Benito Álvarez dice que visita a sus hijas cada sábado desde hace seis años. La cera de incontables velas derretidas en el ladrillo desnudo del panteón dan cuenta que es verdad. Adela y Adelaida Álvarez no están en el nicho más humilde ni en el más pomposo del camposanto del asentamiento Huber Duré. Pero tienen algo que las otras tumbas no: una muñeca de trapo que, sentada entre sus cruces, las acompaña hasta en la muerte.

También reciben otras visitas. Estudiantes del tercer grado de la escuela del asentamiento que aprendieron que Adelaida debió haber sido su compañera de clases. Van dirigentes y dirigentas de la Federación Nacional Campesina (FNC) a contar repetidamente a periodistas la historia. Cada 21 de julio toda la comunidad prepara una olla popular para conmemorar a las hermanas.

Era un 21 de julio del 2014 cuando Adelaida Álvarez jugaba en la casa de su abuela y empezó a sentirse mal. «Le goteaba la nariz, se caía todo de balde, tenía fiebre, vomitaba, no podía respirar», cuenta Benito al recordar los síntomas que presentó su hija, entonces de tres años. Al mismo tiempo, su pareja Fabiola Cabrera, mamá de Adelaida, llevaba al hospital de Curuguaty a Adela, su otra hija de seis meses que no paraba de llorar.

Adelaida no llegó a ver un médico. En Huber Duré, en el departamento de Canindeyú, no existía todavía una Unidad de Salud Familiar equipada para atender a las 300 familias del asentamiento.  Lo reconoció el propio ministro de Salud del gobierno de Horacio Cartes, Antonio Barrios.

Adela murió al día siguiente, después de que en el hospital de Curuguaty, a 70 kilómetros del asentamiento, le dijeran a Fabiola y a Benito que su caso no era grave.

Otras 40 personas de Húber Duré terminaron en el hospital la misma semana que fallecieron las niñas. 22 quedaron internadas. Un mes después de enterrar a las hermanas 319 gallinas, 43 vacas y 30 cerdos fallecieron de manera súbita.

Los campesinos cuentan que vieron sobrevolar avionetas toda la semana anterior a las muertes de las niñas. 

Los silencios del relato oficial del Estado

Tomás Castillo, dirigente de la FNC, ofreció un recorrido a través del camino que cruza las 5000 hectáreas de Huber Duré para periodistas de El Surtidor e investigadores que visitamos la comunidad a finales de octubre. Es el mismo recorrido que hizo en 2014 cuando llegó la comitiva del fiscal del medio ambiente de Curuguaty Cristian Roig, del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) a investigar lo que sucedió.

Húber Duré se llama así en homenaje a un joven de la organización asesinado en el año 2000 por la policía, quien se suma a otros 123 campesinos asesinados en democracia en la lucha por la tierra. Es un asentamiento modelo de la Federación. Uno al que la crisis económica de la pandemia no afectó, porque los cultivos de autoconsumo prosiguen y el sésamo, auspiciado por el gobierno, rinde para la renta. 

Entrar a un asentamiento de la FNC no es tan sencillo. Aparte de la complicada logística, otras razones sobran. Para la organización, fundada en 1991, la relación con el periodismo y el poder es tirante. Se define como «democrática, clasista y combativa» y es renuente a la política electoral. Por mucho tiempo, los medios se encargaron de estigmatizarla. En los mejores casos, de narrar escuetamente a sus muertos. Rigidez y eficacia se cruzan en Castillo, quien acompañó toda la estadía del grupo de citadinos en Huber Duré, recordándonos que esta era una visita guiada.

Si los funcionarios del Estado vieron lo que Castillo mostró durante el recorrido por el camino de tierra, se habrán dado cuenta que Huber Duré existe como un valle en medio de silos y plantaciones de granos. «Hay soja allá. Y acá. En este lado. En este otro lado», señala Castillo con el índice apuntando a los cuatro puntos cardinales. Situada en unas tierras más bajas que la de las estancias circundantes  –a las cuales campesinos y campesinas se acercan poco por miedo a ser recibidos por disparos de los guardias privados– Castillo define la ubicación como un cerco. «Ni uno de nosotros se vendió a los brasiguayos para alquilar sus tierras», dice con visible orgullo en la voz. Pero no es necesario que se plante soja en la comunidad para tener contacto con los agroquímicos. El asentamiento es como un hueco donde la fumigación aérea funciona como un insecticida apuntando a un hormiguero. Pero aquí las hormigas son personas.

«Nosotros hicimos la denuncia a la fiscalía de medio ambiente de Curuguaty. Y vino la Senave y el ministerio (de salud) también. Le exigimos al fiscal que revise qué agrotóxicos (sic) se tiraron. Hicieron un rastrillaje gua’u en las tierras de los brasileños (cercanas a Huber Duré). No revisaron si tenían venenos falsos», dice Benito Álvarez. Por «venenos falsos» se refiere a agroquímicos utilizados sin receta legal exigida por el Senave. Álvarez habla de los sojeros como «dinosaurios», porque «se comen a la gente». Es un concepto que se escucha en varias conversaciones. Los cuatro productores sojeros acusados son Ulises Rodrígues Teixeira –deforestador ilegal de 13 mil hectáreas en otra propiedad en 2013–, Pío Ramírez, Marcelo Abente y Basilio Ramírez.

Álvarez dice que al fiscal le mostraron los perros y las vacas que daban once pasos antes de morir con la lengua afuera. Fabiola Cabrera, madre de las niñas, llega y se queda a su lado en silencio. En la casa de dos piezas de madera donde viven con dos hijos más, no hay lugar para fotos de Adela y Adelaida. El lugar donde ellas dormían hoy es la cocina. Fabiola va a buscar fotografías en moto a lo de su madre. Vuelve con dos impresiones de las niñas sobre una cartulina. Sostiene el cartel durante toda la entrevista.

El 24 de julio del 2014, el entonces ministro de Salud y hoy senador Antonio Barrios  comunicó que los resultados de las muestras tomadas estarían recién en un mes. Pero la hipótesis de intoxicación por agroquímicos ya estaba descartada por el Estado antes del análisis de laboratorio. El forense Pablo Lemir –el mismo del caso Curuguaty y de las niñas asesinadas por militares en Yby Yaú– dijo que la muerte de las niñas se debió a una «asfixia por insuficiencia respiratoria por bronconeumopatía». Y que la muerte de las vacas fue por «tristeza bovina». 

El presidente de Senave, Regis Mereles, dijo que no había registro de fumigaciones en la zona, que no es lo mismo que decir que no había fumigaciones en la zona. Antes del Senave, Mereles presidió la Asociación de Productores de Soja (APS). Uno de los sojeros acusados, Pío Ramirez, entonces  titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú, dijo que las acusaciones de la FNC eran «ideológicas».

El ministro Barrios también descartó de antemano la posibilidad de intoxicación con agroquímicos. Aseguró que conversó con Jorge Gattini, entonces su par en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, «para saber qué tipo de fumigaciones se hacen en esta época del año y este me dijo que no se realizan fumigaciones, porque lo que actualmente se puede plantar es maíz, que no es soja y no es la época».
Si bien es cierto que julio no es época de cultivo de soja sino de maíz, es mentira que no se hagan fumigaciones. Desde hace años, el agronegocio rota la soja con el maíz y el trigo transgénico. Un aprendizaje para mantener productivas y fértiles sus tierras. El maíz transgénico, según la guía técnica de cultivo realizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA en 2019, utiliza glifosato, el agroquímico más utilizado en Paraguay y por el cual Bayer/Monsanto tiene unas 125 mil demandas en todo el mundo. En uno de esos casos, en 2019, un jurado de EE.UU. falló contra la multinacional determinando que el herbicida había sido «un factor sustancial» en la aparición de cáncer en un demandante. Los campesinos de Húber Duré hablan de glifosato y hablan también de los carbamatos, que se usan para el control de plagas y que según ellos, mandan a todos los insectos de los sojales a atacar los cultivos del asentamiento.

La doctora e investigadora Stela Benítez Leite suma otra crítica a cómo el Ministerio de Salud llevó el caso Adela y Adelaida: «el informe se hizo con una macroscopía». Es decir, se hizo una descripción del estado de los órganos en la autopsia. Al acceder a la documentación de la autopsia realizada por Lemir para la Fiscalía, la doctora Benítez buscó la opinión de su colega, el doctor José Barreto, patólogo. Barreto le indicó que «todo lo que hizo el forense fue determinar si hubo o no una intoxicación por organofosforados (como el glifosato). No se investigaron otros compuestos potencialmente tóxicos. No existe un informe sobre los estudios histológicos». Es decir, no se buscó la posible existencia de otros agroquímicos, como el paraquat, el segundo herbicida más utilizado en Paraguay y prohibido en los países de donde se importa. Tampoco se hizo un análisis microscópico de los tejidos de las niñas. El doctor Barreto definió esa ausencia como una «vergüenza». «Sin el análisis microscópico no es suficiente para saber si hubo intoxicación», explica la doctora Benítez. 

Benítez Leite es conocida en Paraguay por haber liderado la investigación que concluyó la existencia de daño genético en niños y niñas expuestos a fumigaciones con agroquímicos en San Juan, otra comunidad de Canindeyú. El estudio, financiado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), tuvo como respuesta el copamiento de los gremios del agronegocio en el Conacyt. Y se incluyó una nueva cláusula donde se atribuyen la prerrogativa de aceptar o rechazar el financiamiento de futuros proyectos sin tener en cuenta criterios científicos.

Nadie en Huber Duré cree en la explicación que dieron las autoridades.

Menos aún después de que el Estado paraguayo haya sido condenado por la ONU en 2019 por no investigar otra muerte con sospecha de haber sido causada por agroquímicos en la Colonia Yerutí. «Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos en contexto de fumigaciones masivas con agroquímicos», falló en ese entonces el organismo internacional. 

Nadie en Huber Duré cree que las niñas murieron por lo que dice el gobierno que murieron. 

Porque Benito Álvarez, Fabiola Cabrera y Martín Castillo siguen viendo avionetas fumigadoras pasar. Siguen viendo gallinas a las que los ojos se le salen de órbita. Perros que caen con la lengua afuera. Cultivos rociados de blanco luego de cada lluvia de pesticidas. Ojos que arden, vómitos y mareos que obligan a hacer cama. Vacas muertas.

La desconfianza también se debe a que sus denuncias no pasan de ser un grito  sordo para el sistema de salud. El Ministerio de Salud no reporta cuántos casos denunciados como intoxicación de agroquímicos llegan a hospitales, unidades de salud familiar o puestos de salud. «Existe una “Ficha de Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicidas” por parte del ministerio que se encuentra en los servicios de urgencia», explica la doctora Benítez Leite. «Pero no todos los casos llegan a los hospitales, excepto los graves, y por ello es probable que exista un subregistro de intoxicaciones que no llegan a los diferentes servicios». La doctora Benítez lamenta que tal ficha no está socializada. «Hoy queda a criterio muy subjetivo de médicos y enfermeras decidir si lo que tiene un paciente es intoxicación», dice.  

Los mismos síntomas reportados en Yerutí como posibles intoxicaciones no lo fueron con Adela y Adelaida. Estudiar los efectos de los agroquímicos, además de encontrarse con el lobby del agronegocio y la falta de financiamiento, tiene un problema metodológico: «No podemos hacer ensayos clínicos doble ciegos porque a un grupo no podemos darle venenos y a otro grupo no darle y luego buscar los efectos o resultados. Lo mismo pasaba con el tabaquismo», dice la doctora Benítez, quien recalca que no está en contra de la tecnología, pero que «lo que corresponde es investigar los efectos agudos y crónicos de los plaguicidas con el modelo de producción vigente. Corresponde estudios epidemiológicos y de cohortes para indagar efectos en la salud humana y en la biodiversidad».

Sentirse traicionados por las autoridades de Salud tiene un efecto dominó de descreimiento por todo lo que éstas digan, en medio de la pandemia de covid. Y en medio de las rondas de tereré del asentamiento, no falta algún comentario negacionista. «Sin duda, la falta de acompañamiento en casos de intoxicación tiene su cuota en la falta de confianza sobre lo que se dice de la covid», reflexiona la doctora e investigadora.

Mientras Benito Álvarez acomoda la muñeca de trapo en medio del panteón de Adela y Adelaida, Adríán, de ocho años, toca distraído el tul rosa anudado a las dos pequeñas cruces de sus hermanas. Atardece. Benito no sabe si alguna vez sabrá qué pasó exactamente con sus hijas. Pero su luto no es solitario. «Toda la comunidad se organiza para conmemorarlas», dice con un triste orgullo. Por eso también las visita cada sábado, para renovar una esperanza altruista: que ninguna otra familia pase por su dolor. «Que nos organicemos y recuperemos nuestro país».