Por Aldo Benítez (OCCRP)

Los dos bancos paraguayos, que en público se muestran comprometidos con iniciativas verdes, prestaron un total de 36 millones de dólares al agroempresario brasileño durante el 2024, luego de que este admitiera ante la Justicia hechos relacionados con delitos ambientales en 2022.

Documentos obtenidos por OCCRP y el periódico neerlandés Het Financieele Dagblad revelan que los bancos Sudameris y Banco Continental otorgaron los préstamos a dos empresas pertenecientes al brasileño Ulises Rodrigues Teixeira. En un acuerdo judicial de 2022, Teixeira admitió ser culpable de delitos ambientales en relación con un incendio que en 2012 devoró 7.477 hectáreas de bosque nativo en una de sus propiedades, ubicada en una zona de protección ecológica. El empresario negó haber quemado el bosque intencionalmente, pero aceptó no haber establecido un plan de prevención y manejo de incendios para el terreno.

Ambas instituciones bancarias se han comprometido públicamente a evitar la financiación de proyectos que puedan conducir a la deforestación ilegal. Son, además, miembros fundadores de la mesa de finanzas sostenibles, convocada para establecer estándares de protección ambiental para el sector financiero de Paraguay. Sin embargo, sus préstamos a las empresas de Teixeira fueron garantizados con hipotecas sobre terrenos ubicados en una zona ambiental protegida de la región Oriental.

En 2008, Sudameris le otorgó una primera constitución de hipoteca a una empresa de Teixeira, Lapacho Itanara S.A., pero en 2024 —dos años después del acuerdo de culpabilidad del empresario— el banco le prestó otros 15 millones de dólares a la misma firma. Por su parte, también en 2024, Banco Continental le prestó 21 millones de dólares a Paso Kurusu S.A., otra de las empresas de Teixeira. En total, ambas entidades prestaron 36 millones de dólares a las estancias de Teixeira el año pasado.

Teixeira no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

No hay evidencia de que Teixeira haya impulsado actividades de deforestación en estas propiedades, las cuales parecen haber sido desmontadas antes de los créditos de Sudameris y Banco Continental. Sin embargo, para un exministro y un ambientalista, las instituciones financieras paraguayas deberían prestar mayor atención a la protección ambiental.

«Los bancos no deberían otorgar financiación a ninguna persona o empresa que haya admitido algún tipo de delito ambiental o que esté vinculada a la deforestación ilegal… y, si lo hicieron, ese crédito se debe cortar», dijo a OCCRP Alfredo Molinas, ministro del Ambiente de Paraguay entre 2004 y 2007.

Rodrigo Zárate, coordinador de la ONG ambientalista Guyra Paraguay, pidió una mayor supervisión de los préstamos por parte de los bancos.

«Las instituciones financieras deberían tener estrictas salvaguardas ambientales para evitar que sus fondos terminen financiando a personas con antecedentes de deforestación ilegal», señaló. «Los bancos deberían [ser] rigurosos en sus monitoreos y en sus evaluaciones».

Lis García, economista e investigadora, explicó que este esquema permite a las empresas participar en proyectos supuestamente orientados a la conservación y la sostenibilidad. Sin embargo, sus actividades forman parte de las cadenas de valor del agronegocio, uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y otros factores.

Sudameris declinó comentar sobre casos de clientes específicos, pero dijo a OCCRP que «interactúa con cada uno de nuestros clientes sobre sus obligaciones sociales y ambientales, tanto con respecto a las regulaciones locales como a nuestros propios estándares internos», y que había desarrollado herramientas internas de verificación y monitoreo de crédito ambiental en cooperación con bancos de desarrollo internacionales. El banco dijo que se requería que sus gerentes de cuentas examinaran todas las propuestas de crédito en busca de condenas judiciales y agregó que «los clientes que no cumplan pueden ser eventualmente desvinculados».

Banco Continental declinó comentar sobre «aspectos que podrían estar sujetos a procesos legales o regulatorios».

Los departamentos de Canindeyú y San Pedro, donde se ubican las estancias, forman parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), hogar de docenas de especies vulnerables o en peligro de extinción, incluidos jaguares, monos araña (muriquís) y guacamayos rojos. Gran parte de su hábitat ha sido talado en las últimas décadas para dar paso a la ganadería industrial, la producción de soja y la plantación ilegal de marihuana, lo que también amenaza el sustento de más de 400 comunidades indígenas que dependen del bosque.

Para frenar esta práctica, Paraguay aprobó en 2004 la ley llamada «Deforestación Cero», que prohíbe la conversión o tala de bosque nativo en el este del país.

A pesar de esta ley, un incendio destruyó en 2012 unas 7.500 hectáreas situadas en esta franja protegida y que son parte de Paso Kurusu, una de las empresas de Teixeira. La tierra se utilizó posteriormente para el desarrollo agrícola, según indica el sumario del Ministerio de Ambiente sobre el caso. En 2022, Teixeira admitió no haber implementado un plan adecuado de manejo de incendios y acordó donar dinero a escuelas y hospitales locales como compensación.

El mismo año, inspectores del Instituto Forestal Nacional (Infona) dijeron haber encontrado evidencia de deforestación más reciente en El Ciervo, una propiedad que compró en 2021 Rio Verde S.A., otra firma de Teixeira. Esta tierra también se encuentra protegida bajo la ley de deforestación cero. Las autoridades reportaron sus hallazgos a fiscales, incluyendo la supuesta deforestación de alrededor de 178 hectáreas, extracción de arena y relleno de un humedal.

La presidenta del Infona, Cristina Goralewski, dijo a esta investigación que los fiscales abrieron una causa a raíz de uno de estos informes. Pero el caso fue desestimado después de que prescribiera el delito, señaló la Fiscalía.

El Infona ha estado monitoreando las tierras propiedad de las empresas de Teixeira durante varios años y ha expedido multas por 808 millones de guaraníes (alrededor de 129 mil dólares) a sus firmas por daños ambientales, incluyendo deforestación, extracción ilegal de suelo, obstrucción de cuerpos de agua naturales y el relleno ilegal de humedales. La infracción más antigua data de 2019.

Goralewski señaló que el Infona también había enviado varias denuncias a la Fiscalía sobre estos casos, pero que no está claro qué sucedió con ellos.

«Por ley, podemos imponer sanciones administrativas — es decir, multas — y lo hacemos, pero eso es todo», dijo.

El primer préstamo de Sudameris a Lapacho Itanara S.A. de Teixeira fue en 2008. Para garantizar el crédito, la empresa hipotecó la estancia del mismo nombre, Lapacho Itanara, ubicada en Canindeyú. La estancia, que alguna vez fue boscosa, ya había sido talada por un propietario anterior, según indican imágenes satelitales. Desde entonces se ha desarrollado para la agricultura.

Después de que Teixeira admitiera en 2022 cargos por no mitigar el impacto ambiental relacionado con el incendio en sus tierras, Sudameris otorgó a su empresa un préstamo adicional por 15 millones de dólares, según muestran documentos hipotecarios. En total, el banco prestó a Lapacho Itanara S.A. 42,5 millones de dólares entre 2008 y 2024.

Sudameris se compromete a no financiar proyectos o empresas cuyas actividades incluyan la destrucción de áreas de alto valor de conservación o la conversión de bosques nativos para actividades agrícolas sin el permiso de las autoridades responsables. El banco declinó explicar el propósito de los préstamos a Lapacho Itanara S.A., citando la confidencialidad de sus clientes.

Banco Continental emitió un préstamo hipotecario de 21 millones de dólares en 2024 a Paso Kurusu S.A., de Teixeira. El préstamo fue garantizado con una hipoteca sobre la misma propiedad que se incendió una década antes. El banco también declinó explicar el propósito del crédito. La tierra hoy está arrendada a otra empresa privada para cultivar soja y maíz.

Noah Moeys y Jasper Been (Het Financieele Dagblad) contribuyeron con este reportaje.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en OCCRP el 15 de diciembre de 2025.