Es 2038 y hace tiempo que Paraguay implementó una ansiada reforma de salud. El acceso ya no depende del bolsillo de las familias. Las rifas y las polladas para cubrir gastos de internación o los viajes a Argentina en busca de medicamentos son solo un recuerdo. Se acabaron los ruegos y favores al presidente de la seccional de turno, ministro, concejal o intendente. La gente sabe que la salud no puede tener un precio, es un derecho humano y el Estado debe garantizarlo.

Se cuadruplicó el presupuesto del Ministerio de Salud en relación a lo que se destinaba a salud pública antes de la pandemia. Esa crisis sanitaria trajo cambios impensados. Los recursos se obtuvieron de una reforma tributaria muy peleada. Luego de varias movilizaciones convocadas por jóvenes en contra del lobby tabacalero en el Estado, se logró aumentar el impuesto selectivo al consumo del tabaco en un 70%, lo recomendado por la OMS.

La recaudación del impuesto al tabaco se destina a cubrir el costo del daño a la salud que causa el tabaquismo, pero también a programas de prevención en todo el país. Los números de fumadores disminuyen cada año.

Se aprobó una ley de etiquetado de alimentos que cambió el comportamiento de la industria alimentaria. Las mismas empresas se autorregulan y ofrecen productos con menos azúcares, grasas saturadas y sodio. Quieren evitar el etiquetado que informa al consumidor sobre el riesgo de comprar un producto.

También, en escuelas y colegios se ofrecen alimentos sanos que provienen de huertas campesinas agroecológicas. Hoy, los números de niños, niñas y adolescentes con desnutrición y malnutrición se redujeron a mínimos históricos.

Pero la mayor conquista ciudadana fue el aumento del impuesto a la exportación de soja y otros granos. Tras documentados estudios locales e internacionales del daño en la salud que sufrieron comunidades enteras a causa de fumigaciones con agroquímicos, y luego de una serie de juicios emblemáticos a productores que violaron normas ambientales y sanitarias, el agronegocio cedió y aumentó significativamente su aporte al fisco como una forma de justicia y reparación histórica. 

Cada año, el Estado recauda aproximadamente 300 millones de dólares de impuestos de este sector que se destinan a la salud pública: inversión en construcción de hospitales, equipamiento sofisticado y capacitación al personal de salud.

Ya no hay padres que rueguen la solidaridad de personas para tratar enfermedades de sus hijos e hijas. El Estado tiene los recursos para tratar a quien lo necesite.

Pero el foco del sistema de salud ya no es solo atender la enfermedad. Cambió el modelo de gestión. Ahora existe una red de servicios de atención primaria, con un médico o médica con residencia completa en pediatría, ginecología, medicina interna o medicina familiar que acompaña a la gente de cerca, desde la concepción hasta la muerte, y trabaja en prevenir la enfermedad partiendo de los barrios.

Estos servicios no están solo concentrados en Central y Asunción. Con geolocalización de la población, se establecieron redes en seis territorios que abarcan a más de un departamento. Salud instaló los hospitales que se necesitan e identificó cómo está constituída cada familia. Ya no hace falta viajar hasta Coronel Oviedo o la capital para recibir atención especializada. Las largas horas de espera en los pasillos quedaron en el pasado, ahora un 80% de las enfermedades se resuelven dentro de cada territorio.

El personal de salud es cálido, amoroso y respeta a las personas en toda su diversidad. Gracias al plan de tolerancia cero a la mortalidad materna, el sistema de salud acompaña a las embarazadas para que cumplan con el protocolo prenatal. Sigue de cerca la vacunación de las madres así como los controles e identifica a aquellas en situación de riesgo por tener alguna enfermedad de base o por estar ubicada lejos de un centro médico.

Se implementó la ley de parto respetado. Los casos de violencia obstétrica son aislados y sancionados. Se realizan cesáreas sólo en caso que sea necesario y no por lucro, algo común en la pre-pandemia. Hoy las mujeres reciben información sobre el embarazo, las formas de nacer y la lactancia para que decidan libremente cómo quieren vivir su maternidad.

Con el proyecto de auditoría de rutas en Paraguay y la inversión en señalización, además de la transformación del transporte público, disminuyó el uso de autos y se redujeron sustancialmente los accidentes de tránsito, que antes representaban la primera causa de muerte  e invalidez de los varones entre 15 y 35 años. Eso hizo que bajaran los costos de terapia intensiva.

Pero en caso que una persona necesite servicios intensivos en hospitales privados, el Ministerio interviene. Hoy existen topes de precios en las UTI y las personas acceden a todos los medicamentos sin pagar costo alguno.

Paraguay sigue apostando a un modelo mixto de salud pública y privada pero ya no compiten entre sí ni generan desigualdades, sino que se complementan. El sector privado participa en la financiación de aquellos servicios que se demandan directamente por los ciudadanos y ciudadanas.