—¿Qué te cuesta un beso? Nadie se va a enterar.

Era el 30 de abril de 2014. Llovía. Carolina Wolf estaba sentada en el auto con Gustavo Rodríguez Andersen, profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la principal de Paraguay. Wolf era estudiante y delegada de curso en la carrera de Medicina en la filial de la UNA en Santa Rosa del Aguaray, a 250 kilómetros al norte de Asunción.

Andersen la había invitado a un congreso académico en la capital, para que después pudiera orientar a sus compañeros. A la salida, se ofreció a llevarla, pero antes dio un paseo por el campus de la universidad y detuvo el coche junto a una plantación de caña de azúcar, «una zona oscura», recuerda Wolf.

—Me duele mucho el cuello— dijo el profesor.

Wolf le miró y vio cómo Andersen se manoseaba los genitales. «Lo único que me vino a la cabeza fue mi familia. Saqué mi celular y empecé a mostrarle fotos de mi papá, mi mamá, mis hermanos, para hacer pasar la situación», cuenta. Luego, le pidió que la llevara a un supermercado cercano, donde vendrían a buscarla. Pero al llegar al lugar Andersen volvió a insistir. Se acercó a Wolf, la agarró del cuello, la intentó besar. Hubo un forcejeo.

Wolf zafó como pudo de Andersen, se bajó del auto y caminó hasta el supermercado. Estaba asustada. Llamó a su novio y le pidió que viniera a buscarla. «Le dije que un profesor había intentado pasarse conmigo. Le pedí que nunca más me dejara venir sola a la universidad», cuenta.

Después de ese episodio, Andersen no volvió a intentar besar a Wolf, ni a tocarse frente a ella, pero los abusos continuaron. «Lo que hacía era gritarme frente a mis compañeros en clase. Me quedaba muda cuando me hablaba. Él me decía que era una burra, una imbécil, una idiota, y que era así porque era mujer», dice Wolf.

Wolf no sabía cómo explicar a su familia lo que le estaba pasando. Se quedó callada. También sus compañeros. «Nadie se iba a levantar a decirle a Andersen que no se pasara conmigo. Si hacés eso, muere tu carrera», cuenta Wolf.

En 2015, los universitarios de la UNA rompieron el silencio y tomaron el Rectorado como medida de protesta contra las múltiples irregularidades de la institución. Corría septiembre con denuncias e imputaciones por corrupción a decanos y autoridades de altos cargos académicos. El hashtag #UNANoteCalles era tendencia en redes sociales. En medio de ese silencio roto, Wolf supo que Andersen había presionado sexualmente a una de sus compañeras.

«Para mí fue una bofetada en la cara. Hasta ahora me culpo pensando por qué no hice yo la denuncia cuando me pasó. No salía de mi cabeza lo que había pasado con mi compañera. Entonces decidí que eso tenía que parar. Entendía que él era una persona poderosa, pero yo no podía estar tranquila, entonces hice la denuncia», cuenta.

El poder que silencia a las estudiantes víctimas de violencia de género

Además de ser el encargado de evaluar las tesis de los egresados que quieren convertirse en docentes de la universidad, Andersen enseñaba en la Facultad de Ciencias Médicas de la sede de la UNA en Asunción y en la filial de Santa Rosa del Aguaray. Por la suma de todos sus cargos, su salario ascendía a 38 millones de guaraníes (unos 6.700 dólares al mes). Es uno de los sueldos más altos de la universidad, que sigue percibiendo pese a estar suspendido de sus funciones.

Andersen era conocido en la facultad por sus agresiones verbales contra los alumnos. En varios audios grabados por los estudiantes durante sus clases, el profesor los amenaza. «Te voy a fundir la vida», «Si me rompés las bolas, te voy a echar de la facultad», se lo escucha decir.

Wolf denunció a Andersen a comienzos de noviembre de 2015. En el perfil victimológico que le hicieron en la Fiscalía, se evidenciaba que había sido víctima de un delito contra su autonomía sexual. Con estos datos, el fiscal Julio Ortiz imputó a Andersen por acoso sexual, mientras la UNA apartaba al profesor de la docencia y abría un sumario.

Pero en febrero de 2017, en la audiencia preliminar por el caso, el mismo fiscal Ortiz pidió el sobreseimiento del docente. Admitió que Wolf había presentado la denuncia demasiado tarde –en un plazo superior a seis meses– y que era imposible perseguir el delito. Era lo mismo que pedían los abogados de Andersen. Uno de sus defensores, Carlos Mendoza Peña, es también docente en la facultad de Derecho UNA.

Carlos Trapani, uno de los abogados que asesora actualmente a Wolf, dice que el plazo de seis meses para presentar una denuncia y pedir una investigación fiscal se aplica en los casos de ciertos delitos, como el acoso sexual, que se castiga con hasta dos años de prisión. En cambio, para delitos más graves, como el de la coacción sexual, que se produce cuando una persona usa la fuerza o la amenaza para forzar a otra a mantener actos sexuales, y que puede llegar a sancionarse con diez años de cárcel, no existe ese requisito.

«La norma impone un límite difícil de sortear, porque es difícil que la víctima pueda develar tan prontamente casos de acoso o coacción sexual, especialmente si el acosador es una autoridad que, ante la denuncia, puede poner en riesgo su futuro profesional», dice el abogado.

Una pirámide de favores

«La Facultad de Ciencias Médicas se ha convertido en una herramienta de dominación política», dice el abogado Guillermo Ferreiro, quien fue asesor de los estudiantes de la UNA durante las protestas de 2015. Recibe un elevado presupuesto estatal a través del Hospital de Clínicas, que es un hospital público y está vinculado a la facultad. En el caso de la filial de Santa Rosa, Ferreiro cree además que se trata de un espacio creado para la «repartija de rubros y cargos» que favorece a las personas afines a los altos cargos de la UNA.

Minami Akita, estudiante de la carrera de Instrumentación y Área Quirúrgica en la UNA, opina que los profesores de la Facultad de Ciencias Médicas «se deben favores entre ellos». La mayor obsesión de estos es ascender para conservar puestos fijos en la facultad o en el hospital. Akita denuncia que existen «docentes exprés», nombrados de manera rápida y sin que reúnan los requisitos, solo para que «la claque», el grupo de poder que controla la UNA, pueda asegurarse cierto número de votos afines para mantener su autoridad.

Akita cree que hay una doble opresión contra las mujeres en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. «La mayoría de los cargos directivos están ocupados por hombres. Son hombres tanto el director y el jefe de Urgencias del Hospital de Clínicas, como el decano y vicedecano de la Facultad. Durante el primer paro estudiantil de #UNANoTeCalles, se denunció que algunos de ellos vendían rubros en la Facultad o el Hospital. Es decir, que a las personas contratadas, les pedían dinero a cambio de nombrarles titulares de un puesto. En el caso de las mujeres, en lugar de dinero, les pedían favores sexuales», cuenta.

En estas movilizaciones, Akita y sus compañeros recibieron denuncias por irregularidades en el manejo de la facultad. Muchas de estas —aproximadamente cinco o seis de cada diez— tenían que ver con casos de acoso sexual. Entre los relatos más llamativos se referían a una representante estudiantil de la carrera de Instrumentación que actuaba como una especie de captadora, como lo haría una proxeneta. En el quirófano, ofrecía a las estudiantes ir a fiestas privadas de los docentes. En estas fiestas se acostarían con ellos a cambio de un trabajo en el hospital. A veces eran los propios cirujanos los que realizaban estas ofertas en plena intervención.

Un protocolo para frenar el acoso sexual en la universidad

Graciela Escobar, médica anestesista egresada de la UNA, es también madre de una representante estudiantil en la Facultad de Ciencias Médicas. Cuenta que los padres de estudiantes se agruparon durante el #UNANoTeCalles para apoyar la reforma del estatuto universitario. Fue en esa época cuando empezaron a escuchar algunas de las vivencias cotidianas de violencia, maltrato y acoso que sufrían los estudiantes.

Ante la gravedad de los testimonios, los padres de estudiantes emprendieron una «cruzada contra el acoso», como la llama Escobar. En los últimos meses, a raíz del caso de Wolf, pidieron a senadores y diputados que actúen como intermediarios en un debate sobre un protocolo contra el acoso y la discriminación por género en las universidades.

«Pedimos que exista un protocolo para atender los casos de acoso que se extienda a todas las facultades de la UNA, y que haya un sistema que impida la revictimización, que evite que las víctimas tengan que contar mil veces su caso, y revivirlo una y otra vez. Queremos que las oficinas de Bienestar Estudiantil estén dotadas de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, y que pueden servir para recibir las denuncias y darles un curso efectivo», dice Escobar.

En medio de estos esfuerzos contra la impunidad, existe la posibilidad de que el caso de Carolina Wolf se reabra. El pasado 30 de mayo, los jueces del Tribunal de Apelaciones anularon el sobreseimiento definitivo del que gozaba Andersen. Según los abogados de la estudiante, esta medida puede permitir que se abra una nueva audiencia del caso, con un nuevo juez y una fiscal diferente.