertura en Relaciones Exteriores. Como además de periodista es investigadora, más tarde, grabará una charla en una plataforma en línea. Pasado el mediodía, recibirá mensajes masivos de colegas y amigos que se solidarizan con ella. Al comienzo, no entenderá de qué se trata. Entre los mensajes de apoyo que le llegarán al WhatsApp, Susana encontrará que en X (antes, Twitter) una comunicadora oficialista expone un contrato de consultoría que la periodista brindó a la Fundación Comunitaria Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). 

Susana fue una de las primeras víctimas de una campaña de desinformación montada por las milicias digitales el 17 de septiembre de 2024. Le siguieron otros periodistas, entre ellos y ellas, Menchi Barriocanal, Alcibíades González Delvalle y Estela Ruiz Díaz. Durante días, las milicias apuntaron a descalificar a trabajadores de prensa y activistas por haber cobrado alguna consultoría a organizaciones de la sociedad civil, presentando esto como “sospechoso”. Este tipo de operaciones fueron habituales durante las sesiones de la comisión bicameral de investigación antilavado (CBI), creada en el marco de la discusión de la ley de control a las organizaciones sin fines de lucro o ley garrote, impulsada por el oficialismo. 

“Milicias digitales” es el nombre que le dieron a la causa del Supremo Tribunal de Brasil que investigó una presunta organización criminal dedicada a difundir desinformación en redes sociales sobre el sistema electoral brasilero. Son grupos de operadores políticos con cuentas en redes sociales (algunas reales, otras falsas) que desinforman con la intención de manipular el debate público. A diferencia de los mercenarios digitales, que son empresarios, consultores y estrategas del poder político, las milicias se mueven como un enjambre para adular al líder, condenar al oponente y posicionar temas.

Mientras que en el caso argentino, el gobierno lo implementa como una estrategia comunicacional y tiene el control de granjas de trolls, cuentas bots y otras herramientas digitales, en Paraguay es un movimiento afín al cartismo que se coordina para crear la impresión de respaldo popular o «falsas multitudes» (trolles). Su objetivo es atacar a la prensa crítica, opositores y a cualquiera que cuestione al oficialismo. 

La Precisa analizó el discurso de estas milicias en la plataforma X durante los pedidos de informe a las organizaciones por parte de la CBI. El periodo analizado abarca el 17 de septiembre de 2024 —fecha en que se filtraron documentos privados de periodistas y activistas— hasta el 12 de octubre —tres días después de la sanción de la ley contra las ONG en el Senado—. Para esto, contamos con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Identificamos 75 perfiles desinformantes, que, en su mayoría, se presentan como hombres de ultraderecha. También se caracterizan por una marcada postura a favor del oficialismo y publican en contra el expresidente Mario Abdo Benítez, la exsenadora Kattya González o cualquier otro político crítico al cartismo. Estos milicianos operaron para instalar narrativas contra las organizaciones.

Las narrativas desinformantes movilizan intereses, confunden y embarran la conversación pública. En periodos electorales o contextos políticos álgidos pueden erosionar la confianza en las instituciones y espacios propios de una democracia, como la prensa o la sociedad civil. Esto lo vimos en las últimas elecciones, por ejemplo, con la trama del fraude electoral. Agentes maliciosos amplificaron esta desinformación con la finalidad de generar ruido y definir lo que se discute en el entorno informativo. 

En el marco de la campaña oficialista contra las ONG, identificamos que las principales narrativas de las milicias digitales giraron en torno a la transparencia, la corrupción y la soberanía.

Narrativa 1: «El que nada debe, nada teme» o el relato de la transparencia

Uno de los principales argumentos del cartismo para promover esta ley era la supuesta necesidad de garantizar “transparencia”, insinuando que las organizaciones de la sociedad civil que administran fondos privados no rinden cuentas. Sin embargo, estas ONG ya cumplen una serie de obligaciones ante instituciones como Seprelad, Ministerio del Trabajo, IPS y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Mientras que aquellas organizaciones que gestionan fondos públicos también están obligadas a rendiciones mediante regulaciones específicas.

Pero la transparencia no parece aplicar a todas las ONG por igual. Cuando investigaciones periodísticas revelaron los vínculos del senador y proyectista Gustavo Leite con la Asociación Civil Comunidad Cenáculo, dedicada a la rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas, se negó a mostrar documentos y condicionó su divulgación a que otras organizaciones de la sociedad civil hicieran lo mismo. 

En aquella oportunidad, se definió como “oenegero transparente”, pero su ONG no cumplió en declarar ante Seprelad, Senad y el Ministerio de Salud. El día en que  se publicó esta noticia, milicias digitales aplaudieron los dichos de Leite y Cenáculo, reforzando una vez más su postura en favor del gobierno. Varios de ellos retuitean frecuentemente publicaciones del perfil de Santiago Peña, otras autoridades o cuentas de instituciones públicas. 

Narrativa 2: Extrapolación de la corrupción pública al esquema privado

La comisión bicameral de investigación solicitó informes a distintas organizaciones en septiembre, e hizo públicos los documen­tos que recibieron en el marco de las investigaciones con el fin de “promover la rendi­ción de cuentas y la transpa­rencia en el manejo de fondos de las oenegés”. Esto, pese a que, como expresaron los miembros del estudio jurídico Colab Abogados EAS en su respuesta a la comisión, no existe una obligación de presentar datos de carácter privado a la CBI.

En ese contexto, los milicianos digitales se aferraron al discurso de la corrupción en X, replicando el modelo de denuncias que acostumbran a llevar investigaciones periodísticas, como en los casos de nepotismo del poder político. El argumento es que si las organizaciones no transparentan el origen de su financiamiento es porque “se chuparon toda la plata y no la utilizaron en la mejora de la calidad de vida del pueblo paraguayo”. 

Este pedido de “transparencia” a organizaciones que se financian de forma privada busca confundir con la idea de que las ONG cobran dinero público y, a su vez, extrapolar al sector privado la obligación de los gobernantes de rendir cuentas y servir a la ciudadanía. Discursivamente, esto borra las fronteras entre sociedad civil-gobierno y desdibuja las obligaciones de quienes hoy incurren en un abuso de poder. Además, busca provocar indignación y repudio presentando cifras desproporcionadas.

Como explicamos en este chequeo, las ONG no movieron 1.700 millones de dólares  en 2023, como afirmó el senador Gustavo Leite en la sesión de la comisión antilavado el 10 de octubre. En su exposición de argumentos omitieron mencionar que el informe de la DNIT incluye iglesias, partidos, clubes y hasta la Conmebol. La manipulación de este dato evidencia la estrategia persecutoria denunciada por las ONG.

Narrativa 3: «Los oenegeros promueven la agenda globalista» o el relato de la soberanía

El argumento parte de una creencia que se sostiene en una teoría conspirativa. El discurso se basa en que las ONG están al servicio de intereses extranjeros o poderosas élites globales que pretenden entrometerse en políticas locales y promover una agenda global, amenazando la soberanía del país. 

Esta narrativa desinformante, promovida por legisladores y amplificada por milicianos digitales, postula que el trabajo de las organizaciones en la defensa de los derechos humanos, la democracia o el medio ambiente forman parte de un plan para imponer valores transnacionales en lugar de responder a las necesidades nacionales (una premisa que se basa en la desconfianza hacia organismos internacionales como la ONU, la OMS y otros). Así, las milicias desconocen que la misma Constitución garantiza la defensa de estos y otros derechos.

Esta no es la primera vez que se cuela una narrativa antiglobalista desde el cartismo. Como demostramos en el libro Ruido, grupos antiderechos implementaron estrategias discursivas para incidir en políticas públicas y, a su vez, utilizaron narrativas falsas para instalar un debate público en torno al Plan de Transformación Educativa. 

Hay una sinergia oportunista entre la derecha y los movimientos provida, avanzan juntos. Mientras critican el carácter global de la defensa de principios democráticos, se alinean a políticos neoliberales como Donald Trump y Javier Milei. Repiten la idea de que la agenda “woke” (“despierta”, en inglés) puede llevar a la degradación moral de las infancias y adolescencias, rompiendo el modelo de la familia tradicional.

El modus operandi de las milicias digitales 

Según los hallazgos de la base de datos de La Precisa, 36 de los 75 perfiles identificados divulgaron facturas de periodistas y activistas. Publicaron en promedio 54 tuits sobre la ley garrote por día. De los 1.416 tuits analizados de estos perfiles, 997 fueron RTs, 285 fueron citas (QT) y 71 respuestas. Solo 63 tuits fueron originales, lo que denota coordinación. Sin embargo, la conversación fue todavía más grande. Otro análisis de El Clip revela que, entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre, la conversación sobre la ley garrote generó 17.854 tuits. Estos son cerca de 686,6 tuits por día.

Entre los tuits con mayor engagement de nuestra base de datos se encuentran publicaciones del perfil que opera bajo el nombre “Rocío La Negra”; Hugo Portillo, exgerente del Banco Amambay —actual Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes—; una cuenta que se autopercibe “colorada” y “conservadora” que publica bajo el seudónimo “Gordi”; Héctor Acuña, director editorial de Informate Py; el militante cartista y presidente de Capasa José Ocampos; la asistente fiscal en Ciudad del Este (funcionaria permanente de la Fiscalía al menos, hasta el 2023) y militante provida, Dannia Rios Nacif y el perfil “The Equalizer”. 

La investigación en X también arroja que el hashtag más utilizado en este periodo fue #Nepocird, y el enlace más compartido fue un artículo de InformatePy titulado “Prostitutas”, una nota sin firmar que se refiere a los periodistas como “agentes extranjeros”, “mercenarios” y “prostitutas de la información”.  

Estos datos, que hablan del volumen y la frecuencia de la desinformación, exponen el modus operandi de una campaña coordinada entre operadores políticos, periodistas afines al gobierno y trolls. De hecho, varios de estos perfiles coinciden con los que montaron campañas de desinformación en periodo electoral en 2023, como el esquema de desinformación sobre el supuesto ingreso ilegal al país de “hackers brasileños” y la operación en redes para la destitución de la exsenadora opositora Kattya González.

El presidente Santiago Peña promulgó la ley garrote el 15 de noviembre, aprovechando el escenario de algarabía que provocó el triunfo de la Albirroja en las eliminatorias para el Mundial de 2026. Esta iniciativa es similar a otras en Nicaragua, Honduras, Georgia y Rusia que buscan achicar el espacio cívico. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), denuncian que la ley es inconstitucional.