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Las curtiembres no son sólo un negocio rentable, son una amenaza para el ambiente si no se controlan.
El 5 de agosto, el fotoperiodista Jorge Sáenz publicón una foto de relato bíblico:
una laguna en Limpio se había teñido de morado.
Detrás del suceso estaba una empresa de curtiembre, Waltrading S.A. que siguió vertiendo sus desechos en la laguna después de la fotografía y una suspensión del MADES.
En marzo, la misma empresa fue intervenida por teñir también las aguas del arroyo Guasú de San Antonio, esta vez de negro.
El negocio de las curtiembres es uno que vale mucho: solo en 2016 Waltrading exportó a Brasil derivados de cuero por casi 2 millones de dólares.
Waltrading es solo un jugador. En plena pandemia, las exportaciones legales de cueros y derivados se encuentran entre las más importantes del país. En julio, según datos de Aduanas, superó a las tabacaleras.
La industria también es una de las más contaminantes. Limpiar el cuero incluye utilizar metales como el cromo, que no se degradan bien en el ambiente. También sales como el sulfuro, el sodio y cloruro , que ahoga a los peces en el agua y a los humanos en el aire con su efecto y su olor. Y que se encontraron en la laguna morada.
Regular a las curtiembres incluye no sólo controlar el impacto de sus desechos en el agua, aire y tierra, sino también el bienestar de quienes trabajan allí.
Además de la mayor probabilidad de desarrollar cáncer para los trabajadores. Una investigación de Réporter Brasil y The Guardian demostró cómo con trabajo esclavo de indígenas se producía el cuero paraguayo exportado por la empresa de las cooperativas menonitas Cencoprod –una de sus dueñas es la cooperativa Chortitzer– y que terminaba en autos BMW, Peugeot o Renault.
Controlar a las curtiembres exige ciencia, voluntad y recursos.
Por ejemplo, que Conacyt financie proyectos sobre el impacto ambiental de las empresas y posibles alternativas de producción más sostenible. Algo poco probable mientras la agencia esté coptada por los mismos empresarios que deben ser controlados.
O que el Ministerio de Salud produzca datos sobre consultas de síntomas de intoxicación y otras enfermedades en lugares cercanos a ellas.
O que el MADES tenga más presupuesto: hoy cada paraguayo pone apenas un dólar al año para hacer cumplir más de 50 leyes ambientales.
