324 policías y un helicóptero ingresaron a una ocupación campesina de 60 personas, entre ancianos, hombres adultos, mujeres y niños, que desembocó en la muerte de once campesinos y seis policías. El fiscal Jalil Rachid investigó sólo la muerte de éstos últimos e imputó con dudosas pruebas a los campesinos de la masacre.
En 2016, un Tribunal de Sentencia condenó a once personas a penas privativas de libertad. Las mujeres, Fany Olmedo de 23 años, Dolores López de 26 años y Lucía Aguero de 28 años, recibieron seis años de prisión por ser consideradas cómplices del homicidio de los policías. La valoración machista de los jueces fue que las mujeres eran culpables de generar un «ambiente de confianza» al colocarse al frente de los campesinos con sus hijos en brazos y así disuadir a los policías de la intervención.
El 26 de julio de 2018, la Sala Penal de la Corte anuló todas las condenas. Los camaristas aseguraron que la Fiscalía hizo una mala investigación del caso.