En diciembre de 2021, el pueblo de Aguapety, ubicado en el límite de los departamentos de Caaguazú y Guairá, se convirtió en noticia nacional. En medio de la peor sequía en 80 años en Paraguay, salieron a protestar por la falta de agua. Sospechaban que los arroceros aledaños al pueblo en la zona del río Tebicuary estaban bombeando pese a la prohibición expresa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Un año después, un sumario del MADES les dio la razón. La resolución 775/2022 del ministerio, al cual accedió El Surti a través de un pedido de información pública, concluyó en agosto de 2022 que el arrocero Javier Challiol, con plantaciones en un terreno colindante a Aguapety, había estado bombeando ilegalmente el río Tebicuary. Challiol además incumplía con el tamaño del reservorio de agua acorde a su cantidad de hectáreas de arroz para evitar justamente bombear del río durante la sequía. El reservorio tenía 58 hectáreas, poco más de la mitad del tamaño que debía tener para las 917 hectáreas habilitadas para plantar arroz.

El resultado del sumario, firmado por la abogada María Bobadilla, directora de Asesoría Jurídica del ministerio, calificó la infracción de Challiol como “levísima” pese a que considera que el arrocero no solo incumplió con su licencia ambiental sino también con la resolución que regula el uso del agua del Tebicuary, cuyo estrés hídrico está siendo empeorado por el cambio climático y “generando conflictos entre usuarios”, de acuerdo con un informe oficial del Estado paraguayo.

Por afectar el acceso a agua de un pueblo entero, en una zona vulnerable y en medio de una sequía histórica en verano, Challiol fue multado con 100 jornales mínimos: poco menos de 10 millones de guaraníes (1324 dólares).

Challiol podrá seguir plantando arroz adecuando su reservorio a la cantidad de hectáreas correspondientes al tamaño de su producción.

El sumario realizado por el Ministerio del Ambiente es, un año después, lo más cercano a la justicia en el caso Aguapety. Las evidencias encontradas por el MADES deberían hacer avanzar la investigación sobre los delitos ambientales de Challiol en la Fiscalía, cajoneados hasta ahora. El fiscal a cargo de la investigación, Erico Ávalos, había dicho que no constató “ninguna motobomba que esté alzando agua” cuando allanó la propiedad de Challiol el 31 de diciembre de 2021. Ávalos incluso proveyó a la propiedad del arrocero custodia policial porque este denunció que supuestamente pobladores de Aguapety habían quemado una de las motobombas que utilizaba para extraer agua del Tebicuary.

El asesinato de Francisco Villalba, uno de los lideres de las manifestaciones, frente al arroyo que buscaba proteger y donde todo el pueblo había aprendido a nadar, sigue impune. Uno de los acusados de disparar a Villalba está prófugo “y no se ha avanzado en nada” cuenta Jorgelina Cubas, prima de Francisco. Entrevistada por El Surti en abril de 2022, Gladys Torales, la fiscala a cargo de investigar el asesinato, había descartado relación entre el crimen y el delito ambiental. Pero la concejala de Coronel Oviedo, Rosana Bogado, denunció que había recibido amenazas de la familia Méndez -también productores de arroz- por acompañar las protestas de Aguapety. Según Bogado, recibió mensajes donde “le hacían entender” que debía “cuidarse”. “Me dijeron que yo tengo una hija que sale por las noches sola. Por eso yo paré”.

La edil sostiene que los productores habían reconocido en una conversación privada con ella que estaban bombeando agua del Tebicuary pese a la prohibición.

A febrero de 2023, el río Tebicuary volvió a encontrarse en “estado crítico”, por lo que está prohibido que los arroceros extraigan agua.