María Soledad Benítez estaba embarazada de cinco meses cuando vino a la capital con su comunidad y se asentó en una plaza frente al Congreso para reclamar a las autoridades por sus tierras. Los indígenas denunciaron que en diciembre de 2017, productores de soja brasileños y un fiscal fueron a desalojarlos de forma irregular de unas 400 hectáreas en las que vivían hace más de veinte años. Sus casas fueron quemadas.
María Soledad fue hasta el hospital de Barrio Obrero para que la atiendan por fuertes dolores que sentía en el vientre. Allí la atendieron y constataron que el feto ya estaba muerto. Como no tenían dónde enterrarlo, improvisaron un nicho en la plaza.
El Estado recién pudo dar una respuesta al reclamo de su comunidad seis meses después, en junio de ese año, dándoles unas 500 hectáreas en Canindeyú.