En los campos de la Región Oriental, el eterno desierto verde sojero es interrumpido por un nuevo cultivo estrella: los eucaliptos, la promesa paraguaya contra el cambio climático.

Bajo el eufemismo de «plantaciones de rápido crecimiento» y con el lobby del sector forestal, cada vez se cultivan más eucaliptos en el país bajo dos premisas: detener la deforestación de bosques nativos hoy utilizados como leña en casas, y cada vez más, en la agroindustria sojera y arrocera. Y la tentadora idea de que caerá una lluvia de dinero sobre los eucaliptales en el mercado de contaminadores, ansiosos de equiparar el carbono que emiten en otras partes del mundo. 

Pero bajo la sombra de lo que se presenta como una «solución» crecen viejos problemas. Una investigación liderada por la plataforma de investigación Lighthouse Reports, y con la colaboración El Surtidor (Paraguay), IWatchAfrica (Ghana), Mediapart (Francia), De Groene Amsterdammer y Nederlands Dagblad (Países Bajos) muestra cómo bancos de desarrollo europeos invirtieron alrededor de 100 millones de euros en proyectos en África, Asia y Latinoamérica, donde se violan leyes laborales y se usan pesticidas prohibidos por la Unión Europea. 

En Ghana, la Agencia Francesa de Desarrollo financió plantaciones de caucho que utilizan paraquat, un peligroso pesticida prohibido desde 2007. En Uzbekistán, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo dio dos préstamos a una empresa de algodón denunciada por trabajo infantil donde se documentó el uso indoxacarb, chlorates y clorpirifos, todos prohibidos en Europa.

En el caso de Paraguay, son 8 millones de dólares provenientes del Banco de Desarrollo Holandés (FMO) -que recibe dinero público- y que a través del Fondo Arbaro de Luxemburgo financia dos proyectos de plantaciones «sustentables» de eucaliptos en la Región Oriental.

Se trata de la Agroforestal Apepú y la Forestal San Pedro, que fueron financiadas con dinero público de Países Bajos para plantar más de 10.000 hectáreas de eucaliptos en los departamentos de San Pedro y Canindeyú. Periodistas de los cinco medios confirmaron con el Fondo Arbaro que en las plantaciones se utiliza, entre otros agroquímicos, Haloxyfop, un herbicida prohibido en la Unión Europea. Mientras que una investigación de la organización Heñói documentó denuncias de precarización laboral y privatización de caminos por parte de Apepú.

Europa vende y pone el dinero para comprar un agroquímico prohibido en su territorio

Cofinanciado con dinero de contribuyentes de Países Bajos, el FMO provee al Fondo Arbaro dinero a cambio de la promesa de que se utilizará en plantaciones con «impacto positivo tanto local como globalmente, y beneficios financieros sólidos». De acuerdo a la web de Arbaro, estas inversiones estarán en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando una contribución positiva para lograr un planeta donde podamos vivir.

Pero en Paraguay, un país con dos resoluciones en contra de la ONU por muertes, contaminación y violación de derechos de pueblos indígenas debido al uso ilegal de pesticidas, los eucaliptos abren un nuevo capítulo en la historia de monocultivos y agroquímicos afectando comunidades. 

Ambas empresas forestales utilizan, por ejemplo, glifosato, el mismo agroquímico por el cual falleció intoxicado el niño paraguayo Silvino Talavera en 2003. La Organización Mundial de la Salud considera el glifosato como un probable cancerígeno en humanos, además de apeligrar con daños hepáticos y renales, daño genético heredable de padres a hijos, y alteración de ecosistemas acuáticos; razón por la cual la multinacional Bayer-Monsanto debió cerrar acuerdos por 10.000 millones de dólares ante demandas por sus efectos nocivos en EE.UU. Apepú también declara usar Fipronil para el control de hormigas, uninsecticida que es considerado el principal responsable de la muerte de millones de abejas en Europa.

Las plantaciones financiadas con dinero público europeo utilizan, además, «de forma excepcional» agroquímicos como el Bifenthrin, y el Haloxyfop, un insecticida prohibido en Europa. Su uso fue confirmado por el propio Fondo Arbaro al ser consultado al respecto para esta investigación. El Haloxyfop es un herbicida comprobado como dañino para ecosistemas acuáticos y con evidencia de daño hepático en mamíferos. De acuerdo a datos de Aduanas, Alemania fue el principal origen de las importaciones paraguayas del insecticida en 2022. 

Tras visitar Paraguay en 2022, el relator de las ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, había denunciado este «aberrante doble estándar» de países europeos que «prohíben el uso de pesticidas porque son peligrosos para la salud y el medioambiente, pero a la vez permiten su producción y exportación a países en desarrollo»

Un agroquímico que queda para siempre

Otro agroquímico que Arbaro también admitió que se usa en los eucaliptos que financia es el Sulfluramida. Este insecticida es conocido por ser uno de «los químicos que duran para siempre», es decir, que tardan cientos de años en degradarse en el ambiente. Este tipo de químicos fue representado en el caso de la película Dark Waters con Mark Ruffalo. Su uso como insecticida está permitido bajo el Convenio de Estocolmo que reguló estos químicos, pero en una carta de 2019, el grupo Pesticide Action Network International (PAN) denunció que tal permiso se dio a partir de «información parcial» proveída por países como Brasil, con interés de exportar el agroquímico. El PAN también denunció que países como Paraguay estaban violando la convención -y poniendo en riesgo de contaminación a la población- al permitir su venta de manera casi libre y sin control.

El Banco de Desarrollo Holandés (FMO), que tiene una lista de productos y actividades en las que no puede invertir, incluye agroquímicos que «sean considerados ilegales en los países donde se realice la inversión, de acuerdo a convenciones o acuerdos internacionales, o que están prohibidos o en proceso de desuso».  Para el banco, los pesticidas que financia a través de Arbaro no entran en la exclusión debido a que «una prohibición regional europea no es una prohibición internacional»”. 

El FMO defiende el uso de agroquímicos en eucaliptales, argumentando que se utilizan menos pesticidas en comparación a cuando se plantaba soja en esas tierras. Pesticidas como el Fipronil y el Glifosato son usados «en todo el mundo» y serían irremplazables, según el banco, que además señala que las plantaciones se encuentran certificadas por el Forest Stewardship Council (FSC), una organización que en teoría «garantiza» que la madera sea producida de forma «ética». La organización – con numerosas denuncias de haber permitido con su certificación el greenwashing –  dice que está al tanto «de la controversial discusión sobre estos agroquímicos», pero también alega que su uso es mayor en otras plantaciones.  

«Al final, es siempre sobre los costos. Hay alternativas, pero son más costosas», dice el toxicólogo Robin Mesnage al ser consultado sobre la posición del FMO.  Mesnage es autor de varios artículos científicos donde describe, por ejemplo, el impacto del glifosato en el microbioma intestinal de los humanos. 

Mesnage señala que «mucha exposición a pesticidas durante el embarazo está relacionada a malformaciones y daño neuronal en los niños». El toxicólogo dice que esto «se ha investigado muy bien, en especial en algunos de los insecticidas usados por Arbaro (en los eucaliptales). Algunos son claramente muy neurotóxicos, en especial sin protección suficiente». 

En Paraguay, donde el lobby del agronegocio intentó censurar una investigación sobre daño genético en niños expuestos a agroquímicos, logró desfinanciar toda ciencia que investigue el posible daño de pesticidas, y el órgano a cargo de regularlos está cooptado. Tanto el glifosato como el fipronil, el bifenthrin y el haloxyfop son legales.

Nueva solución, viejos conflictos.

«Silencio total acá en la plantación de eucaliptos. No hay nada, ni pájaros no bajan… silencio».

Así le describió la situación un poblador al sociólogo e investigador Omar Yampey. Yampey cuenta su experiencia tras visitar con la ONG Heñói las plantaciones financiadas por Arbaro y el asentamiento Julián Portillo, aledaño a Forestal Apepú. Allí, denuncian los pobladores, la empresa privatizó en 2021 el camino por el cual se accedía a la comunidad. «Atención. Se encuentran en propiedad privada» se podía leer en un cartel a la vera del camino de tierra. 

«Bloquear el camino de los campesinos es realmente barbárico» describe Yampey, quien había visitado ese año las plantaciones de eucaliptos para investigar el impacto en la población. Un año después, cuando volvió, el cartel había desaparecido.

Durante su segunda visita a la Forestal Apepú, una familia decidió denunciar que Arbaro había robado sus tierras, algo que la compañía negaba, aduciendo que era en realidad su propiedad. La Federación Nacional Campesina medió el conflicto. A la familia se le permitió permanecer en la tierra, pero esta sigue siendo considerada propiedad de la Forestal. «Vivimos con miedo porque Arbaro puede sacarnos nuestra tierra en cualquier momento» le dijo la mujer jefa de familia a Yampey.

Consultado al respecto, Arbaro primero dice que «no ha habido denuncias relacionadas a conflictos por la tierra» antes de describir lo de Apepú como una situación «donde el uso de la tierra en el pasado no correspondía con los títulos de propiedad», asegurando que nunca «hubo intención de utilizar esa tierra» y que ofreció a la familia clarificar de quién era la propiedad en un el Catastro Nacional.

Mientras que Arbaro niega que alguna de las dos empresas «busquen expandirse sobre tierras de los pequeños productores», Yampey documentó denuncias de cómo ambas forestales lo hacen, de facto, alquilando tierras a campesinos para plantar eucaliptos, en nombre de la responsabilidad social empresarial. Heñói también recibió la denuncia de un operario de Forestal Apepú, que en anonimato declaró que «se trabaja, pero te contratan por seis meses, después te sueltan (…) y después te agarran otra vez para no tener antigüedad». Tal situación contraviene los documentos de ambas forestales financiadas por Arbaro, que aseguran el cumplimiento de leyes laborales y seguridad social.

«La desesperación y la pobreza de las comunidades alrededor es explotada» dice Yampey. El efecto es similar al de la soja, sobre todo en asentamientos que no tienen fuerte organización. Una parte de la comunidad se beneficia de los cultivos mientras que otra continúa oponiéndose, sobre todo por la preocupación de que el eucaliptal «seca toda el agua, consume todo el alimento del suelo y eso perjudica la agricultura familiar» según dijo un poblador al investigador. El impacto de los eucaliptos en el acceso al agua es una situación que ya llevó a conflictos en otra plantación en Paraguay.

La mano carbonizada del mercado

Además de la promesa de reducir la deforestación de bosques nativos al suplir de leña a casas y agroindustria, las plantaciones de eucaliptos también son presentadas como una solución al cambio climático. 

En el caso paraguayo, la apuesta por la capacidad de captura de carbono de las plantaciones de eucalipto es política de Estado. Las plantaciones de eucalipto de Paracel están en nuestro plan nacional de mitigación. El principal proyecto de cambio climático con pequeños productores campesinos y comunidades indígenas, el Plan Proeza, incluye transferencias de dinero condicionadas a cambio de plantar eucaliptos. Los cultivos de la Agroforestal Apepú y la Forestal San Pedro financiadas por Arbaro son citadas como esfuerzos «adicionales» de mitigación por el Estado paraguayo en su último informe de cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

Pero además está la atrayente posibilidad de vender estas plantaciones en mercados voluntarios y regulados de carbono, al cual empresas que emiten gases en otras partes del mundo acuden para «equiparar» su contribución al cambio climático. El carbono que supuestamente capturan ambos proyectos financiados por Arbaro están a la venta en Verra, el principal registro de mercados de carbono voluntario del mundo.

En la pasada COP27, el gobierno paraguayo estableció como prioridad la creación de un mercado regulado de carbono bajo el artículo 4 del Acuerdo de París, donde se intentó incluir a plantaciones como eucaliptos, lo cual fue rechazado por organizaciones y finalmente pospuesto para este año. A nivel local, un proyecto de ley también plantea incluir a plantaciones forestales como posibles créditos de carbono.

Existen, sin embargo, cuestionamientos a la capacidad real de captura de carbono de plantaciones como los eucaliptos y su contribución «a la acción climática» que describe el Banco de Desarrollo Holandés (FMO). De acuerdo con Coraina de la Plaza y otros expertos de la Global Forest Coalition, la promesa de captura de 20 millones de toneladas de CO2 que describe Arbaro en todos sus proyectos es imposible. «Un proyecto así es temporal, lo mismo que su captura de carbono», dice De la Plaza. En la COP27, la investigadora Catalina Gonda lo explicaba en términos similares: «Los monocultivos forestales no almacenan carbono de manera tan estable como un bosque nativo. Son plantaciones que en algún momento se cosechan».

Los objetivos climáticos del FMO tampoco consideran  el aumento del riesgo de incendios forestales debido a la alta inflamabilidad de los eucaliptos, como sucedió en Chile, la absorción de agua y fertilidad del suelo y las emisiones que provendrán de la quema de la biomasa, puesto que mientras Arbaro señala que los eucaliptos serán destinados a la «industria maderera local», un reporte del FSC describe que el destino de parte de las plantaciones será convertirse en leña.

Arbaro defiende que los proyectos forestales «han sido auditados por una entidad independiente que asegura que los certificados de captura de CO2 son reales, generan adicionalidad, son permanentes y están correctamente cuantificados». Sin embargo, admite que al final todos sus proyectos capturarán la mitad del carbono del que originalmente declararon «debido a que el tamaño del fondo al final es menor».

Los casos de Apepú y San Pedro son un ejemplo de cómo medidas propuestas como soluciones al cambio climático pueden tener impactos adversos. En su último informe, el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) ya advertía que mientras la reforestación o producción de plantaciones forestales podrían servir como medidas de mitigación, también «pueden tener efectos socioeconómicos y ambientales negativos, incluyendo la biodiversidad, la seguridad alimentaria y en acceso a agua, y las comunidades locales (…) especialmente si se implementa a larga escala y donde la tenencia de la tierra es insegura». 

Sobre la investigación

Este reportaje es parte de una colaboración liderada por Lighthouse Reports. Más de 10 periodistas de cinco medios internacionales colaboraron: De Groene Amsterdammer, Mediapart, IWatchAfrica (con el apoyo del Journalism Fund), El Surtidor (Paraguay) y Nederlands Dagblad. 

Para este reportaje, el periodista Maximiliano Manzoni colaboró con Or Goldenberg, David Slings, Hanke van den Broek y Tomas Statius. Se realizaron decenas de entrevistas, incluyendo doctores, activistas de derechos humanos, personas expertas en políticas públicas, oficiales, científicas y organizaciones en Paraguay. Además se analizaron varios documentos como reportes, investigaciones y datos financieros.