Las empresas de seguridad privada, que prestan servicios de guardias a instituciones públicas como la Universidad Nacional de Asunción o el Ministerio de Salud, obtuvieron contratos por más de 188 mil millones de guaraníes –unos 30 millones de dólares– de 2018 a mayo de 2020, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). 

De un total de 20 empresas adjudicadas, cinco se llevan la mayor parte de los recursos en ese periodo: Tapiti SRL, Organización Watchman SRL, SVP Sociedad Anónima, Seguridad Inteligencia y Tecnología del Paraguay SA (SIT) y SST Security Service Technology SA.

Tapiti está vinculada a los comisarios retirados, los hermanos Vidal y Viviano Machado, mientras que SST al exdiputado colorado José Chamorro.

La privatización de la seguridad tiene riesgos. El abogado Jorge Rolón Luna recuerda que la seguridad es un servicio público esencial. Como tal, no se debería tercerizar.

«La base del contrato social es que yo renuncio a una cuota de mi libertad para someterme al poder del Estado y a cambio de eso el Estado, entre otras cosas, debe ofrecerme seguridad.»

El abogado considera una anomalía que funcionarios públicos civiles o tercerizados –como los vigilantes privados– cumplan funciones de seguridad, un ámbito del poder público que corresponde solo a la Policía según la Constitución.

Un guardia funcionario asesinó a la jueza Diana Mereles en el juzgado de Hernandarias el 27 de junio. A raíz de esto, el Consejo de Superintendencia de la Corte dispuso exámenes psicológicos, psiquiátricos y toxicológicos para todo el personal de seguridad del Poder Judicial. 

«Falta una revisión constante del estado de salud mental de los guardias, pero de “consuelo” podemos decir que en la policía tampoco se cumple esto», dice Rolón Luna.

Guardias sin seguro social, descuentos por uniformes y armas, jornadas de 12 horas sin pago de horas extras, son denuncias comunes contra empresas de seguridad. El año pasado, trabajadores se manifestaron contra SST para exigir el pago de indemnización por despidos, en medio de un escándalo por negociados en una licitación de IPS. La misma contratista había sido multada por el Ministerio de Trabajo en 2017, al igual que Tapiti.