Paraguay sufrió otro atentado del narcotráfico el fin de semana. Dos personas muertas, cinco heridas. Podría tratarse de una noticia más de la frontera con Brasil, donde los índices de asesinatos son similares a los de Honduras. Pero esta vez la tragedia tuvo una cualidad diferente: su irrupción en una ciudad cercana a la capital, San Bernardino, más conocida por su vida de verano. Ocurrió en un festival de música, en presencia de miles de jóvenes. 

La certeza de que el crimen organizado –a pesar de los millones de dólares invertidos en militarización en los últimos años– se consolida en el territorio conmocionó a la sociedad. Pero este avance no es un fenómeno reciente. Tiene su origen en las complicidades y omisiones por parte del Estado que se remonta a la dictadura estronista. 

Hoy se cumplen 33 años de la caída de ese régimen totalitario, pero su legado sigue vigente. El narcotráfico se formó en la dictadura y se expandió en la transición democrática, amparado por políticas públicas relacionadas a un modelo económico y político que deforesta todo lo que encuentra a su paso, dejando campo libre para las plantaciones de marihuana que se mezclan con otros cultivos. A su vez, genera un conflicto social latente. 

Entre esas políticas públicas, la distribución ilegal de casi 8 millones de hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria en dictadura a políticos, militares, empresarios amigos del régimen, y cómo no, narcotraficantes, se destaca. La repartija no cesó con la caída de Stroessner. Continuó y se afianzó en la democracia. 

Paraguay tiene el mayor índice de desigualdad en la tenencia de tierra en el mundo: menos del 5 % de los propietarios tienen el 90 % de las tierras. Los beneficios son para unos pocos, pero las consecuencias las pagamos todos y todas: pérdida de nuestros bosques y de la biodiversidad, contaminación de fuentes de agua, eventos climáticos extremos con temperaturas por encima de lo normal, violencia en el campo y comunidades desplazadas a los cordones de miseria de las ciudades. 

Recordando un aniversario más de la caída de Stroessner y esta herencia de desigualdad,  por primera vez nos unimos nueve medios nativos digitales en una colaboración periodística sobre las tierras malhabidas. Tenemos la convicción de que el periodismo debe estimular el aprendizaje y la discusión sobre cómo se ha administrado y qué está en juego con la tierra, uno de los recursos naturales más valiosos. 

Porque disputar el legado de la dictadura es tan importante como recordar sus atrocidades y dimensionar cómo sigue afectando su herencia. Una herencia de exclusión humana y de ecocidio impune. En los últimos dos años de incendios forestales provocados, no hay un solo condenado por la justicia. Si los hubiere, las multas que establece la ley son irrisorias. 

Desde 1989, 122 personas fueron asesinadas en el conflicto por la tierra, todas de comunidades campesinas que disputan el modelo agroexportador que, como muestran los cargamentos incautados con drogas que llegan a Europa desde nuestro país, también se mezcla con el narcotráfico. 

Los derechos a la vida, al trabajo y a un ambiente saludable están consagrados en nuestra Constitución de 1992. La reforma agraria, una promesa incumplida, también. El Estado que debería velar por esos derechos nos propone renunciar a ellos en nombre de un modelo productivo que extrae irracional y arbitrariamente recursos valiosos y que aporta en impuestos solo el 3 % del sostenimiento de ese mismo Estado.

Quienes se apropiaron de tierras de forma ilegal están obligados a devolverlas y el Estado a recuperarlas para estimular el progreso de quienes proponen formas más sustentables de producir alimentos, resguardo de la soberanía alimentaria y protección del agua y de los bosques. 

Porque las tierras malhabidas son un lastre de la dictadura que compromete a las generaciones jóvenes, niños y adultos, reafirmamos nuestro compromiso de hacer periodismo en búsqueda de justicia para el futuro. Es impostergable la reparación del daño. 

En un país estructuralmente desigual e injusto, y en un momento en que los derechos son violentados y perdemos valiosos recursos naturales, ya no tenemos más tiempo ni excusas para recuperar las tierras para la vida que fueron despojadas de la gente.

Alianza periodística de medios nativos digitales sobre las tierras malhabidas en Paraguay
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