Consumo Ilustrado

Historias íntimas sobre drogas en América Latina

El mensaje con mayor impacto de la historia sobre el consumo de drogas es una campaña publicitaria liderada por Nancy Reagan, exprimera dama de Estados Unidos.  Just Say No (Solo di no) se extendió por el mundo entre mediados de los ochenta y principios de los noventa con el apoyo de celebridades como Michael Jackson o Diego Armando Maradona. El éxito de un concepto que llama a negar sin pensar resume una de las paradojas que rodean este universo: la falta de información sobre unas sustancias que cada año consumen alrededor de 270 millones de personas en el mundo.

Consumo Ilustrado documenta en formato gráfico historias íntimas que muestran el significado de las drogas en la vida de las personas. Un cuidadoso médico que experimenta con diferentes sustancias,  una comprometida comunicadora que usa LSD, un cantante de rap y estudiante de derecho que consumía crack, una madre que usó heroína cuando perdió a su hijo o un funcionario público que vende marihuana en su tiempo libre son algunas de las voces que protagonizan esta serie.

Esta investigación nace de una premisa: el riesgo de las drogas y su consumo masivo es el principal motivo para ofrecer información veraz sobre ellas más allá de opiniones y estereotipos.

En América Latina sabemos que la palabra drogas va casi siempre acompañada de crimen y guerra. ¿Qué es lo que no sabemos?

En primera persona

Perfiles de usuarios en pequeñas dosis.

Vidas conectadas

Historias de ida y vuelta sobre el origen y destino de las drogas.

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¿Alguna vez te preguntaste de dónde vino tu comida?

Es probable que haya venido de afuera, de Brasil o Argentina. Porque Paraguay importa casi todas sus verduras, frutas y hortalizas.

Además, seguro que pasó por muchas manos, por la cantidad de intermediarios se inflan los precios entre el que produce y el que come.

Además, es difícil saber cuántos agroquímicos tiene encima. Aún en las importaciones legales se encontraron pesticidas por encima de lo permitido.

Pero podría no ser así.

Podría ser comida que vino de una huerta cerca. Como la huerta asociativa Yacaré del Asentamiento Santa Rosa, de Altos.

Podría ser una lechuga, un tomate, una cebolla, una mandioca plantada por una de las quince familias parte de la huerta.

Podrían haberse plantado con bancos de semillas locales, y con pesticidas basados en plantas medicinales, creados por los propios productores con asistencia técnica.

Así no dependen de semillas con copyright, que no se pueden compartir y exigen la compra de paquetes de agroquímicos, como el glifosato, para que funcionen.

Sin intermediarios que compran barato y te venden muy caro.

Podrían comprarse de quienes las producen, en ferias agroecológicas dispuestas en tu ciudad. Podrías conocer las manos que hicieron lo que comés. Saber de dónde vienen, cuáles son sus necesidades.

Podrías darle trabajo a más familias como las del Asentamiento Santa Rosa. Porque en la cantidad de tierra donde el monocultivo de soja da un empleo, la agricultura familiar da cuarenta.

Podrías ayudar a conseguir los tanques de agua que necesitan para combatir la sequía y los incendios forestales; y la electricidad para que esos tanques funcionen. Podrías ayudarles a mejorar los caminos que llegan a tu mesa.

Si te preguntas de dónde viene tu plato de comida, hay mucho que aprender.

Cuando una mujer paraguaya de Coronel Oviedo decidió no conformarse con ser maestra y soñó con ser abogada -algo que en 1907 no había hecho ninguna paraguaya- no muchas, muchísimas otras mujeres decidieron darle la espalda. 

Así, buscaban evitar que el ejemplo de Serafina Dávalos, que iba en contra de los preceptos de una «mujer decente» en la época, llegue a las niñas.

Entre 1898 y 1991, se sostenía con firmeza que la independencia económica de las mujeres, el reconocimiento de sus derechos civiles, el control de la natalidad o el divorcio, serían el fin de las familias paraguayas.

Una mujer independiente y que tenga control – y deseo – sobre la maternidad se veía como la enemiga nacional número uno. Por increíble que parezca hoy para muchas mujeres profesionales e independientes y que usan métodos anticonceptivos, hacer estas cosas significaba ser una feminista radical. 

El feminismo se atacó desde donde se pudo: desde el Estado, desde la prensa, desde la Iglesia; desde instituciones civiles y desde la familia. Y muchísimas veces, fueron mujeres las que acompañaron los ataques.

Pero cuando feministas paraguayas como Dávalos teorizaron sobre cómo la contabilidad y la odontología eran profesiones ideales para el empoderamiento de la mujer del joven siglo XX, ninguna que la había llamado ridícula, rechazó sus ideas.

Las jóvenes maestras Ermelinda Ortíz, Virginia Corvalán y María Felicidad González adscribieron a movimientos feministas regionales e internacionales. La escritora Concepción Leyes de Chaves firmó en nombre de Paraguay un compromiso con las Naciones Unidas para que el país reconozca la ciudadanía de las mujeres. Pero nadie de quienes las trataron de anti-nacionalistas o que respondían a “agendas foráneas” se opuso a los derechos por ellas conquistados.

Cuando Mercedes Sandoval, junto a otras feministas y políticas paraguayas consiguieron modificar el Código Civil en 1992 para que las mujeres puedan divorciarse, nadie, pero nadie; ninguna de las muchas que las señalaron como radicales y que destruirían a las familias, se negó a ejercer los beneficios de ese logro.

Por todo esto:

Cuando una mujer universitaria te diga que las feministas quieren destruir la sociedad, recordale que la entrada de mujeres a las universidades fue gracias a feministas paraguayas. 

Cuando sea una mujer que usa una tarjeta de crédito propia y tiene cuenta bancaria a su nombre, recordale que eso también fue gracias a feministas paraguayas.

Cuando sea una mujer divorciada y que tiene la custodia de sus hijos, recordale que eso fue posible por feministas paraguayas.

Cuando una mujer te comente que existe un supuesto plan de la ONU para destruir familias paraguayas, hacele notar que los derechos civiles y políticos que tiene –trabajar, votar, ser dueña de propiedades– fueron posibles por una «agenda de género»: por feministas paraguayas internacionales nucleadas en torno al capítulo de promoción de la mujer y los Derechos Humanos llevados adelante por Eleanor Roosevelt en la ONU y que Paraguay adscribió y ratificó ya en 1954. 

Más de 3.000 empresas proveedoras del Estado presentaron sus declaraciones juradas en 2020 a la Contraloría, como obliga la ley 6355. Pero entre mayo y julio de este año, 160 presentaron acciones de inconstitucionalidad para no rendir cuentas.

Un directivo de la UIP, Jorge Pappalardo, argumentó que la ley es «inconstitucional» y que pondría más trabas a los procesos de compras públicas.

¿Qué tienen en común algunas de estas empresas?

Están entre las mayores contratistas del Estado, mientras piden achicarlo y denuncian corrupción. Pero ellas se oponen a transparentar su riqueza cuando parte de ésta proviene de millonarios contratos públicos –de dinero que se recauda de nuestros impuestos. 

Entre las empresas que no quieren presentar sus declaraciones juradas figuran:

El grupo empresarial de la familia Scavone, uno de los mayores proveedores del Estado en el rubro farmacéutico.

La principal proveedora de seguro médico del Estado, Asismed SA.

La constructora del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, la más beneficiada con adjudicaciones del MOPC durante el gobierno de Cartes.

La constructora vinculada a la familia del ex ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona.

La principal proveedora de servicios móviles del país, Telecel SAE, cuya marca comercial es Tigo.

Mercurio SA, de la familia Zucolillo que es propietaria del diario ABC Color.

La empresa Artes Gráficas Zamphiropolos. Una de las accionantes, Patricia Eulerich Zamphiropolos, es la esposa del ex ministro de Hacienda, Benigno López.

Canales de televisión como Televisión Cerro Corá SA, Paravisión, Televisora del Este y Televisora Itapúa, todos del grupo Albavisión.

Podés ver el registro completo aquí

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