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Dieciocho años luego de su muerte, se hizo algo de justicia por Paola Guzmán, una niña que fue violada en su escuela. La Corte IDH condenó al Estado ecuatoriano por violar el derecho a la vida, sentando un precedente para toda la región.
El 14 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su condena al Estado ecuatoriano por lo ocurrido con Paola Guzmán Albarracín, una adolescente que fue abusada en su escuela por el vicerrector durante dos años a inicios de los 2000.
A Paola no le iba bien en sus notas y el vicerrector Bolívar Espín Zurita usó esa excusa para violarla. El victimario prometía hacerla pasar de grado para mantener relaciones sexuales con ella.
La adolescente quedó embarazada producto del abuso. El vicerrector la obligó a abortar en el servicio médico del colegio. Pero allí, el médico responsable volvió a abusar de ella a cambio de realizarle el procedimiento.
El personal educativo sabía de la situación. Paola no sobrevivió a la violencia sexual y se suicidó a los 16 años.
Dieciocho años después de lo ocurrido, gracias a la incesante búsqueda de justicia de Petita Albarracín, la madre de Paola, el caso fue juzgado por el Tribunal de la Corte IDH. Encontraron responsable al Estado ecuatoriano de haber violado:
el derecho a la vida de Paola.
el derecho a su integridad personal.
el derecho a la protección de la honra y la dignidad.
y el derecho a la educación
El fallo sienta un precedente en Ecuador y toda Latinoamérica. A datos de 2017 de Unicef, más de un millón de niñas y adolescentes en Latinoamérica han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de sus vidas. En Paraguay, cada día, dos niñas de entre 11 y 14 años dan a luz producto de abusos.
El fallo también es inédito porque es el primero donde se juzga violencia sexual dentro del ámbito educativo. Datos de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación de Paraguay muestran que en 2019 las denuncias por abuso sexual en escuelas y colegios lideraron el ranking de denuncias. Se registraron 112 expedientes en total.
El tribunal de la Corte ordena al estado de Ecuador y a todos los estados a creer, proteger, y reparar a las niñas víctimas de abuso sexual. También obliga a recopilar y mantener información estadística sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo.
Entre otras cosas, también exige capacitación a maestras y maestros para prevenir y abordar abusos. En 2018, senadores paraguayos rechazaron artículos de un proyecto de ley que contemplaban capacitar a docentes para detectar violencia sexual en niños y niñas. Algunos argumentaron su rechazo «en defensa de la familia».
