Victoria Santos es una mujer extranjera que lleva ocho años enfrentando a la Justicia paraguaya para demostrar que su expareja, un hombre con poder, la maltrató durante su relación. Forma parte de Yo te creo, una red de mujeres que han sufrido o siguen sufriendo diferentes tipos de violencia. Allí comparten sus experiencias, se escuchan, se apoyan. Hacen lo que en otros lugares se les niega: tomar el testimonio de las mujeres en serio.

Para Victoria Santos, todo empezó con el maltrato sicológico. Su pareja llegó a convencerla de que no servía para nada. Después, comenzaron los golpes. Abandonó la casa donde vivían sin tener claro qué hacer. Fue a una comisaría para denunciarlo, pero los agentes que la atendieron no quisieron aceptar su testimonio. Dijeron que no lo hacen porque muchas mujeres retiran las denuncias, ya que dependen del hombre para dar de comer a sus hijos.

Ella no retrocedió, aunque fue difícil. Ni siquiera recibió el apoyo de su familia, que vivía en el exterior. «Me decían que aguantara, que los hombres son así. Me preguntaban qué había hecho yo. Que si mi marido me pegaba lo hacía para educarme. O que no me divorciara, que yo estaba muy bien casada con una persona en una posición así», recordó.

Continuó un proceso judicial contra su expareja, una laberíntica batalla legal entre Paraguay y su país de origen, en la que el principal obstáculo fue el dinero, el poder y la influencia de su agresor.

«Cuando una va a denunciar a su agresor al Poder Judicial, tiene que estar preparada para que le digan que desapareció su expediente, o que no encuentran su denuncia y tiene que empezar de nuevo el proceso. Sobre todo, si el agresor es una persona conocida», dice Victoria. A ella le ocurrió en varias ocasiones. A fuerza de insistencia, se convirtió en una experta en desenvolverse en el entramado judicial paraguayo.

Una vez a la semana, las integrantes de Yo te creo se reúnen en el Palacio de Justicia de Asunción. En el grupo no hay sicólogas ni abogadas, pero todas son expertas en violencia machista porque la sufrieron en carne propia.

«Paraguay tiene muchas leyes muy buenas, pero no se cumplen. Denunciar la violencia es una carrera de resistencia y de lucha contra la corrupción en el ámbito judicial», dice Victoria Santos. Carmen Echauri, oficial de Programas de ONU Mujeres en Paraguay, coincide con ella en la dificultad de aplicar las leyes. «Existe una brecha entre la adopción de marcos normativos y su bajada a la práctica», afirma.

El Estado paraguayo ha firmado y ha legislado para proteger a las mujeres. Pero el pasado mes de enero, en la ONU varios países criticaron los «elevados índices de violencia contra las mujeres». Le recriminaron la persistencia de la violencia física y sexual y la extendida discriminación hacia ellas. Ante estos reclamos, el representante de Paraguay, el vicecanciller Óscar Cabello Sarubbi, dijo que el Parlamento estaba tramitando una ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.

El pasado 10 de agosto, los diputados paraguayos debatieron este proyecto de ley, conocido también como la ley #PorEllas. El proyecto original propone la creación del tipo penal del feminicidio, una figura que ya ha sido adoptada por las legislaciones de otros países de la región, como Argentina y Bolivia, donde se aplica la pena máxima para este tipo de crímenes.

Cuando los diputados debatían en el Congreso el proyecto de ley, ocurrió algo inesperado. Dos mujeres, las diputadas Olga Ferreira y Fabiola Oviedo, presentaron varias enmiendas al proyecto.

Su nueva propuesta eliminaba la palabra «género» de todo el texto, así como las menciones a la «identidad de género», que podría brindar protección a las mujeres trans, un colectivo que fue objeto de más de 50 asesinatos impunes desde 1989.

La modificación también elimina la obligación de protección a hijos e hijas de las víctimas, y permite la conciliación de ellas con su agresor, exponiendo a las mujeres y sus familias a nuevos episodios de violencia. Además, suprime la gratuidad en los trámites judiciales, o la posible sanción a los funcionarios públicos que atiendan estos casos de manera inadecuada.

Con estas modificaciones, el texto fue aprobado por los diputados, muchos de ellos temerosos de que la norma abriera la puerta a la despenalización del aborto, prohibido en Paraguay en todos los casos y castigado con hasta cinco años de prisión.

La ley, que a mediados de noviembre se debatirá en el Senado, propone en su proyecto original un horizonte en que el Estado asuma muchos de los costos —económicos, burocráticos— que las víctimas de violencia tienen que enfrentar para denunciar a sus agresores y apartarse de ellos. Pero las leyes, dice Echauri, serán ineficaces si no cuentan con un presupuesto que tenga en cuenta al 50 % de la población: las mujeres.

Además, para que la ley sea aplicable, se necesita una adecuada capacitación de quienes atienden a las víctimas de violencias. «Hay que fortalecer la calidad de los servicios que se brindan a víctimas de violencia. Hay pocos servicios especializados y todos se centralizan en Asunción», asegura.

En esta atención tienen un papel crucial los operadores de Justicia, pero también el personal sanitario: «Sin una mirada de género, la violencia puede ser completamente invisible. Y, sin embargo, un informe médico puede ser presentado como prueba con valor legal al denunciar al agresor», explica.

La misma mirada se necesita en los medios de comunicación, que todavía hablan de «crímenes pasionales», sin entender que la violencia contra la mujeres es un problema social, consecuencia del machismo.

«En Paraguay, la violencia se ve como un ingrediente más de las relaciones interpersonales. Necesitamos un cambio de mentalidad para desnaturalizar la violencia. Callar ante estos hechos es ser cómplice de la impunidad de los agresores. Hay que denunciar hasta lograr que la violencia ya no se vea como normal», dice Echauri.