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Cartes aseguró, en el discurso donde presentó el balance anual de su presidencia ante el Congreso Nacional, que el país es una democracia representativa plena, señalando entre otras cosas que existe una «auténtica división de poderes» y una «plena vigencia del Estado de Derecho».
Existen varias maneras de evaluar la calidad de una democracia. El Democracy Index 2016 de la revista inglesa The Economist, por ejemplo, sitúa a Paraguay como una «democracia defectuosa» con una puntuación de 6.27, la más baja desde 2012, y lo coloca en el puesto 72 en el ranking, uno más que en 2015. The Economist tiene 60 indicadores agrupados en cinco criterios: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del Gobierno, participación política y cultura política.
La organización austriaca DemocracyRanking.org publica, a su vez, su propia lista, siendo su versión más actualizada la de 2015. En ella situó a Paraguay en el puesto 70, calificando su democracia como de «calidad media». DemocracyRanking toma como indicadores: participación política, ambiente político, género, economía, salud, entre otros.
Respecto a la división de poderes, Paraguay tiene el cuarto peor sistema judicial del mundo en lo que se refiere a independencia del poder político, gobiernos, individuos o empresas, según el informe de percepción del Foro Económico Mundial 2015/2016. En Latinoamérica solo está por delante de Nicaragua y Venezuela.
Asimismo, hechos como la condena en 2016 a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, considerada producto de un proceso judicial con numerosas irregularidades; la aprobación en una sesión paralela por parte de senadores del proyecto de enmienda para la reelección presidencial, en marzo de este año —calificada de inconstitucional por parte de la oposición—; el asesinato, por parte de policías, de Rodrigo Quintana, un joven dirigente liberal, dentro del local de su partido en la noche del 31 de marzo de este año, unas horas después de que manifestantes incendiaran el edificio del Congreso; los 115 dirigentes campesinos ejecutados y desaparecidos desde 1989, sin que exista un solo autor moral condenado; y las numerosas condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado paraguayo, entre otros ejemplos, otorgan muchas dudas sobre la vigencia del Estado de Derecho.
Con todos estos elementos podemos afirmar que no, Paraguay no es una democracia representativa plena.