Policías desalojaron a 30 familias ava guaraní de la comunidad Ka’a Poty en Itakyry, Alto Paraná. Quemaron sus viviendas, cultivos, templo y escuela, reconocida por el Ministerio de Educación. Ni siquiera permitieron rescatar la merienda escolar de las niñas y niños.
Las familias fueron abandonadas a su suerte a orillas del río Acaray, donde quedaron a la intemperie, expuestas al frío. Como consecuencia de la violencia, una mujer embarazada perdió a su bebé días después y un niño enfermó de neumonía.
El procedimiento ilegal se dio pese a que la comunidad Ka’a Poty cuenta con el título de esas tierras. Son 1.364 hectáreas que el INDI adquirió en 1996. Doce particulares tienen títulos superpuestos sobre las tierras indígenas, entre ellos la ex fiscala penal Liz Carolina Alfonzo, quien impulsó el desalojo. Siendo funcionaria de la Fiscalía, Alfonzo obtuvo del Indert 7 hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria sin ser sujeto de la misma.